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El titular del juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, José María Escribano, ha lanzado la primera investigación penal sobre el rescate de Air Europa por valor de 475 millones de euros. Ha citado ya como investigado al presidente entonces en funciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Bartolomé Lora, por el delito de prevaricación y ha pedido identificar a los que aprobaron la ayuda con él.
Según el acta confidencial solicitada por el juez y a la que ha tenido acceso EL MUNDO, la ayuda fue aprobada «por unanimidad» del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas en que participó, excepcionalmente, el jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha.
El juez dicta en el auto requerir a la Sepi los nombres de los «vocales con voz y voto del Consejo Gestor» y también el de los «invitados a la sesiones», entre otros. Según el acta confidencial del 29 de octubre de 2020, los vocales del Consejo Gestor que votaron fueron la actual vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, la actual presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva y los entonces subsecretarios de Hacienda, Pilar Paneque y secretario general de Industria, Raül Blanco.
Todos ellos ocupaban entonces un segundo escalón en el Gobierno y fueron los seleccionados como miembros permanentes del órgano que decidiría las ayudas a empresas estratégicas. Todos ellos ya resultaron imputados en 2021 por la polémica ayuda a otra aerolínea, Plus Ultra, aunque el caso se archivó por no ampliarse a tiempo el plazo de instrucción lo que supuso un cierre en falso.
En el caso de Air Europa que se investiga ahora, participaron también en la reunión decisoria del Consejo Gestor «con voz y voto» el actual presidente de Correos, Pedro Saura, y el mencionado De la Rocha. El primero era secretario de Estado de Transportes y fue llamado a pronunciarse, algo que no sucedió después con Plus Ultra. Y el secretario de Estado monclovita sólo apareció según las actas, en las ayudas concedidas a Air Europa y a Duro Felguera.
Al imputar el delito de prevaricación a Lora, pueden sufrir el mismo destino todos los que acordaron aquel día el rescate de la aerolínea, puesto que el presidente de la Sepi entonces no podía tomar esa decisión en solitario. El juez señala en su auto que quiere sus nombres, «a fin de ser citados en la forma que corresponda una vez oído el querellado». Es decir, para resolver si incluye al resto de miembros del Consejo en la lista de investigados por prevaricación o como testigos. Según el acta, hubo «resolución estimatoria de la solicitud de apoyo público temporal de Air Europa», porque «el Consejo Gestor, previa deliberación, acuerda por unanimidad estimar la solicitud».
La aprobación del Consejo Gestor aquel día fue imprescindible para que el Consejo de Ministros autorizar la ayuda el 3 de noviembre de 2020. Era el filtro necesario para que el Gobierno concediera rescates.
Air Europa, que niega irregularidades, logró devolver la ayuda el pasado año gracias a la entrada en su capital de Turkish Airlines, pero el juez investiga, a instancias del Partido Popular y Vox, si hubo delitos en el proceso de adjudicación. En otros procesos judiciales ha surgido también el caso ante la posibilidad de que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, cobró mordidas de Air Europa o de intermediario, Víctor de Aldama. Los contactos del ex CEO de Globalia -dueña de Air Europa-, Javier Hidalgo, con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, también pusieron el rescate bajo sospecha. En ese caso, fue en la investigación del caso Begoña. La Audiencia de Madrid cerró esa línea de investigación emprendida por el juez Juan Carlos Peinado al estimar que no había indicios de delito que la justificaran.
El magistrado José María Escribano sí abre ya diligencias y ha convocado a Lora en el juzgado el próximo 3 de julio a las 9.30h a la espera de la documentación inmensa que ha solicitado. Además de los citados miembros del Consejo Gestor, quiere identificar a los técnicos que instruyeron el expediente y al representante de la Abogacía del Estado autor del informe sobre el rescate. Además, reclama el nombre de quien ejerció como secretario que era entonces, Javier Loriente.
En cuanto a la documentación, el requerimiento es exhaustivo. La Sepi deberá enviar al juzgado, «íntegro y foliado, el expediente relativo a la operación de apoyo financiero a Air Europa». Precisa que quiere recibir, por ejemplo, «las actas íntegras, borradores, anexos y documentación distribuida a los vocales/Presidencia en las reuniones en que se trató el expediente», o «la consulta formulada (preguntas exactas) antecedentes remitidos y el informe completo emitido (incluidos anexos, borradores y notas internas), especialmente sobre deudas/impedimentos y su interpretación».
La larga enumeración incluye todas las «notas internas, briefings, minutas, informes ejecutivos y comunicaciones con gabinetes ministeriales relativos al expediente».
Lora compareció en abril en las comisión de investigación del Senado que indaga en la gestión de la Sepi y defendió la operación: «El control que ha hecho Sepi del Fondo de Solvencia ha sido riguroso. [...] El Tribunal de Cuentas, que es la autoridad máxima, ha emitido informe diciendo que todos los expedientes cumplían los requisitos que determinaba la normativa y que se han ajustado a derecho», declaró. Sin embargo, este organismo fiscalizador incidió en la rapidez especial con que se concedió esta ayuda y en la inusual presencia de De la Rocha en la aprobación.
Esta ayuda fue la más rápida de la treintena que se concedieron tras la pandemia. Fue también la primera de las autorizadas en un marco en el que todas las aerolíneas europeas estaban solicitando ayuda estatal en la pandemia. Hidalgo se quejó de que las condiciones impuestas en España eran más duras que en el resto de países a aerolíneas competidoras.
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