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La definición difiere en función de la fuente a la que se le consulte. En una delegación diplomática hablan directamente de «encontronazo», otra señala que fue una «discusión» e, incluso, en una tercera apuntan que fue simplemente un «episodio». Pero en lo que todas coinciden es en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vivió un momento de tensión con destacados líderes europeos durante la reunión del Consejo Europeo.
Los nombres de Giorgia Meloni y Mette Frederiksen son los primeros en aparecer y con los que comenzó la discusión. La responsable danesa agradeció a la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, los esfuerzos por sacar adelante la nueva normativa migratoria, que incluye los centros de retorno fuera de la UE. Ahí Sánchez mostró su malestar por esta medida, rechazándola. «Esta propuesta no va a traer ninguna solución. Es una respuesta ineficaz. Es una trampantojo que va a malgastar recursos económicos; y no son muchos los que tiene Europa», es la postura que defiende el mandatario español.
El debate se produjo. Todas fuentes diplomáticas consultadas así lo constatan. Y en plena ebullición, la primera ministra italiana recriminó a Sánchez su regularización masiva. «Lo que haces afecta a otros países», le dijo según las fuentes consultas. Porque Meloni, al igual que el Partido Popular Europeo, estima que si España regulariza a 500.000 inmigrantes -las peticiones llegan ya a las 900.000, según datos del propio Gobierno-, éstos tendrán posteriormente muchas más facilidades para moverse por Europa e incluso para cambiar de país. A continuación se sumaron al intercambio el primer ministro de Bélgica, Bart de Wever; el nuevo responsable de Hungría, Péter Magyar; e incluso el canciller Friedrich Merz. Palabras mayores. «Se evidenció la distancia que hay entre España y algunos de los socios en materia migratoria», constatan fuentes diplomáticas.
En ese enfrentamiento de posturas, Sánchez puso sobre la mesa datos para defenderse y defender su política migratoria. Por ejemplo, que entre enero y mayo de este año ha descendido un 35% los migrantes que han llegado a España de forma irregular. Un dato que si se atiende sólo a las Islas Canarias supone un descenso del 71% respecto al mismo periodo de 2025.
Y ese intercambio fue tan intenso e importante que los líderes decidieron que en el próximo Consejo Europeo, que se celebrará en octubre, deberán abordar la cuestión. En el borrador de conclusiones sobre inmigración no estaba recogido este punto, pero el choque con Sánchez hizo que en el texto definitivo sí se incluyese.
«El Consejo Europeo mantendrá un debate estratégico sobre migración en su reunión de octubre de 2026», se dice, en concreto. Y la traducción que en el ámbito diplomático se hace de esto es que los líderes quieren una política migratoria común, que vaya en una dirección similar en todos los países y que no se tomen decisiones unilaterales que afecten al conjunto de la UE.
«Nosotros encantados de hablar, debatir y compartir experiencias de éxito de la política migratoria de España», expuso Sánchez en rueda de prensa tras la celebración de la reunión de los líderes. Y lanzó un mensaje a aquellos colegas que muestran posiciones más duras respecto a los migrantes: «Si tienen alguna duda que hablen con el Vaticano».
Porque uno de los argumentos de más peso, político y social, que emplea La Moncloa para defender la regularización exprés es que cuenta con el aval de la Iglesia y de la patronal, de los empresarios. De hecho, en la reciente visita que el Papa hizo a España, la migración tuvo un lugar muy destacado, con mensajes como que «la dignidad humana no tiene pasaporte» y llamadas a la integración: «Integrar no significa borrar la historia de quien llega ni exigirle que deje atrás todo lo que forma parte de su memoria». En el Ejecutivo creen que este viaje respaldó su política.
Prueba de que la inmigración es un asunto que recorre la espina dorsal de la Unión Europea, y que preocupa y ocupa a los líderes, es que también Italia y Dinamarca fueron los países que lideraron una carta que un total de 19 capitales firmaron y dirigieron este mismo viernes a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, para que «avance lo antes posible con soluciones basadas en terceros países». Esto es, en la creación de centro de retorno de inmigrantes. «Siempre debe ser una decisión democrática quién puede entrar y permanecer en nuestros países», añade el documento que apoyan también Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Estonia, Grecia, Hungría, Lituania, Letonia, Malta, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.
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