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La red eléctrica española se ha convertido en uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo industrial del país y hay pocos incentivos para que deje de serlo. Parte de este colapso —uno de los mayores problemas económicos para el Gobierno— tiene su origen en los retrasos acumulados en las inversiones que el propio Ejecutivo planifica y revisa cada cinco años. Porque, en la práctica, cada nuevo ciclo de Planificación no se dedica tanto a realizar las actuaciones previstas para ese periodo, como a completar una parte sustancial de las que quedaron pendientes del ciclo anterior.
El diseño regulatorio actual perpetúa esta dinámica, pues incumplir los plazos no conlleva penalización alguna. En la práctica el sistema retribuye a Red Eléctrica, el gestor de la red de transporte (alta tensión), indistintamente las inversiones que ejecuta a tiempo y las que realiza con años de retraso. El coste de ese desfase no lo asume la empresa, cuyo mayor accionista es el Estado a través de la Sepi, sino el propio sistema eléctrico y, por extensión, la economía en su conjunto, en forma de proyectos parados porque sus promotores no logran conectarse a la red.
Consciente de este problema, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) intentó introducir un correctivo en el borrador de la nueva circular de retribución del transporte eléctrico para el periodo 2026-2031. En dicho texto, el supervisor que preside Cani Fernández incluyó un nuevo artículo, el 20, que fijaba por primera vez una penalización económica directa para Red Eléctrica por incumplir el calendario de la Planificación.
El mecanismo preveía recortes en la retribución regulada que recibe la compañía que dirige Beatriz Corredor para determinadas instalaciones clave —desde reactancias y compensadores, hasta los refuerzos de la red que le solicitan las distribuidoras (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) para conectar nueva demanda— cuando la empresa acumulara retrasos de dos años o más.
Esas sanciones suponían un cambio relevante en el modelo: convertían la Planificación en un documento totalmente vinculante. El gestor de la red asumía, al menos en parte, el coste de no llegar a tiempo. Sin embargo, la CNMC dio marcha atrás y fulminó el artículo en la versión definitiva de la circular, que fue publicada en el BOE el pasado diciembre.
El supervisor adoptó su decisión tras analizar las alegaciones presentadas, entre otros, por la propia Red Eléctrica. Argumentó que las fechas de puesta en servicio incluidas en la Planificación no reflejan los plazos reales necesarios para tramitar, construir y poner en servicio las infraestructuras. Según la CNMC, esas fechas responden más a necesidades teóricas del sistema que a la capacidad material de ejecución, y asumió que las demoras, a veces, dependen de «otros factores» ajenos al transportista, por ejemplo los propios retrasos de la Administración en conceder los permisos necesarios para llevar a cabo esas inversiones. Además, asumió que, legalmente, la Planificación es vinculante en términos técnicos, pero no en plazos.
En la práctica, este modelo cronifica los retrasos. Según el Gobierno, hasta 2030 habrá que invertir 13.600 millones en la red de transporte. El reto, además de económico, es temporal. Cientos de proyectos industriales, atraídos por la energía renovable y barata, están hoy en standby en España por el tapón de las redes. Actualmente, apenas hay capacidad disponible, pues casi el 90% de todas las subestaciones no pueden acoger ningún proyecto más.
Según datos de Aelec, la patronal eléctrica, más de la mitad de las solicitudes de acceso a la red en 2024 fueron rechazadas, en su mayoría, por falta de capacidad. Mientras, el Gobierno trata de poner orden en ese aluvión de peticiones, que se ha disparado en los últimos años. Sus prioridades son dos: separar el grano de la paja para descartar solicitudes especulativas, y desbloquear capacidad ociosa o bloqueada por proyectos que no llegarán a buen puerto.
Con este objetivo, Moncloa aprovechó el real decreto anticrisis frente a la guerra en Irán para introducir una reforma total de las redes, como avanzó EL MUNDO. La urgencia es manifiesta, pues de ello depende toda la reindustrialización del país y los planes económicos del conjunto de las autonomías. Según Aelec, el tapón se traduce en 60.000 millones de euros de inversión industrial no ejecutada.
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