La p�gina 281 de las 588 remitidas el pasado febrero por la a�n vicepresidenta del Gobierno, Mar�a Jes�s Montero, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, es una de las que prueban que es cierta la advertencia del Tribunal de Cuentas.
Ante la falta de Presupuestos, Montero ha recurrido en las sucesivas pr�rrogas a la liquidez de los fondos europeos y ha trasvasado a placer partidas ligadas al llamado Mecanismo de Recuperaci�n y Resiliencia (MRR) europeo para financiar gasto corriente como las pensiones m�nimas.
En ese informe no p�blico, pero al que ha tenido acceso este diario, se evidencian los, al menos, 8.500 millones desviados en 2025 que se suman a los 2.389,4 millones de euros detectados por el Tribunal de Cuentas. Este organismo fiscalizador puso, como m�nimo, en duda la legalidad de estas modificaciones presupuestarias, puesto que la Ley de Presupuestos de 2023 establec�a -para tranquilizar a Bruselas- que si daba de baja en las cuentas p�blicas partidas del MRR por ser innecesarias ese a�o, s�lo podr�a dar de alta a otras tambi�n vinculadas a fondos europeos, pero no para otras cuestiones.
P�gina 281 del expediente de modificaciones presupuestariasEL MUNDO
La ya ex ministra se ha saltado esta regla y una evidencia de que el propio Ministerio de Hacienda dud� es la sospechosa disposici�n final introducida en el decreto ley 7/2026 del pasado 20 de marzo por el que se aprueba el llamado Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio.
En �l aparece una disposici�n duod�cima que faculta al Gobierno a "declarar ampliables durante 2026 los cr�ditos destinados a atender las obligaciones legales que tiene el Estado con la Seguridad Social para financiar prestaciones de naturaleza no contributiva, as� como garantizar su financiaci�n y la de las pensiones de clases pasivas, y de las cotizaciones a la Seguridad Social".
No necesita ya as�, te�ricamente, tener que seguir con el juego de dar de baja partidas del MRR, porque puede financiar por ejemplo, subidas de pensiones a funcionarios, ampliando a discreci�n el cr�dito presupuestario para ello. Montero introdujo este cambio antes de dejar el cargo en llamativa coincidencia de que hab�a recibido ya el borrador del informe del Tribunal de Cuentas y hab�a contestado que la pr�ctica hasta entonces era l�cita, con el argumento de que no afectaba al cumplimiento final de los compromisos europeos. Pero, dicho esto, aprovech� la ley que iba a ser aprobada en el Parlamento -no la otra antideshaucios de Sumar- para que su sucesor, Arcadi Espa�a, dispusiera de m�s flexibilidad sin dudas legales.
El Gobierno mantiene, en todo caso, que lo sucedido en las pr�rrogas de 2024 y 2025 es un trasvase t�cnico de partidas presupuestarias que no implica uso real de fondos europeos ni ha afectado al cumplimiento del Plan de Recuperaci�n. Fuentes del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid desmienten esa aseveraci�n. Ponen como ejemplo que en 2025 se quit� a las comunidades 61 millones para proyectos como el que promueve ahora el Gobierno de "tarjeta social digital" y se desviaron a "financiar el Ingreso M�nimo Vital". En efecto, as� aparece en la p�gina 281 del citado documento. Seg�n el Ejecutivo de Isabel D�az Ayuso, el Ministerio de Inclusi�n les ha comunicado que no hay fondos europeos ya para este proyecto y que lo deben financiar las CCAA.
Por otra parte, la Comisi�n Europea ha confirmado que s� ha habido uso de liquidez transferida a Espa�a para pago de pensiones, pero tampoco lo ve ilegal en tanto que el pa�s vaya cumpliendo los hitos y objetivos marcados en el programa.
