El Gobierno comunic� el pasado diciembre a la Comisi�n Europea que no podr� cumplir al 100% dos programas de vivienda social que coinciden con partidas usadas por el Ministerio de Hacienda para pagar pensiones por falta de Presupuestos. As� lo ha podido comprobar este diario a partir de documentos en poder del Tribunal de Cuentas y los acuerdos con Bruselas.
Los programas con fondos europeos rebajados por no ser ya ejecutables totalmente son el �de ayuda a la construcci�n de viviendas en alquiler social en edificios energ�ticamente eficientes� y el �de rehabilitaci�n para la recuperaci�n econ�mica y social en entornos residenciales�.
Ambos figuran ya, pese al drama de la vivienda en Espa�a, como �no alcanzables en su totalidad� en la �ltima modificaci�n del Plan de Recuperaci�n aceptada por la Comisi�n Europea el pasado mes de diciembre.
Coincide que ambos programas figuran tambi�n en los utilizados dentro de la ingenier�a presupuestaria que el Tribunal de Cuentas ha detectado y cuestionado por posible infracci�n legal durante su reciente fiscalizaci�n de la Cuenta General del Estado de 2024. Como viene publicando este diario desde el pasado d�a 3, se produjo un choque interno en el organismo fiscalizador, porque la mitad de sus consejeros, incluida una a propuesta del PSOE, consideran directamente que Montero cometi� una irregularidad, mientras que el resto se limitan a poner en duda la legalidad.
La construcci�n de viviendas sociales y el plan de rehabilitaci�n se encuentran respectivamente ubicados en las aplicaciones presupuestarias 25.50.26BB.754 y 25.50.26BA.750 que estaban dotadas en conjunto con 1.330 millones en 2024 y fueron dadas de baja por Hacienda en ese a�o para hacer hueco en las cuentas prorrogadas a las pensiones.
As� aflora en el intercambio de escritos entre el Ministerio de Hacienda dirigido entonces por Mar�a Jes�s Montero y el de Vivienda de Isabel Rodr�guez en poder del Tribunal de Cuentas. El de Vivienda asumi� -ver documento adjunto- que necesitaba solo �cero euros� en la r�brica en la que ten�a asignados para ambos planes 500 y 880 millones de euros, respectivamente.
Oficio del Ministerio de Vivienda al de Haciendo dejando a cero sus necesidades presupuestarias para 2024 en ambos programas
La actual candidata socialista a la Junta andaluza necesitaba entonces dar de baja a esas partidas de fondos europeos para dar de alta subidas de pensiones a funcionarios y de pensiones m�nimas. Lo hizo, a pesar de que su propia Ley de Presupuestos de 2023 prorrogada proh�be te�ricamente estos enjuagues con dinero comunitario con el objetivo de �garantizar una correcta absorci�n del Mecanismo de Recuperaci�n�.
Hacienda defiende esta jugada con el argumento de que al Ministerio de Vivienda no le hac�a falta ese dinero en 2024. �Los ministerios afectados adaptaron internamente sus cr�ditos prorrogados a las necesidades asociadas al cumplimiento del Plan de Recuperaci�n durante 2024, y aportaron los certificados de retenci�n de los cr�ditos sobrantes, es decir, cr�ditos que consideraron que no eran precisos para la ejecuci�n en 2024 de sus programas del PRTR�. As� lo asegura el Ministerio al Tribunal de Cuentas.
Aunque se declararon �sobrantes� no significa que estuvieran ya ejecutados. Todo lo contrario. Seg�n la actualizaci�n del Plan Estrat�gico de Subvenciones del propio Ministerio de Vivienda, ninguna de estas dos aplicaciones presupuestarias se hab�a ejecutado todav�a en abril de 2025 m�s que a la mitad. Adem�s, es evidente que hace falta mucha m�s apuesta inversora ante este grave desaf�o social.
Lleg� diciembre del pasado a�o y en la �ltima y definitiva modificaci�n del Plan de Recuperaci�n -la llamada Adenda de Simplificaci�n- aflor� una amarga y sorprendente realidad. La Comisi�n Europea destap� que el Gobierno renunciaba a parte de los fondos y rebajaba ambiciones, porque, entre otros muchos desestimientos, �Espa�a ya no considera totalmente alcanzables� ninguno de aquellos dos programas de Vivienda utilizados por Montero. El de rehabilitaci�n, �por problemas en la cadena de suministro y dificultades t�cnicas imprevistas�, y el de alquiler social, �por la inflaci�n�, seg�n el escrito elevado por la Comisi�n Europea al Consejo de la UE.
