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Nueva l�nea de investigaci�n en el caso DGAIA, de presuntos pagos irregulares por parte del organismo auton�mico responsable de la protecci�n y acogida de menores y j�venes ex tutelados en Catalu�a.
La Oficina Antifraude de esta comunidad (OAC) ha abierto otro proceso de pesquisas sobre el dinero que la Direcci�n General de Atenci�n a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat [refundada hace menos de un a�o como DGPPIA tras los esc�ndalos asociados a aquella denominaci�n] habr�a pagado por las plazas fantasma de j�venes ex tutelados denunciadas hace m�s de un a�o por un trabajador de una entidad colaboradora, la uni�n temporal de empresas Fundaci� Merc� Fontanilles-Fundaci� Resilis (del grupo Plataforma Educativa). Es decir, puestos por los que la consejer�a de Derechos Sociales (en sus anteriores denominaciones) abonaba a esta UTE cantidades que pod�an llegar hasta los 4.500 euros mensuales, aunque en realidad no habr�an estado ocupados. La Sindicatura de Cuentas detect� el a�o pasado que, al menos, se pagaron 4,7 millones de euros en prestaciones indebidas entre 2019 y 2022.
El alertador, que tiene la condici�n de testigo protegido de Antifraude, puso en conocimiento de esta instituci�n casos de adolescentes que ya no viv�an en los pisos de acogida (uno de ellos, por ejemplo, resid�a en Valencia) o que incumpl�an los requisitos econ�micos al tener ingresos superiores, con sus empleos, al estipulado como tope para recibir la otra prestaci�n, la que se paga a los j�venes.
La semana pasada, la plataforma Octuvre avanz� que la OAC hab�a iniciado una segunda pesquisa a ra�z de testimonios adicionales que el educador que destap� el caso hab�a aportado de ex trabajadores de otro centro a la investigaci�n del ente fiscalizador. En concreto, el PIL Riu Ter, el servicio del Programa de Inserci�n Laboral que presta en la ciudad de Girona la UTE Resilis-Fontanilles. Tras la actuaci�n de evaluaci�n previa de verosimilitud, la Oficina Antifraude consider� que las nuevas aportaciones tienen entidad para abrir un proceso independiente: "Las presuntas irregularidades se�aladas presentaban autonom�a propia independiente respecto a la actuaci�n de investigaci�n referenciada".
Documento de la actuaci�n de investigaci�n de la Oficina Antifraude.E. M.
EL MUNDO ha tenido acceso a algunos de los testimonios incluidos en este caso, que reportan situaciones muy similares a las que detall� el denunciante hace un a�o y medio, tras haber elevado, previamente, sus quejas de forma interna ante sus superiores sin resultado. "En nueve meses que estuve con un grupo, a dos de los j�venes no los llegu� a conocer, hac�an su vida de forma completamente aut�noma, en otra ciudad y sin recibir ninguna ayuda por parte del servicio", relata un ex empleado, que a�ade: "No era el �nico caso, entre los compa�eros hab�a parejas que solo ten�an tres plazas cubiertas de las ocho te�ricamente asignadas a sus dos pisos".
"Con la crisis [migratoria] de Canarias, muchos j�venes no ten�an plazas en centros de menores, mientras que, en este servicio, la mitad de habitaciones estaban libres porque eran plazas fantasma", refiere un educador, que agrega: "Llevan a�os con j�venes dados de alta que ya no est�n en el PIL", el programa destinado a chicos de 16 a 21 a�os.
"Nos hac�an falsificar firmas o dejar fechas en blanco en documentos firmados para poder poner la que les conven�a", se�ala otra persona en consonancia a la situaci�n explicada meses antes por el alertador. "Mi experiencia estuvo marcada por ver situaciones de falta de cumplimiento de nuestro c�digo �tico", lamenta un trabajador social.
"Era un secreto a voces, todo el equipo de trabajo lo sab�a, pero muchos no denuncian porque supone menos trabajo por el mismo precio", abunda en esta idea uno de los testimonios.
Seg�n uno de los relatos, la primera denuncia de los hechos s� parece haber tenido consecuencias en el funcionamiento de estos servicios: "Comenzaron a ponerse las pilas y a realizar seguimiento de las ayudas haciendo que los chicos se presentaran y realizasen planes de atenci�n individuales, ya que anteriormente se entregaba el dinero como si fueran caramelos y vete a saber d�nde estaban los adolescentes".
"En ning�n otro servicio he visto algo similar, mucha gente acaba con ansiedad y pidiendo excedencias, la diferencia con el PIL Girona es enorme porque en ese centro se act�a en coherencia al c�digo deontol�gico, cuando alguien se desvincula se le da de baja", indica una persona refiri�ndose al otro servicio de inserci�n laboral gestionado por la misma UTE, situado en la localidad gerundense de Salt.
Edificio de la Generalitat, en Barcelona, donde se ubican las oficinas de la DGPPIA (antigua DGAIA).David Ram�rezARABA PRESS
A preguntas de EL MUNDO, Plataforma Educativa descarta hacer declaraciones sobre esta investigaci�n y manifiesta su "total disposici�n a colaborar" aportando la informaci�n que se le requiera. "As� lo hemos hecho siempre que hemos sido citados por las comisiones del Parlament o cuando la Oficina Antifraude o la DGPPIA nos lo han solicitado", explican fuentes del grupo que aglutina a m�s de una decena de entidades del tercer sector [sin �nimo de lucro], con alrededor de 1.500 empleados y 150 servicios en Catalu�a.
Precisamente, la comisi�n parlamentaria que investiga el caso DGAIA aprob� la semana pasada la solicitud, por parte de la CUP, de comparecencia del denunciante protegido. Su intervenci�n ser� a puerta cerrada y sin ser retransmitida por el canal audiovisual de la C�mara, �nicamente se har� un registro del audio internamente.
Para saber m�s
Seg�n ha podido saber este diario, el alertador hab�a mostrado su preferencia por comparecer en condiciones ordinarias, sin mayores medidas que la distorsi�n de su imagen por su estatus de testigo protegido. Todos los grupos parlamentarios se pronunciaron a favor de su comparecencia, despu�s de varios meses en que la votaci�n se hab�a pospuesto, aunque la CUP expres� su disconformidad con las condiciones secretas en que finalmente se har�.
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