Un piso de dos habitaciones y dos baños en un edificio de 2007, en un barrio consolidado de Valencia y con un precio de 900 euros al mes. Así podría haber sido el anuncio de una inmobiliaria que gestionó el alquiler de esta vivienda cuando salió al mercado a finales de 2020. No tardaron en surgir interesados y el contrato se cerró sin inconvenientes. Lo que estaba destinado a ser un hogar acabó convertido en un prostíbulo sin que, en todos estos años, su propietario haya conseguido que ninguna administración, pese a sus denuncias, haya conseguido cerrarlo. El último recurso ha sido presentar una demanda en la Sección Civil de uno de los Tribunales de Instancia de Valencia.

Antonio -nombre falso del propietario para preservar su intimidad- relata a EL MUNDO cuándo detectó que aquel hombre que le alquiló la vivienda la había convertido en un burdel. "Él, español y de unos 60 años, se interesó por la vivienda y cumplía los requisitos, e incluso aportó un avalista, así que le alquilamos el piso", explica. "En dos o tres meses, ya vimos que algo pasaba", añade. Sus inquilinos no han dejado de pagarle ni un solo mes la renta acordada, pero veían cosas raras. "Llegaba al portal gente pendiente del móvil a la que abrían la puerta sin que llamaran, siempre eran hombres y el resto de vecinos se quejaban de ruidos", añade. Esos ruidos, muchas veces, eran gemidos.

Todo el edificio, medio centenar de viviendas, está destinado al alquiler desde que la promotora de Antonio lo acabó en 2007 y el resto de inquilinos le transmitieron sus quejas. Un contrato que, cuando se firmó, tenía una duración de cinco años como máximo, la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno en 2023 lo amplió a siete porque, al tener más de cinco inmuebles, al propietario se le considera gran tenedor. El polémico arrendatario tiene derecho a quedarse en la vivienda hasta 2027 si cumple con los pagos mensuales, algo que hace en tiempo y forma.

La batalla de Antonio ha sido, desde entonces, cómo romper un contrato porque quien lo firmó realiza una actividad económica "alegal" en su vivienda. "La policía se desentiende. Me dicen que la prostitución no es un delito recogido en el Código Penal, salvo que pueda demostrar que hay una explotación [proxenetismo o trata]. He tenido incluso algún inquilino policía que me ha confesado que no pueden hacer nada", explica. "He denunciado el caso a la Agencia Tributaria, porque hay alguien que se está lucrando, a la Seguridad Social, para que compruebe si hay personas dadas de alta, a varios ministerios, entre ellos el de Igualdad en diciembre de 2024. Incluso he escrito una carta a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que es la secretaria de Igualdad del PSOE, porque mi caso no es el único en Valencia. Hay decenas de prostíbulos en la ciudad instalados en pisos", explica. Las respuestas no han llegado.

La vía judicial es la única que puede recorrer. En primer lugar, se las ingenió para obtener pruebas indiscutibles de que en su piso se ejercía la prostitución. No fue fácil, porque estos servicios no se anuncian en una dirección. "Ponen un número de teléfono para contactar y luego van dando instrucciones con referencias de comercios, nunca la dirección concreta y la puerta", relata Antonio. Además, la ley marca que en un edificio residencial solo puede ejercerse actividad comercial o de servicios (terciaria) por debajo de las plantas de viviendas, en el entresuelo o primer piso, y nunca conviviendo con pisos en el mismo rellano. Por eso también se dirigió al Ministerio de Vivienda. "Se consiente que haya negocios, pero no se debería permitir. Y menos con la escasez de vivienda que hay. Solo acabando con las decenas de pisos burdel que hay en las ciudades, la oferta de alquiler se incrementaría", defiende.

Con todos los argumentos que ha podido reunir, Antonio interpuso formalmente una demanda el pasado a principios de 2026. "Al acto de conciliación ni se presentaron. Al mes siguiente volvieron a ingresar el alquiler", recuerda.

El resto de vecinos, aunque le han expresado sus quejas, no han acudido a la policía, "porque si está de alquiler, a quien buscas es al casero", reconoce. Sin embargo, cuando avance el proceso judicial, podrían ser citados como testigos. Hay jurisprudencia de las Audiencias Provinciales de Madrid, Guipúzcoa o Vizcaya que avala el cese de los arrendamientos, no porque se trate de una actividad ilícita, sino por las molestias que genera al vecindario, como ruidos, uso de timbres equivocados y entradas de extraños en el edificio, incluso a horas intempestivas.

Según los datos de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), los pisos burdel se aceleraron tras la pandemia, cuando la prostitución se trasladó a espacios privados, reforzando así la invisibilidad que reclaman proxenetas y clientes. Es un modelo más oculto y de difícil acceso, pero no deja de crecer. Esta asociación detectó en 2025 1.129 espacios donde se ejercía la prostitución: 908, el 80% del total, eran pisos. 251, el 22%, abiertos en ese último año.

Quizá Antonio no tenga sentencia antes de 2027, cuando se cumplirán los siete años de contrato y las prórrogas serán imposibles. Pero quiere curarse en salud y avanzar para librarse de una pesadilla.