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El Mundo
Manuel Marraco · 2026-06-27 · via Premium

La "arbitrariedad" marcó el resultado de las licitaciones, dice el informe de la Guardia Civil

Begoña Gómez, y detrás su marido el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa el pasado 21 de febrero.

Begoña Gómez, y detrás su marido el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa el pasado 21 de febrero.EFE

Actualizado

Una secuencia de correos internos de la sociedad pública Red.es refleja los amaños para adjudicar contratos millonarios a las ofertas presentadas por el empresario Juan Carlos Barrabés, que contaban con cartas de recomendación de la esposa del presidente del Gobierno. «Piensa en que Barrabés es la buena y las demás han de bajar sí o sí [...] es muy injusto», escribe una de las encargadas de puntuar las ofertas recibidas. Este y otros mensajes son analizados por la UCO en un informe que se nutre de las cuentas corporativas de 11 miembros de la sociedad pública encargada de impulsar la transformación digital.

Los investigadores rastreaban los dos expedientes adjudicados en 2021 con las cartas de recomendación de Begoña Gómez para el empresario que había ayudado a la mujer de Sánchez a poner en marcha su cátedra en la Complutense. En el examen de ese material, los investigadores dieron con irregularidades en un tercer expediente, sin carta de recomendación pero con tramitación paralela, que igualmente acabó llevándose una sociedad de Barrabés. El presupuesto de las tres adjudicaciones superó los 12,5 millones.

El 9 de febrero de 2021, una de las técnicos escribe: «Con la que está cayendo y nosotras echando numeritos para que los súperjefazos señalen con sus dedazos». Es uno de los mensajes que, según el informe, expresan el «malestar» de quienes tienen que seguir los criterios de puntuación que les imponen los superiores. «Carmen, estas son mis notas... si hay preferencias... casi mejor saberlo antes... para mí nt for learning y datahack son los mejores, mejor q barrabés? qué hago? [sic]», dice otro de los mensajes.

Extracto de una de las conversaciones recogidas en el informe.

Extracto de una de las conversaciones recogidas en el informe.EL MUNDO

La UCO resalta que toda la actuación que han revisado va dirigida a que el empresario amigo de Begoña Gómez resulte vencedor: «La predilección por su oferta se observa durante todo el proceso de valoración. [...] La UTE The Valley-Barrabés resulta ser la licitadora más beneficiada de la arbitrariedad que condiciona toda la valoración de los criterios sujetos a juicios de valor». Una «decisiva arbitrariedad que marca el devenir de las licitaciones», se indica en otro punto del informe.

«No van a tener opciones», dicen los técnicos respecto a ofertas que no son la de Barrabés, alguna de las cuales consideraban que tenía un nivel muy alto y a la que finalmente se le quitan puntos: «Estoy intentando cambiar las de las puntuaciones más altas para bajarlas, pero es que realmente me parecen buenas».

Existe en todo este proceder «una inversión del planteamiento de valoración» de las ofertas, considera la UCO, «mutándose desde el proceso lógico de analizar para valorar y posteriormente puntuar a fijar una puntuación objetivo y adaptar el texto para disimular la modificación arbitraria». Es decir, un amaño que la Fiscalía Europea considera prevaricación y otros posibles delitos.

La Guardia Civil llama la atención sobre un detalle: los técnicos mencionan el nombre propio de Barrabés, cuando en el resto de ofertas solo indican el de la empresa que concursa. «Resulta significativo que las referencias a la UTE en conversaciones privadas entre los evaluadores sean a la figura del grupo Barrabés».

En el tercer expediente revisado los correos reflejan que se ocultó que la oferta de Barrabés no cumplía el requisito de aportar un Libro Blanco. «Esto no lo pondría para que el resto de licitadores no sepa que no ha incluido un Libro Blanco como tal». Pese a ello, la UTE de Barrabés logró la mejor nota en el apartado de valoración subjetiva en que se requería ese Libro Blanco.

A buena parte de los mensajes, la UCO ha podido acceder porque no los borró uno de los técnicos que estaba en copia. Sí fueron borrados por sus remitentes. En total, los dos miembros del Grupo de Delincuencia Económica 3 del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO han revisado los correos oficiales de 11 personas. Son las relacionadas con los expedientes 014/20 y 016/20, que también intervinieron en el tercero en el que se hallaron irregularidades, el 044/20.

El informe fue enviado inicialmente a la Fiscalía Europea, que investiga los dos expedientes con cartas de recomendación. Cuando se detectaron irregularidades en el tercero, se lo reclamó al juez Juan Carlos Peinado. Finalmente, el juez de garantías de la Audiencia Nacional resolvió que este tercer expediente debía mantenerse bajo competencia de Peinado y ordenó enviarle el informe. Tras recibirlo, el magistrado abrió una pieza separada en el caso Begoña por los dos delitos que mencionaba la Fiscalía: prevaricación y fraude a los intereses financieros de la Unión. Los otros dos siguen bajo la competencia de la Fiscalía Europea.

El informe de la UCO destaca el protagonismo en todo el proceso de adjudicación de Luis Prieto Cuerdo, responsable de Economía Digital de Red.es. Él es quien marca pautas a los técnicos que resultan favorables a la UTE de Barrabés y quien firma los informes finales.

En el auto del sábado pasado con el que Peinado abrió juicio oral contra Begoña Gómez, el magistrado citaba las licitaciones ganadas por Barrabés con las cartas de recomendación. «Debe destacarse la concurrencia de actuaciones que vinculan el desarrollo de los proyectos profesionales impulsados por Begoña Gómez con la adjudicación de contratos públicos en favor de empresas vinculadas al entorno empresarial de Juan Carlos Barrabés».

Tras conocerse este lunes el contenido del informe de la UCO, fuentes de Red.es sostuvieron que «tanto la preparación de la licitación como la ejecución posterior del contrato se desarrollaron con pleno respeto a las exigencias y procedimientos establecidos en la legislación de contratación pública aplicable».