La Fiscalía denunció a la 'fontanera' del PSOE, al ex jefe de la Sepi y al amigo de Cerdán
El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.EFE
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El pasado 9 de diciembre, la Fiscalía Anticorrupción presentó en la Audiencia Nacional una denuncia con la que se abría el caso Sepi. Detallaba cinco operaciones sospechosas y había 19 denunciados, pero la clave era el trío formado por la supuesta fontanera del PSOELeire Díez, el ex presidente de la Sepi Vicente Fernández y el empresario -socio de Santos Cerdán, según los investigadores- Antxon Alonso. Los tres desplegaron «su influencia, obteniendo decisiones favorables a sus intereses provenientes de diversas administraciones», algo de lo que dejaron rastro en su chat Hirurok (en euskera, nosotros tres). Se detectó tirando del hilo del caso Koldo. En particular, del teléfono de Antxon Alonso, el amigo de Santos Cerdán. Al margen del rescate de Tubos Reunidos, estas fueron las intervenciones del trío que destapó un informe de la UCO.
MERCASA
Supieron del interés de la dirección de esta empresa pública encargada de mercados de abastos en cambiar su sede física y aprovecharon la ocasión. Su plan era doble. Por un lado, «obtener la adjudicación de un contrato público» para realizar una sobrevaloración ficticia del coste de las obras de reparación de la sede principal. Con ese «informe mendaz» iban a justificar la necesidad del cambio. Por otro lado actuarían «como intermediarios» en la adquisición o alquiler del nuevo inmueble. Lograron el encargo que buscaban y el presupuesto de mantenimiento se infló en 700.000 euros sin motivo alguno. Leire Díaz, mientras tanto, fue enviada a «fachear por la zona» en busca de nuevas sedes. La operación no salió adelante, aunque el entramado investigado sí cobró 18.119,75 euros por el informe. Planeaban una «comisión por la gestión, de un 20%» sobre el valor de la operación inmobiliaria.
ENUSA
La fontanera conocía bien esta sociedad pública encargada de la gestión del uranio, porque fue su responsable de Comunicación. En este caso, los investigados actuaron como «enlace» para «favorecer a Acciona» en la compra de activos de gestión de residuos de la pública Enusa: una incineradora de Melilla y el centro de tratamiento de residuos en Castellón. Fernández y Antxon se cruzaron este mensaje: «Hay ciertas dificultades en Enusa para vender [...] Quizás habría una forma de superar esas dificultades si Enusa no vendiera la propiedad de sus acciones, sino que las usufructuara [...] sé que no es el óptimo, pero quizás así Acciona se quitaría con esta fórmula a otros posibles competidores». Encargaron a un catedrático un informe que validara esa fórmula. Los pagos se camuflaron como «servicios profesionales de consultoría estratégica» a través de un despacho externo. Percibieron un importe directo de 17.545 euros.
ERRI BERRI
En este caso, la intención de «influir a cambio de un beneficio económico» afectaba a un contrato de desmantelamiento de instalaciones en Avilés. El primer paso fue asesorar a la sociedad Erri Berri sobre «la manera de poder anular el concurso» original ganado por un rival, para que la empresa «les deba algo». Tras reiniciarse la licitación, manejaron «fotografías de los documentos internos» en «formato borrador» antes de que fueran oficiales. La empresa presentó un «oferta anormalmente baja» que los investigados se aseguraron que fuera aceptada. Fernández alardeó de que la presidencia del tribunal de recursos estaba «alineada» con ellos. «Conchita ha cumplido», escribió. El beneficio de 400.000 euros para la trama se ocultó tras el concepto de «trabajos de obra civil relativos al mantenimiento de Pamplona».
FORESTALIA
La trama «actuó en beneficio del grupo Forestalia» de diversas formas. Por un lado, facilitó que recibiera financiación publica para el desarrollo de proyectos. «Ya nos han pedido que ayudemos y empujamos», escribió en el chat común Vicente Fernández. El premio eran 200.000 euros. Aparecen también «múltiples indicios» de la intervención de los tres investigados en favor del grupo Forestalia «dentro del ámbito de las adjudicaciones públicas y a cambio de un beneficio económico». La UCO describe una «operativa societaria de difícil justificación» que consiste en la salida de fondos de Forestalia al entorno de Antxon. Este compra unas sociedades por 141.000 euros y al poco, tras recibir unas licencias, las vende de vuelta a Forestalia por 6,8 millones.
OTRAS SOSPECHAS
La UCO ha revisado otros tres pagos al entorno del grupo investigado, pero en este caso los indicios no son tan concluyentes. Lo que sí precisa la UCO es que la principal empresa usada por los investigados, Mediaciones Martínez, recibió en el periodo analizado ingresos que ascendieron a 1.098.715,05¤.