Miguel (38 a�os) ha pagado religiosamente su alquiler en el barrio de Moncloa (Madrid) desde 2007. Apenas era un estudiante cuando entr� a trav�s de la extinta Sociedad P�blica del Alquiler (SPA), la medida estrella de vivienda del Gobierno de Jos� Luis Rodr�guez Zapatero para dinamizar el mercado del alquiler. Pero casi 20 a�os despu�s las cosas han cambiado. Su casero ahora es la Tesorer�a General de la Seguridad Social (TGSS) y una carta de desalojo lleg� a su puerta justo cuando hab�a sido despedido del empleo en una multinacional donde llevaba 11 a�os. �No es que no quisi�ramos devolverles el piso, es que no podemos porque no tenemos en este momento una alternativa�, reconoce. �O compramos el piso a casi 700.000 euros o nos tenemos que ir. Incluso est� por encima del rango de precios de mercado en la zona�.

Se trata de una vivienda de tres habitaciones donde vive con su pareja, tambi�n de 38 a�os, y por la que paga una renta de m�s de 900 euros mensuales, que ha estado sujeta a las subidas anuales del IPC. �Hemos calculado que llevamos pagados m�s de 180.000 euros en todos estos a�os�, asegura, aunque su contrato finaliz� el pasado 31 de enero. �Nos ha pillado en un momento muy complicado�, cuenta Miguel. Adem�s de su despido, su pareja est� estudiando oposiciones, �con lo cual no tenemos ingresos y es dif�cil alquilar un piso o mucho menos comprarlo�. Por esto, aprovechando la �ltima medida en materia de vivienda aprobada en el Consejo de Ministros a finales de marzo -y finalmente cay� en el Congreso la semana pasada-, solicit� la pr�rroga extraordinaria por dos a�os m�s. No tuvo �xito.

�Es frustrante que ellos est�n sacando adelante legislaci�n que obliga a los propietarios a extender los contratos y que en nuestro caso no apliquen el decreto�, acusa Miguel. De hecho, el Ministerio de Consumo presion� con una carta a 541 inmobiliarias y fondos de inversi�n que gestionan m�s de 50 propiedades para exigirles que cumplan con la norma. Seg�n sus datos, el 61%del mercado del alquiler se encuentra en manos de multiarrendadores, en los que incluye las entidades p�blicas.

La justificaci�n de Seguridad Social para no renovar estos contratos y que traslada en la negativa enviada a los vecinos es que, al extinguirse la SPA en 2012, las viviendas pasaron a manos de TGSS y el contrato suscrito originalmente se encuentra terminado. En su lugar, un nuevo contrato pas� a regirse por el C�digo Civil bajo la figura de la �t�cita reconducci�n�, en lugar de estar sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), por lo que deja a los inquilinos sin las protecciones de esta legislaci�n. Por esto, Miguel y el resto de inquilinos afectados cuestionan que el Gobierno �olvida su propio discurso que nunca se aplica a s� mismo�.

Para ellos, no es solo que no se conceda la pr�rroga, sino que �los pisos en los que hemos vivido m�s de 20 a�os se est�n vendiendo a entidades que buscan lucrarse con ellos�, mientras se mantienen inmuebles vac�os de titularidad p�blica. La �ltima inspecci�n en 2019 a los bienes inmuebles de la Seguridad Social realizada por el Tribunal de Cuentas revel� que ten�a 4.115 inmuebles en toda Espa�a, entre los que habitaban al menos 580 contratos y se encontraban 874 inmuebles vac�os (21,24%). De los activos ociosos a nombre de la TGSS y en potencial uso, Seguridad Social asume m�s de 135 millones de euros en gastos e inversiones, como el mantenimiento, pago de tributos y proyectos obsoletos. �Ellos se han excusado diciendo que tienen que compensar las cuentas p�blicas con el dinero de la venta de nuestras casas�, se�ala Gema (53 a�os), una aut�noma que vive desde hace 14 a�os con su marido �scar (53 a�os), quien es t�cnico de sonido, en una vivienda del TGSS en el barrio de Lavapi�s. �En nuestro portal son 60 casas, la mitad son p�blicas y, de esas, 24 est�n cerradas�, cuentan.

Precisamente, fuentes de Seguridad Social hacen referencia a este informe y explican a este peri�dico que �se informaba de que se deb�a proceder a la enajenaci�n de los inmuebles y a corregir las situaciones jur�dicas irregulares, puesto que una administraci�n p�blica no puede tener a inquilinos en situaci�n jur�dica irregular�. El informe explica que hay inmuebles ocupados �sin que exista documento acreditativo que permita calificarla de cesi�n, adscripci�n u otra figura jur�dica que justifique el uso del inmueble por terceros�. A lo que los inquilinos replican que tienen contratos y pagan alquileres mensuales sin falta.

Sin embargo, el an�lisis del Tribunal de Cuentas es sobre todo cr�tico con la �actuaci�n poco eficiente� de la TGSS al no haber dado cumplimiento al Plan de Racionalizaci�n del Patrimonio Inmobiliario de la Administraci�n General del Estado �cuyos objetivos son la optimizaci�n y puesta en valor de los mismos procurando la movilizaci�n de los inmuebles ociosos�. Esto quiere decir que apunta especialmente a la existencia de propiedades vac�as e insta a procurar su movilizaci�n a trav�s de su explotaci�n, utilizaci�n por otra entidad o a un procedimiento de enajenaci�n.

