La Unidad Central Operativa (UCO) ha entregado al juez que investiga a Bego�a G�mez un nuevo informe que desbarata algunas l�neas de defensa de la esposa del ex presidente del Gobierno. El atestado se acumula a los indicios que hab�a hasta ahora y que ya hab�an llevado al juez Juan Carlos Peinado a proponer la celebraci�n de un juicio con jurado.
Bego�a G�mez comenz� a facturar con la empresa de la que era administradora �nica y que ten�a un nombre id�ntico al de la c�tedra de la Complutense que dirig�a. Una de ellas era que la sociedad unipersonal Transforma TSC SL, que registr� a su nombre en 2023, �no tuvo ning�n tipo de actividad�. Con ello esgrim�a que nunca actu� con �nimo de obtener beneficios econ�micos como responsable de C�tedra Extraordinaria para la Transformaci�n Social Competitiva (TSC), alej�ndose del delito de apropiaci�n indebida que se le imputa.
�A pesar del corto periodo de vida de la mercantil, m�s all� de la intencionalidad o pretensiones perseguidas comercialmente con la fundaci�n de la misma y que, en apariencia, se vieron frustradas de manera temprana, se apunta que esta efectivamente lleg� a mantener una actividad comercial�. Lo acompa�a de dos facturas por un valor total de 6.687,85 euros giradas a una pyme.
No se han detectado m�s ingresos, si bien la UCO apunta a que la sociedad pas� a inactividad coincidiendo con la apertura de la investigaci�n penal en la Plaza 41 de Madrid, en abril de 2024.
En ese procedimiento, el juez Peinado ha revisado la actuaci�n de G�mez en la c�tedra. Especialmente, en lo relacionado con la plataforma digital que se cre� en su seno y que ten�a como objeto medir el impacto social de las pymes. Una web permit�a a las empresas registrarse y, conforme a las facturas de la UCO, pagar por los servicios. El due�o de la sociedad que hizo los dos pagos se acababa de registrar en esa web.
La unidad especializada de la Guardia Civil tambi�n desmiente la afirmaci�n de Bego�a G�mez de que ese software no lleg� a entrar en funcionamiento. Lo hace en el apartado denominado �acciones que contravienen las pautas marcadas por la UCM sobre propiedad intelectual�.
Seg�n la UCO �el desarrollo de la Plataforma fue dado por finalizado�. �En �ltima instancia, la herramienta fue puesta a disposici�n de grupos de pymes, mediante talleres promocionales y del p�blico general a trav�s del portal web transformatsc.org, seg�n se ten�a planificado desde un inicio�, indica.
Los investigadores a�aden que la Complutense �no habr�a podido gestionar debidamente� los derechos de propiedad de la plataforma �ante la ausencia de la comunicaci�n previa por la unidad responsable del proyecto, en este caso la C�tedra�. En lugar de facilitar esa protecci�n, hubo pasos en la direcci�n opuesta: �Por el contrario, desde la C�tedra, como responsables de proyecto, no solo no habr�a seguido el proceso establecido por la titular de los derechos, la UCM, sino que adem�s se llevaron a cabo acciones de divulgaci�n que habr�an afectado a la propiedad intelectual de la Plataforma�, se indica, en referencia al tour de Bego�a G�mez promocionando la plataforma.
Otro apartado del informe revisa las �vinculaciones y analog�as de la plataforma con el entorno privado-empresarial de Bego�a G�mez�. Una de las ramas del caso Bego�a se ha dirigido a aclarar si tras su actuaci�n en la UCM exist�a una intenci�n de lucrarse, aprovechando lo que, como la plataforma digital, deb�a ser propiedad del centro universitario.
La UCO concluye que �de las analog�as de denominaci�n, objeto y figura visible [Bego�a G�mez] de ambas, unidas a la ausencia de aviso legal en el portal web que identifique plenamente la/s entidades responsables detr�s de la Plataforma, pueden derivarse dudas razonables sobre si Transforma TSC SL es una de ellas�.
A esa confusi�n entre lo privado y lo p�blico el informe incorpora otro elemento. G�mez ha alegado que pag� el registro de la marca y el dominio de internet que correspond�an a la c�tedra con la intenci�n de evitar que terceros ajenos los emplearan. Sin embargo, afront� ambos casos con fondos privados suyos, no de la c�tedra, a diferencia de c�mo actuaba con otros gastos igualmente referidos a su trabajo en la UCM.
Por ejemplo, la inscripci�n de la marca le supuso 206,57 euros, que abon� con cargo a una cuenta �de la que es titular Bego�a G�mez, junto con su c�nyuge�. Tambi�n asume 118,58 euros por el dominio www.transformatsc.org.
�Pagos que difieren de lo observado con respecto a otros de cuant�a similar o mayor, derivados de asuntos diversos relacionados con la C�tedra o la Plataforma y que, al contrario de lo que sucede con los antedichos, son asumidos con fondos de la UCM�.
Respecto al estricto desarrollo tecnol�gico de ese software, el informe resalta irregularidades en las adjudicaciones con cargo a fondos de la Complutense. Las de Deloitte �estaban premeditadas�. De hecho, la consultora ya hab�a iniciado sus funciones �con anterioridad a la adjudicaci�n del primer contrato�. Y sospecha que hubo �ofertas de forma simulada o en unas condiciones que propiciaron una limitaci�n de la concurrencia al resto de licitadores y en beneficio de Deloitte�. La propia UCM hab�a detectado irregularidades previas en un contrato con otra sociedad.
El juez Peinado imputa a Bego�a G�mez tr�fico de influencias, corrupci�n en los negocios, apropiaci�n indebida y malversaci�n. Este �ltimo por la dedicaci�n de su asesora de en La Moncloa, Cristina �lvarez, en las tareas profesionales privadas de la esposa del presidente. Singularmente, en el funcionamiento de la c�tedra y su m�ster. G�mez alegaba que hab�an sido ayudas ocasionales. Por contra, la UCO afirma que su tarea �responde �ntegramente a este tipo de funciones de gesti�n y auxilio a la Direcci�n de la C�tedra de la UCM�. �Independientemente de la ausencia de una relaci�n formal con la Universidad, a efectos de exposici�n se considera a Cristina �lvarez integrada en el equipo de trabajo de la C�tedra�.
El juez Peinado considera que hay indicios para sentar en el banquillo a la esposa del presidente y que el juicio debe celebrarse ante un jurado. Que la vista oral llegue a celebrarse depende ahora de la respuesta de la Audiencia de Madrid a los recursos de apelaci�n. Las defensas y la Fiscal�a solicita el archivo del procedimiento. Por su parte, las acusaciones populares, coordinadas por Hazte O�r, piden para la esposa del presidente una condena de 24 a�os de prisi�n.
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