El 3737 es un número que tiene su capricho, difícil de olvidar. Luminoso si cuantifica amaneceres, extremadamente goloso si se refiere a bolitas de chocolate... En este caso es un número brutal dado que aglutina a las 3.737 mujeres (1 de cada tres, menores) que, en España, han denunciado haber sido agredidas sexualmente por otros tantos grupos de hombres desde 2018, año en el que el fenómeno de las manadas empezó a incluirse en las estadísticas del Ministerio del Interior, primero tímidamente y luego por derecho, hasta 2024. De modo que, a ese número brutal, todavía queda añadirle todas las agresiones sexuales de dos o más hombres contra una mujer de forma simultánea, probablemente más de 800, que se han producido en el último año y medio, y las mujeres que han sido agredidas en el País Vasco, que tiene su propio recuento. Puede que se alcancen las 5.000 víctimas registradas de un fenómeno que se denuncia en un bajo porcentaje de casos.
En junio se cumplirán diez años desde que se produjese la violación grupal que animó, aunque con retraso, a tener en consideración este tipo de violencia como algo específico y digno de merecer atención, después de que la sociedad española tomase las calles para protestar a favor de la víctima, en contra de los canallas y en contra de parte de los jueces que dictaron aquella primera sentencia. La encorajinó las circunstancias de una joven madrileña de 18 años que fue acorralada en una portería durante los Sanfermines de 2016 por cinco hombres sevillanos, José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero y Jesús Escudero, que la forzaron hasta extremos que la opinión pública no había concebido hasta ese momento y que fueron calificadas por el juez discrepante de la primera sentencia como «sexo en un ambiente de jolgorio». Después, el Supremo aclararía al magistrado ciego que el sufrido por la víctima había sido un «auténtico escenario intimidatorio» y condenó a los violadores a 15 años de prisión que la ley del Sólo sí es sí dejó en 14 para dos de ellos.
Desde que las agresiones grupales merecieron entrar en las estadísticas, lo que se sabe es que su número se ha incrementado año a año (excepto el de la pandemia) alcanzando el tope en 2022, cuando fueron contabilizadas 632 violaciones múltiples, y que después descendió a 617 y a 552, sin que ni el ministerio se atreva a pronosticar si es posible que esta tendencia se vaya a afianzar.
La última pista facilitada por el Hospital Clínic de Barcelona, el centro de referencia en la atención de la violencia sexual de la capital catalana, no mueve al optimismo. Este centro sanitario, que data los casos de mujeres mayores de 16 años, ya ha advertido que, en los últimos meses, ha detectado un incremento de las violaciones en general.
Barcelona y Madrid encabezan un triste ranquin de unas agresiones que, en el último año cuantificado para toda España, aumentaron un 4'68%, con 22.846 casos registrados, y que desde 2018 han experimentado un incremento del 66% (según Interior porque las mujeres ahora se atreven a denunciar más). El hospital catalán también ha detectado un incremento de las manadas en particular.
De hecho, en el Clínic, entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2025 fueron tratadas 53 víctimas de violación grupal, 20 de las cuales habían tenido que soportar la violencia de más de tres hombres simultáneamente. En resumen, sólo en Barcelona, el Clínic (no constan datos de otros hospitales) está atendiendo a una víctima de violación grupal cada semana.
Las últimas estadísticas del Ministerio del Interior también aportan otros datos, algunos más sorprendentes que otros. Por ejemplo, que no se puede saber el número concreto porque el porcentaje de las violaciones denunciado es muy bajo. El pasado mes de febrero, el suplemento Yo Dona recogía las declaraciones de Graciela Atencio, la presidenta del Observatorio de violencia sexual Feminicidio.net asegurando que «la cifra negra oculta es muy elevada» porque es un delito que sólo se denuncia entre el 5% y el 10% de las ocasiones. Atencio, muy justamente, llamaba a este tipo de agresiones «terrorismo» y solicitaba una elevación de las penas dado que la violencia de una violación en manada suele ser extrema y puede llevar a una situación irreversible.
'Manada' de Castelldefells.
