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El presidente del Gobierno, Pedro S�nchez, ha tratado de calmar las aguas tras revelarse que el Pent�gono estudia la posibilidad de suspender a Espa�a de la OTAN debido a su negativa a colaborar con la administraci�n de Donald Trump en la guerra contra Ir�n. Desde Nicosia, donde participa en el Consejo Europeo, S�nchez ha restado trascendencia a las informaciones que apuntan a una posible expulsi�n, asegurando que su Ejecutivo "no trabaja sobre e-mails", sino sobre documentos oficiales y posicionamientos formales del Gobierno de Estados Unidos.
La crisis diplom�tica estall� tras conocerse una nota interna del Departamento de Guerra de EE. UU. que expresa una profunda "frustraci�n" con aliados como Espa�a, que se han negado a conceder derechos de acceso, bases y sobrevuelo (ABO) para la ofensiva estadounidense. Para Washington, estas facilidades representan la "base m�nima absoluta" para pertenecer a la Alianza Atl�ntica. Sin embargo, el presidente espa�ol ha defendido que la posici�n de su Gobierno es de "absoluta colaboraci�n", siempre que se act�e dentro del marco de la legalidad internacional.
En un intento por proyectar una imagen de normalidad, S�nchez ha recordado que Espa�a cumple con sus obligaciones y mantiene fuerzas desplegadas en el este de Europa para proteger la integridad territorial de los aliados. Adem�s, ha subrayado un hito presupuestario: por primera vez desde 2014, Espa�a ha alcanzado el 2,1% del PIB en gasto de Defensa. "Somos un socio leal. Cumplimos. Absoluta tranquilidad", ha remarcado el mandatario ante las cr�ticas.
No obstante, alcanzar ese objetivo de gasto ha requerido de una compleja "ingenier�a econ�mica" para sortear la falta de apoyos en el Congreso, donde sus socios parlamentarios rechazan el aumento de la inversi�n militar. Recientemente, el Ejecutivo aprob� una transferencia de cr�dito de 1.339,5 millones de euros para "atender necesidades ineludibles" de Defensa, evitando as� el tr�mite parlamentario.
La tensi�n llega en un momento cr�tico, a las puertas de la cumbre de Ankara prevista para los d�as 7 y 8 de julio. Aunque la normativa de la OTAN no contempla la expulsi�n unilateral de un pa�s —debe ser la propia naci�n la que solicite su salida—, el asedio pol�tico de la administraci�n Trump sit�a a Espa�a bajo una presi�n sin precedentes frente al resto de socios.