Fuentes oficiales del Ministerio de Vivienda no entran a comentar lo sucedido con estas dos partidas concretas, pero aseguran a este diario que se percibir� en los pr�ximos meses una ejecuci�n elevada de los fondos europeos asignados a su departamento. Y, al igual que Moncloa, sostienen que ni un solo euro del Plan ha ido a otro fin.
La opacidad en lo ocurrido con los fondos es espectacular, con baile constante de cifras, y es habitual que Gobierno y CCAA se culpen mutuamente de baja ejecuci�n. De momento, lo que es claro en este caso es que el dise�o de estos dos programas ha fallado y a�n hoy hay CCAA y ayuntamientos que reclaman m�s recursos para alcanzar los objetivos. �Eran realmente sobrantes? �No eran estas partidas m�s prioritarias que otras dentro de los propios fondos europeos?
Se abre la gran pregunta de si la necesidad del Gobierno de Pedro S�nchez de retener �stas y otras partidas para pagar pensiones y otros gastos al no tener Presupuestos ha terminado contribuyendo a que Espa�a no pueda ejecutar ahora todo lo prometido en 2021, pese al drama habitacional del pa�s.
�Existieron sobrantes de cr�ditos que, no siendo precisos para el cumplimiento de los hitos y objetivos del Plan, se han podido utilizar, como cualquier otro cr�dito para financiar las modificaciones presupuestarias precisas sin comprometer el cumplimiento del Plan de Recuperaci�n�, insiste Hacienda en su escrito al Tribunal de Cuentas.
Sin embargo, el cumplimiento total ya no se producir�, seg�n el citado acuerdo con Bruselas de hace cinco meses. Urge que se aclare por qu�, y m�s tras tanta desviaci�n presupuestaria de dudosa legalidad.
El gigante alem�n de defensa Rheinmetall que compr� hace tres a�os la espa�ola Expal con todas sus f�bricas de munici�n por 1.200 millones -los precios del sector eran m�s bajos entonces- espera ahora potenciar su negocio en la Pen�nsula. �Existe una enorme necesidad de veh�culos militares y camiones militares para el ej�rcito espa�ol, y en este momento estamos en empresa conjunta con Indra�, ha afirmado a inversores el consejero delegado de Rheinmetall, Armin Papperger. Es el acuerdo para adentrarse m�s en el mercado espa�ol de la mano de la empresa que controla el Gobierno espa�ol, pero lo firm� con Angel Escribano el pasado marzo y �ste es, actualmente, ni accionista ya en Indra. El gran gasto militar del Gobierno de coalici�n atrae a multinacionales, mientras el presunto campe�n nacional, Indra, sigue sin rumbo claro.
El que fuera director de gabinete de Pedro S�nchez y ahora consultor privado, Iv�n Redondo, desvela en su libro El Manual, una gran discrepancia sobre la econom�a con el jefe. Redondo asegura que su distanciamiento con el l�der del PSOE a finales de 2020 fue por la apuesta pol�tica de �ste de �todo a la econom�a� tras la salida de la pandemia. �El deseo presidencial era apostar todo a ese escenario, como si las razones y el mundo previo a la moci�n de censura nunca hubiesen existido. Ah� fue cuando comenz� a alejarse de su intenci�n de repensar la Espa�a pluriacional�. Error, seg�n Redondo, porque eso le distanciaba de socios de investidura y le abocaba a �un adelanto electoral�. Le aconsej� entonces hacer coincidir las elecciones con las andaluzas de 2022. No le hizo caso. ��No es la econom�a, est�pido, son las emociones!�, defiende.
El Consejo Fiscal que preside la nueva fiscal general, Teresa Peramato, reclama una docena de cambios al anteproyecto de ley anticorrupci�n de F�lix Bola�os. Seg�n su amplio informe defiende, entre otros reproches, m�s presi�n penal sobre las empresas. �Se ha desaprovechado la oportunidad de introducir la responsabilidad penal de las personas jur�dicas en m�s delitos de los previstos actualmente en el C�digo Penal�, se�ala a Bola�os. Reclama que se les pueda castigar tambi�n en �delitos de prevaricaci�n administrativa, fraudes y exacciones ilegales y actividades prohibidas a funcionarios p�blicos�, adem�s de endurecer penas por sobornos en el extranjero. El Consejo Fiscal se alinea adem�s con los notarios y defiende que toda toma de participaci�n en empresas se haga en escritura p�blica.
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