Interior añade también que las manadas aumentan en primavera y verano, que los agresores, que no suelen conocer a sus víctimas más que de vista, actúan mayoritariamente en un domicilio (algunos planifican el delito y colocan a uno de los agresores como cebo inicial); que las mujeres agredidas son menores en un alto porcentaje y los agresores grupales también lo son en un 31'4%, y que son cada vez más jóvenes. Yo Dona también recogía el relato escalofriante de una experta explicando que constan denuncias de profesores que se ven escandalizados y abrumados cuando comprueban que hay alumnos suyos de 11 años que juegan a las manadas.
Asimismo, el ministerio ha ofrecido otro dato que cada año provoca controversia: el 43% de los participantes en las manadas son extranjeros (con un porcentaje elevado de hombres originarios del Magreb y más concretamente de Marruecos) y casi un 33% son españoles.
De lo que se trataría es de saber si en esos 10 años desde aquella primera manada conocida públicamente, las cosas han cambiado. Cabe recordar que en aquel 2016 hubo quien, sin titubeo ni escrúpulo alguno, jugó con la desgracia de la mujer violada anunciando como entretenimiento turístico un falso tour de la Manada publicado en una web falsa. En 2025, el Tribunal Constitucional anularía la condena inicial amparando al creador de tal reclamo al considerarlo inserto en la libertad de expresión y la creación artística.
En 2016 no había cifras oficiales a las que agarrarse porque la manada de Pamplona parecía un hecho aislado de modo que esa singularidad aparente fue la que agudizó el trauma social. Sólo Feminicidio.net se tomó la molestia meses más tarde de realizar un seguimiento hasta descubrir que se habían producido en ese año 101 manadas en toda España. Crónica emprendió el mismo camino y llamando a cada una de las delegaciones de Gobierno llegó a la misma cifra. En realidad, esas 101 manadas se quedarían cortas porque, cuando con el tiempo se incorporaron otras denuncias, se descubrió que, ya entonces, la realidad triplicaba esa cifra.
Crónica añadió los números aportados por el ICFS de la Universidad Autónoma de Madrid que estimaba que los autores eran en un 31% españoles y en un 49% extranjeros, de estos, un 22% procedente del Magreb. Son porcentajes que apenas han variado, que ahora vienen ratificados por el Departamento de Interior, pero que entonces desataron una oleada de críticas desde quienes consideraban que era racista destacarlos.
La psicóloga Bárbara Zorrilla, que participó en el reportaje de este suplemento efectuado en los meses posteriores a la manada de Pamplona considera que hay cosas que han mejorado. Al margen de que ya existan estadísticas oficiales, sostiene que «el hecho de que cada vez más mujeres y más mujeres jóvenes sean capaces de alzar la voz y contarlo en los medios y en redes sociales, hace que el resto de las chicas cuenten lo que les ha ocurrido cuando, desgraciadamente, todavía en el imaginario colectivo, queda esa idea errónea que culpabiliza y avergüenza a la mujer porque subió a la casa de alguien o porque se fue de copas».
Zorrilla ve ese avance a pesar de que es consciente de la ola reaccionaria que se ha levantado y que explota el otro lado de las redes sociales en las que hay youtubers como referentes exportando un tipo de argumentario que, según sostiene, cala en hombres «sin pensamiento crítico». «Les están diciendo que las mujeres les van a denunciar sin pruebas, que van a tener que firmar un contrato para tener relaciones sexuales, que el feminismo va en su contra, y como somos una sociedad- péndulo, desde un lado pasamos al otro», argumenta.
También la psicóloga Elena Daprá intervino en el primer análisis de Crónica. «Desde la psicología, ha habido un cambio importante en la conciencia colectiva. Hoy existe mayor sensibilidad hacia las víctimas, más capacidad para identificar conductas de abuso y una narrativa social más clara en cuanto al consentimiento, pero también una polarización creciente y una dificultad real para generar espacios de diálogo sereno».
