Sostuvieron el país con más de cuatro décadas de cotizaciones y el Estado les castigó de por vida por jubilarse antes de tiempo. Expulsados del mercado laboral, despedidos de sus empresas o simplemente agotados tras más de 40 años trabajando, se vieron obligados a anticipar su retiro para poder subsistir económicamente. Pero cuando solicitaron la pensión, la Seguridad Social les impuso un recorte permanente que tendrán que asumir hasta el final de sus vidas. A no ser que se eliminen los coeficientes reductores en la jubilación anticipada, una medida que apoyan todos los grupos políticos, incluidos los partidos del Gobierno, pero que ninguno se atreve a impulsar por el agujero que abriría en el ya debilitado sistema público de las pensiones.

Los coeficientes reductores existen desde los años sesenta y han sido aplicados por gobiernos de distinto signo político. La lógica actuarial que los sostiene es sencilla: si alguien se jubila antes de la edad legal cobrará la pensión durante más tiempo y, por tanto, debe recibir menos dinero cada mes. La última reforma del Gobierno endureció el acceso a la jubilación anticipada e incentivó la demorada. Y aunque en los casos de largas carreras de cotización algunos jubilados sí salieron beneficiados, la aplicación de los coeficientes se mantuvo como castigo permanente en las pensiones anticipadas. El colectivo de afectados, que ronda los 900.000 pensionistas, lleva años reclamando cambios, pero en las últimas semanas ha intensificado la presión ante el temor a que la legislatura termine sin una solución a su problema.

En noviembre de 2025, el Congreso de los Diputados aprobó una moción para eliminar los coeficientes reductores en casos de largas carreras de cotización, pero el Ejecutivo encerró la iniciativa en un cajón. La prioridad política está ahora en otros frentes: las crisis derivadas de los problemas judiciales que afectan al Gobierno y las consecuencias económicas de la guerra de Irán. «En estos momentos la situación política no está a nuestro favor. Al Gobierno le afecta cada día un escándalo nuevo y no sabemos si se adelantarán las elecciones», lamenta Antonio Matinero, presidente de Asjubi40 y uno de los afectados por estas penalizaciones. El riesgo es mayor ante un eventual gobierno de PP y Vox: «Se abstuvieron en la moción, pero sus políticas van más encaminadas a la privatización y recortar al máximo», advierte.

Matinero representa a cientos de miles de jubilados que consideran injusto haber cotizado durante más de cuatro décadas para terminar cobrando menos pensión. Ejerció como delineante proyectista hasta que la crisis se llevó por delante el estudio de arquitectura en el que trabajaba. Después fue encadenando empleos como peón forestal, pintor o albañil, hasta que se jubiló anticipadamente a los 62 años y medio. Hoy sufre una penalización permanente pese a haber cotizado 45 años. «Si llego a los 85 habré perdido entre 45.000 y 50.000 euros», calcula, desmontando el argumento de que quienes se jubilan antes cobran durante más tiempo y terminan beneficiándose del sistema. «Vamos cumpliendo años y se nos agotan las ganas, pero seguimos dando la batalla», enfatiza. El desgaste físico y emocional atraviesa muchos de los testimonios de quienes se sienten castigados después de haber sostenido el sistema durante décadas.

En la misma situación está Manuel Guarino. Se jubiló apenas seis meses antes de la edad ordinaria y la Seguridad Social le redujo la pensión en 50 euros mensuales «para siempre», denuncia, en referencia a que los recortes no se revierten una vez cumplida la edad legal de jubilación, sino que se mantienen durante todo el periodo de cobro de la prestación. Este enfermero adelantó su retiro en los inicios de la pandemia, tras haber acumulado 43 años en un hospital público y 27 de ellos simultáneamente en una clínica privada. «Sabía que había eductores, pero confiaba en algún mecanismo compensador por mi larga carrera», explica. Aunque esos mecanismos existen, en su caso no aplicaron porque no resultaban en una mejora de la pensión. Reconoce que percibe «una buena pensión» (2.500 euros), pero considera injusto el recorte. «Me he dejado mucha vida en el trabajo y mucho dinero para contribuir a las jubilaciones de otros. No me castiguen ahora», reclama.