En lo que no entra Bruselas es en si ese trasvase fue una infracci�n a la Ley de Presupuestos de 2023, como cuestiona el Tribunal de Cuentas. Ese es el error nacional del Gobierno con este juego, pero el que est� resultando peor es el efecto internacional. La respuesta de la Comisi�n Europea -que quiere evitar pol�micas en el a�o final del MRR- no s�lo no ha satisfecho a eurodiputados conservadores del norte, mayoritarios, sino tampoco a los Verdes alemanes, como se public� en esta misma secci�n el pasado d�a 18.
El presidente de la Comisi�n de Control Presupuestario, Andreas Schwab, ha exigido antes del pr�ximo d�a 1 que el servicio jur�dico del Parlamento Europeo se pronuncie sobre si el uso que exculpa la Comisi�n Europea es realmente l�cito tambi�n con el reglamento europeo del MRR en la mano.
Este influyente eurodiputado alem�n de la CDU -el partido del canciller alem�n Friedrich Merz- ha solicitado que sus servicios "emitan un dictamen jur�dico sobre si el uso de las asignaciones del Plan de Recuperaci�n, Transformaci�n y Resiliencia de Espa�a para financiar gastos relacionados con las pensiones cumplen con el Reglamento del MRR y las directrices aplicables, incluidas las relativas a la elegibilidad, la trazabilidad y la gesti�n financiera de calidad", seg�n la misiva a la que ha tenido acceso EL MUNDO. El patinazo es grande y no est� zanjado.
Impresionante c�mo destaca la econom�a espa�ola en las �ltimas previsiones de la Comisi�n Europea. No s�lo sigue superando en crecimiento a casi todas las dem�s de la UE, con excepciones como la pujante Polonia, sino que Bruselas prev� que este a�o bajar� la tasa de paro del fat�dico 10% por primera vez desde 2008. No ha logrado rebajar el desempleo como Grecia, pero ha dejado la plaza de colista a la Finlandia fronteriza con Rusia. Los datos, adem�s de positivos, son ox�geno para el Gobierno de Pedro S�nchez, pero es llamativo que los socialistas critiquen que no se hable de econom�a, porque le sucedi� lo mismo a Mariano Rajoy en 2018. La econom�a nacional destacaba en la Eurozona y proporcionaba ox�geno pol�tico al PP, pero no fue suficiente. La debilidad pol�tica arrasa con todo.
El personaje m�s inesperado salpicado tanto por el informe de la UDEF como por el auto judicial sobre el 'caso Zapatero' es el gobernador del Banco de Espa�a, Jos� Luis Escriv�. Los investigadores vinculan un almuerzo de Escriv�, cuando era ministro de Seguridad Social, con Zapatero en las fechas en las que Plus Ultra hab�a obtenido un certificado decisivo de estar al corriente de pago para pedir el rescate. Eso, pese a tener una deuda aplazada que s�lo pod�a ser reconocida si la Seguridad Social hab�a comprobado que era la aerol�nea era viable. El PP ha solicitado ya la comparecencia de Escriv�, que niega irregularidades, en el Congreso, seg�n ha podido saber este diario. Otros diputados han pedido tambi�n al Gobierno por escrito que informe sobre todo contrato p�blico con las empresas de la trama, incluida Whathefav.
El presidente de Indra empoderado por el Gobierno, �ngel Sim�n, sabe que un posible cambio de Gobierno en 2027 a m�s tardar puede limitar su mandato y no ha dado ni dos meses de vida al CEO que se resisti� a cederle poderes ejecutivos, Jos� Vicente de los Mozos. Su previsi�n es tener ya el recambio para esta semana tras constatar que el nuevo cese no ha tenido esta vez apenas efecto en la cotizaci�n. Ha subido un 6,66% esta semana, por debajo de otras europeas de defensa como Rheinmetall o BAE, pero sin los cataclismos a los que Moncloa somete al inversor con su destrozo constante de la gobernanza de Indra. Sim�n se muestra adem�s consciente de que Indra necesita, si no fusi�n, alg�n tipo de alianza con EME, la empresa de su antecesor, �ngel Escribano. El Gobierno les ha llenado de pedidos que hay que cumplir.
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