«Además, a nivel psicológico seguimos viendo muchas víctimas con miedo a denunciar y con un alto coste emocional asociado al proceso. Se han dado pasos relevantes, especialmente en el ámbito legislativo, sin embargo, desde una perspectiva psicológica, aún queda recorrido. La clave no está sólo en reaccionar sino en prevenir: con la educación afectivo sexual desde edades tempranas, el trabajo sobre la empatía y los límites y una intervención más profunda en factores de riesgo como la impulsividad, la presión grupal o la cosificación. Sin ese trabajo estructural, las medidas siempre llegan un paso por detrás del problema», sostiene.
Daprá defiende que esta educación afectiva sexual se imparta en los colegios, pero siempre adaptada a la edad y en coordinación con las familias. «No hablamos de contenidos explícitos sino acompañar en el desarrollo. Desde infantil trabajar el respeto y los límites; y en secundaria ya incorporar el consentimiento, relaciones y presión del grupo», defiende, «la clave es cómo: con criterio, base científica y respetando el movimiento evolutivo del menor».
La de Burjassot. En las fotografías, las 'manadas' están pixeladas porque pertenecen a los propios agresores que no dudaron en grabarse violando a la víctima . La presidenta de Feminicidio.net lo llama «terrorismo».
Y su propuesta parece encajar con la que realizan las representantes de algunas de las asociaciones del feminismo tradicional, como la vicepresidenta de DoFemCo, Silvia Carrasco, que llevan tiempo denunciando la existencia de «chiringuitos que aseguran dedicarse a la educación sexual pero que no apuestan por la igualdad entre hombres y mujeres, hablan de deseo en cualquier etapa y, yendo de modernos, dejan a los niños desprotegidos».
Transversalidad, un mayor esfuerzo en la educación que ahora es considerado insuficiente y, por su puesto, el control de las redes sociales para evitar, no sólo que los niños se conviertan en presa de los depredadores, sino que los más jóvenes aprendan de ellas educación sexual, dado que el acceso al porno como única referencia hace tiempo que es habitual en niños de 10 años. «Mónica Lario Gavilan, doctora en estudios interdisciplinares de género ha escrito un libro, Política Sexual de la pornografía, en el que cuenta cómo comprobó que los vídeos más descargados de Pornhub, de X Porn o de cualquier tipo de portal con esta temática, eran vídeos de agresiones sexuales en grupo. El problema es que cuando un chaval está viendo porno, se cree que está viendo sexo y lo que está viendo es violencia, está viendo sexo sin consentimiento y le parece normal que las mujeres se vean sometidas», aporta Bárbara Zorrilla.
Constatada la situación, no se sabe si la necesaria ley cuyo fin es impedir que los menores de 16 años accedan a redes sociales, que va a ser aprobada en mayo, será suficiente. Por lo pronto, llega tarde. Además, hay expertos que consideran que su eficacia se verá limitada. «Las redes sociales forman parte del desarrollo actual de los menores y prohibir sin educar suele ser poco eficaz. Más que centrarnos exclusivamente en restringir el acceso, el foco debería estar en enseñar a usar, acompañar y generar criterio», insiste Daprá.
Y es en este punto donde surge el dato de resistencia y que suscita la mayor controversia: ese 43% de extranjeros (la mitad de ellos originarios de Marruecos), a quienes la estadística oficial atribuye la autoría de la mayor parte de las manadas.
Los expertos consultados no sugieren aquí un plan concreto con medidas específicas para abordar el problema. Ni campañas enfocadas especialmente a este sector de la población, ni seguimientos especiales... Se limitan a señalar que hay que «evitar estigmatizaciones» y centrarse en los factores de riesgo generales como el consumo de sustancias, la falta de empatía o las creencias distorsionadas de la sexualidad; o a advertir, como señala el profesor de la Universidad Juan Carlos I, Lorenzo Castro, «que la transformación de los procesos de cambio social no se pueden dirigir en su totalidad».
«Se pueden dar líneas generales de orientación a través del aumento de oportunidades laborales, educativas o de estabilidad personal, porque hay una relación entre frustración y agresión, pero no hay una sociedad perfecta y siempre hay un margen de desequilibrio inevitable. Irá al ritmo de procesos sociales más grandes», expone.
Y, diez años después, aumenta la sensación de que acecha un monstruo descomunal.
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