Actualizado Viernes, 1 mayo 2026 - 22:32

Cuentan las crónicas de la época que la que era secretaria general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, la socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero, dijo un 19 de junio de 2009: «Lo importante no es el tiempo que se tarda en construir una infraestructura, sino la huella que deja». El alto cargo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pronunciaba estas palabras en la inauguración del que estaba llamado a ser un hito arquitectónico: la torre Miramar de Valencia. Y vaya si ha dejado huella. Lo que en realidad muchos describen como mamotreto triunfa entre youtubers y tiktokers, pues el emblema que debía ser imagen de la entrada norte de Valencia es conocida popularmente como «la rotonda más cara de España». Euro arriba, euro abajo, bien podría serlo.

La torre Miramar es hoy símbolo de la degradación y el abandono, a pesar de que sus 45 metros se alzan sobre una rotonda de 7.000 metros cuadrados y un túnel de 300 metros de longitud. Ubicada en la entrada a la capital valenciana por la V-21, a las puertas de la Universidad Politécnica de Valencia, la infraestructura es uno de esos ejemplos de la era del pelotazo y los sobrecostes.

Los responsables de la obra ya justificaron en su día un incremento presupuestario del 43%, es decir, de los 16 a los 23,4 millones de euros, por las modificaciones sobre el proyecto original para adaptarse a la normativa de seguridad europea. «Pero no es un sobrecoste, es una mejora de la calidad y de los elementos de seguridad del túnel», razonaba el ingeniero al mando. Al fin y al cabo, la obra —que se licitó en 2004 pero tardó cinco años en inaugurarse—, incluía paneles de señalización, cableado de detección de incendios, circuito cerrado de cámaras, salidas de emergencia con un cerramiento ignífugo durante 30 minutos y hasta indicadores de monóxido de carbono y de opacidad para convertir al túnel de enlace de la V-21 con la Ronda Norte de Valencia en el «más moderno y seguro de toda la ciudad».

17 años después, la realidad de la torre de hormigón se resume en un mirador cerrado y un ascensor averiado que apenas pudo funcionar durante unos meses. El elevador sigue hoy varado en las alturas, a pesar de que debía servir para subir a la gente hasta una plataforma panorámica —de 13,5 metros por 3,80 metros cuadrados de superficie— desde la que divisar la huerta y el mar de Valencia.

Y si el ascensor cuelga en lo alto de la torre Miramar como un vestigio oxidado del pasado, una enorme lona se despliega aún hoy en uno de los laterales de la torre. No para anunciar un evento futuro, sino para recordar que un día Valencia fue Capital Verde Europea. Sucedió en 2024 y, desde entonces, nadie parece haberse preocupado por retirar el cartel conmemorativo.

El panorama no es mejor a ras de suelo, donde los grafitis ocultan las piezas de trencadís —una técnica de mosaico— que a duras penas sobreviven al paso del tiempo. Sus dibujos del mar y la huerta apenas se intuyen bajo las pintadas y el deterioro que todo lo invaden. Sin que, por cierto, nadie parezca tampoco sentirse interpelado. De hecho, la bronca política entre el Gobierno central y el Ayuntamiento de Valencia ha marcado desde el primer día el devenir de esta particular infraestructura.

No solo la tensión entre la entonces alcaldesa Rita Barberá (PP) y los representantes del Ministerio ya fue patente el día de la inauguración de la rotonda en 2009. El consistorio valenciano se negó a recepcionar una obra que llegaba con retraso y cuyo costoso mantenimiento no quería asumir, con lo que la titularidad de la torre siempre fue del Estado.

Quien sucedió en el cargo a Barberá, Joan Ribó (Compromís), también justificó años después -en 2020- que el Ayuntamiento no podía hacerse cargo de la infraestructura precisamente por todos los desperfectos que arrastraba. Ahora bien, en 2021 se le ocurrió una idea para dar una nueva vida a la rotonda: convertirla en un «espacio de cultura urbana». Esto es, para practicar parkour, skate, danza urbana... y pintar grafitis.

Hace ahora cinco años el Ayuntamiento de Valencia asumió la gestión municipal del complejo, tras llegar a un acuerdo con la Demarcación de Carreteras del Estado para hacerse cargo de la conservación de la rotonda, así como de la «dinamización» del espacio. Se prometió incluso la colocación de pérgolas y el aprovechamiento de las instalaciones para la «captación solar y producción de energía eléctrica». Pero la torre sigue esperando.

Víctima del olvido, el mirador de la torre difícilmente podrá reabrirse en el futuro. Todavía hay quien lo reclama. En el portal de participación ciudadana de Valencia se coló el año pasado una petición ciudadana: «Volver a abrir al público el acceso al mirador (...). Está cerrado desde hace varios años y es una pena que los vecinos del barrio y todos los habitantes y visitantes de la ciudad no lo podamos disfrutar». La respuesta del consistorio valenciano fue: «Esta propuesta no pasa a la siguiente fase por no contar con los apoyos mínimos».