El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid afirma que, aunque "no existe ningún impedimento legal" para aplicar la prórroga, ya hay familias que han recibido demandas de desahucio
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.EUROPA PRESS
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"No hay vida si no hay vivienda y, por tanto, no hay tarea más importante que tengamos que abordar todas las administraciones públicas", aseguraba Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, hace apenas dos años. Sin embargo, esa tarea parece haberse detenido en las oficinas de su propio Gobierno. Este jueves, los vecinos de las viviendas de la Tesorería de la Seguridad Social (TGSS), cuyos contratos terminaban este año, recibieron la denegación formal de la prórroga a sus alquileres. "El contrato quedará extinguido de pleno derecho, y la parte arrendataria estará obligada a devolver las llaves", concluye el documento.
Paradójicamente, la prórroga de dos años solicitada por los vecinos es una medida de protección a los inquilinos aprobada recientemente por el propio Ejecutivo a través del Real Decreto 8/2026 después de un largo periodo de discusión política. El ministerio dirigido por Elma Sanz resolvió no aplicarla a sus propios inquilinos ya que estos contratos -heredados de la extinta Sociedad Pública de Alquiler- se rigen por el Código Civil y no por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Una decisión que el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, donde están al menos 25 familias que viven en estas casas, tacha de "sorprendente e increíble" al tratarse de una normativa de su propia cosecha.
Esta negativa oficial choca con la estrategia que el Ministerio de Vivienda ha desplegado esta misma semana. Mientras se deniega la permanencia a familias en barrios de Madrid -como Argüelles, Lavapiés, Ventas o Pacífico- sin ninguna explicación, la Entidad Estatal de Vivienda Casa 47 tiene en marcha una oferta pública de 100 millones de euros para adquirir entre 500 y 600 viviendas de propietarios privados y fondos de inversión. Así lo confirmaron fuentes de la entidad este miércoles aseverando que "tenemos unas cuentas muy saneadas" y un "colchón" presupuestario en Casa 47 para una segunda oferta.
Según los afectados, resulta "incoherente" que el Estado movilice fondos millonarios para captar pisos en el mercado privado mientras, de forma simultánea, la Tesorería de la Seguridad Social mantiene "más de 800 viviendas vacías" y se desprende de su patrimonio actual mediante subastas. A pesar de esto, fuentes del ministerio de Vivienda aclaran que estas casas no forman parte de Casa 47 "ni se pueden adscribir de la forma que se ha hecho, por ejemplo, con las viviendas de la Sareb porque legalmente presentan singularidades que lo impiden". Sin embargo, ya se encuentran estudiando la forma para incorporarlas a su oferta pública.
Mientras tanto, el sindicato afirma que, aunque "no existe ningún impedimento legal" para aplicar la prórroga, ya hay familias que han recibido demandas de desahucio. "El contrato de arrendamiento quedará extinguido con efectos de 31 de enero de 2026 , siendo ese el últimodía en el que podrán permanecer en el inmueble", dice el oficio formal que recibieron al menos cuatro familias del grupo que llevan más de 20 años ahí, aunque afirman que podrían ser más.
"Cabe recalcar que esta actuación contraviene distintos artículos de la Ley de Vivienda aprobada por este Gobierno, en concreto el artículo 28 y la disposición adicional segunda, que obligan a las administraciones públicas no solo a mantener el parque público de vivienda, sino también a incrementarlo", advirtió el sindicato. Además, aseguran que supone una "clara disminución de recursos habitacionales" en plena crisis de vivienda y en un país que mantiene uno de los porcentajes más bajos de oferta pública.