Miguel Recio se jubiló a los 61 con más de 45 años cotizados y le aplicaron un coeficiente reductor del 24%. En su caso, se vio expulsado del mercado laboral por un ERE que afectó a cientos de trabajadores en un sector textil muy castigado en Andalucía. Su demanda no va solo por los que tuvieron que acceder a la jubilación anticipada de manera forzosa, sino por todos los que sufren recortes en sus pensiones pese a décadas de trabajo. Es también el caso de Rosalía Hernández. Perdió un 24% de pensión cuando se jubiló a los 61 tras ser despedida después de 44 años en la empresa. «Nos quedamos en la calle», recuerda. Hoy cobra 1.275 euros de pensión, apenas 54 euros por encima del salario mínimo (1.221 euros) y unos 500 euros por debajo de lo que le correspondería sin reducción.

Los testimonios se multiplican y las campañas en plataformas como Change.org acumulan miles de apoyos. Solo la petición impulsada por Matinero roza ya las 34.000 firmas. Otras iniciativas, como las de María Luisa Mestre -que cotizó 46 años y 299 días- o Isabel Palmero -que empezó a trabajar con apenas 14 años- denuncian «la injusticia» y «el castigo» que supone recortar las pensiones después de toda una vida de esfuerzo. Muchas lanzan incluso amenazas políticas: «¡Justicia o votos!».

Pero el Gobierno no contempla cambios. En varias respuestas parlamentarias, el Ejecutivo recuerda que la reforma de las pensiones ya introdujo complementos económicos para determinadas jubilaciones anticipadas con largas carreras de cotización y pensiones bajas. «El legislador ya atendió las reclamaciones del colectivo», sostiene. El principal argumento para rechazar la eliminación de los coeficientes reductores es económico. Según los cálculos del Gobierno, suprimirlos para los jubilados anticipados con más de 40 años cotizados supondría un incremento anual del gasto de 3.358 millones de euros: 1.345 millones por las pensiones de jubilación anticipada voluntaria y otros 2.013 millones por las de jubilación anticipada involuntaria.

Los datos de la Seguridad Social reflejan que quienes acceden a la jubilación anticipada voluntaria con más de 40 años cotizados acumulan de media 43 años y seis meses de cotización y se retiran con 63 años y dos meses. El coeficiente reductor medio en estos casos es del 11,36% y la pensión ronda los 2.000 euros mensuales. Eliminar las penalizaciones elevaría la prestación media un 12,8%. Mientras, en las jubilaciones anticipadas involuntarias, los afectados acreditan de media casi 43 años cotizados y se jubilan antes, alrededor de los 61 años y diez meses. El coeficiente reductor medio asciende al 18,9% y las pensiones superan ligeramente los 2.100 euros mensuales. Suprimir los recortes incrementaría esas prestaciones un 22,75%.

El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, ha descartado recientemente cualquier cambio. A su juicio, eliminar los coeficientes «cuestiona algunos de los elementos estructurales» del modelo de pensiones y tiene «implicaciones presupuestarias». «A todos nos gustaría que las pensiones fueran el doble, pero tenemos que preservar un sistema capaz de garantizar pensiones dignas para todos», afirmó. Preguntado directamente sobre la viabilidad de la medida, dejó el asunto en manos del Pacto de Toledo y zanjó el debate: «Esta cuestión ahora mismo no está encima de la mesa».

Mientras tanto, 870.584 jubilados continúan con sus pensiones recortadas después de haber cotizado más de cuatro décadas. Llevan años en pie de guerra y en las últimas semanas están intensificando las movilizaciones, aunque cada vez pesa más el tiempo y la sensación de que el sistema al que contribuyeron durante toda una vida les ha dado la espalda justo cuando más protección necesitan.