Los datos del Tribunal de Cuentas indican que entre 2000 y 2010 los inmuebles de la TGSS pasaban principalmente por un proceso de adjudicaci�n directa, a trav�s de pol�ticas de acceso a la vivienda. A partir de 2011, la tendencia se invirti� y la subasta p�blica pas� a ser el m�todo m�s numeroso, sin especificar si se trata de viviendas vac�as o con inquilinos. �Est�n haciendo un negocio con la vivienda p�blica�, denuncian Gema y �scar, que recuerdan la intervenci�n de miembros del Sindicato de Inquilinas de Madrid en una subasta donde revelaron actores privados interesados en esta oferta p�blica. �Hemos visto c�mo la especulaci�n se ha comido los barrios�.

De p�blica a privada

En junio de 2024, �scar y Gema recibieron una carta que �recuperaba� su contrato de un vac�o jur�dico para forzar su salida o la compra. Al igual que a Miguel, los precios que les ofrecen son de mercado, pero de un mercado que se encuentra en un grave desequilibrio y tensionado, sobre todo, en los barrios c�ntricos en la capital. �Yo no tengo 400.000 euros. Mi sueldo y el de mi marido no da para comprar una casa a ese precio�, reconoce. �No estamos hablando de que no estuvi�ramos pagando 300 euros por una vivienda social... pagamos casi 900 euros sin gastos, se lleva casi uno de nuestros sueldos�. �Se subastan casas que est�n ocupadas por personas mientras tienen casas cerradas. Estamos completamente despojados de nuestros derechos�, denuncia la pareja. Tambi�n en junio, pero de 2025, 29 familias ya fueron desalojadas de sus viviendas.

Esta es la misma sensaci�n de �lvaro (51 a�os), que reside en el barrio de Ventas desde 2006 y prefiere mantener el anonimato: �De p�blica pasan a mano privada que trocea los apartamentos y los explota�. Afirma que han visto c�mo se han subastado los pisos a sociedades mercantiles e inmobiliarias, aunque los inmuebles ociosos permanecen vac�os todav�a. �En lugar de concentrarse en vender y hacer que sean rentables estas 800 viviendas vac�as, se concentran en las nuestras que estamos pagando y las estamos manteniendo�. La semana pasada, la TGSS anunci� la salida a subasta p�blica de tres activos en el centro de Madrid por un importe total de licitaci�n de m�s de 3,4 millones de euros. Se trata de un local de oficinas -con un precio de salida de 2,13 millones en Salamanca-, una vivienda de 98 metros cuadrados �tiles -tasada en 645.976 euros en Chamber�- y otro piso de 117 metros cuadrados -de 678.086 euros- cerca de la Plaza Mayor.

Frente a esto, fuentes de Seguridad Social aseguran que la instituci�n �se ha puesto en contacto con los arrendatarios en numerosas ocasiones desde hace m�s de un a�o para hacerles llegar toda la informaci�n y las explicaciones convenientes�, adem�s de habilitar �un canal preferente de compra de los inmuebles y abri� un canal de contacto abierto permanentemente donde se les ha convocado a diversas reuniones�.

Los inquilinos de la TGSS, incluidos estos tres casos, niegan que la instituci�n les haya dado alguna explicaci�n o alternativa para desalojar sus viviendas. �Hemos hecho muchos intentos de hablar con ellos y nunca nadie nos ha recibido. Nunca�, insiste �lvaro. �Est�n siguiendo su protocolo sin tener ning�n tipo de flexibilidad ni nada y sobre todo sin tener la educaci�n y la decencia de recibirnos�. Lamenta que han pedido reuniones, tanto de forma individual como colectiva con la plataforma de afectados, sin respuesta. Ni siquiera de parte del Ministerio de Vivienda. Fuentes de este Ministerio aclaran a este peri�dico que estas casas no forman parte de Casa 47 �ni se pueden adscribir de la forma que se ha hecho, por ejemplo, con las viviendas de la Sareb porque legalmente presentan singularidades que lo impiden�. Sin embargo, ya se encuentran estudiando la forma para incorporarlas a su oferta p�blica.

En el caso de �lvaro, este a�o se cumplen dos d�cadas en su piso. �Mis ni�os pr�cticamente han nacido en esta casa�, menciona. Aunque se ha actualizado su alquiler a cerca de 1.000 euros al mes, su contrato termina en mayo y hace un a�o recibi� la carta de desalojo. �Si fueran precios razonables podr�a llegar, pero los precios son muy altos... con sueldos normales o incluso buenos, no da�. Seg�n Asval, el 38,4% de los hogares destina m�s del 30% de su renta al pago de alquiler, una cantidad que supera el umbral recomendado.

Actualmente, los inquilinos est�n resignados a la espera de una denuncia de parte de Seguridad Social para iniciar un proceso judicial. "Empieza la lucha en el juzgado y en funci�n de lo que tarden tardemos en ir a juicio... pero ya han ganado. Es decir, nos van a echar", lamenta Gema. Y el mercado del alquiler fuera del r�gimen p�blico no es nada alentador. Seg�n un informe de la Asociaci�n de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), el 38,4% de los hogares destina m�s del 30% de su renta al pago de alquiler, una cantidad que supera el umbral recomendado por los expertos. De hecho, revela que Espa�a presenta una de las peores accesibilidades de Europa; un 28% de su poblaci�n en alquiler gasta m�s del 40% de sus ingresos en vivienda, frente al 19% de media en la Uni�n Europea. Y este esfuerzo financiero se vuelve m�s inasumible en los grupos m�s vulnerables. Los datos indican que el 20% m�s pobre (el primer quintil) dedica m�s del 47% de sus ingresos a este gasto.