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Bego�a G�mez aprovech� el incomparable ascendente de su marido como presidente del Gobierno para que se le creara una c�tedra en la Complutense, para que grandes empresas aceptaran patrocinarla y para que otras cuantas sufragaran su producto estrella, un software del que intent� apropiarse siendo p�blico. Y todo con la colaboraci�n de la asesora que La Moncloa le pone como esposa de Pedro S�nchez.
Esa es la reconstrucci�n que hace el juez Juan Carlos Peinado en el auto notificado ayer que da por concluida la investigaci�n y propone llevar a la esposa del presidente ante un jurado por cuatro delitos. Considera que ya no son necesarias nuevas diligencias y pide a las acusaciones que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral, lo que supone la presentaci�n de los escritos de acusaci�n, precisando qu� delitos le atribuyen y qu� pena piden para Bego�a G�mez
El juez retira la imputaci�n por intrusismo profesional -por firmar pliegos t�cnicos de un software de la Complutense- y mantiene los otros cuatro: tr�fico de influencias, corrupci�n en los negocios, apropiaci�n indebida y malversaci�n.
Adem�s de a la esposa de Pedro S�nchez, el juez pone camino del banquillo a su asesora de La Moncloa Cristina �lvarez y al empresario Juan Carlos Barrab�s. A la primera, por la posible malversaci�n que supondr�a su dedicaci�n a negocios privados de G�mez, adem�s de tenerla como part�cipe en los otros tres delitos. Al segundo, por el posible tr�fico de influencias y corrupci�n en los negocios, por haberse beneficiado sus empresas de la intervenci�n de G�mez tras ayudar �l a la esposa del presidente a poner en marcha su c�tedra en UCM.
Las acusaciones populares -que coordina Hazte O�r- pedir�n, con toda seguridad, la celebraci�n del juicio. La �nica opci�n de las defensas para evitarlo est� en la Audiencia Provincial de Madrid, donde ya han interpuesto recursos en los que piden el archivo de todo el procedimiento. Hasta el momento, la secci�n penal que revisa las actuaciones de Peinado ha corregido al instructor en numerosos aspectos, pero siempre ha permitido que la investigaci�n prosiguiera.
De lo que resuelva ese tribunal en las pr�ximas semanas o meses puede salir la celebraci�n del juicio por los cuatro delitos, por solo alguno o algunos, por los cuatro pero por separado -dos al jurado y dos no- o el archivo de todo. Incluso volver atr�s por alguna decisi�n procesalmente err�nea del instructor. De hecho, este es el segundo intento de Peinado de avanzar por la v�a del procedimiento del Jurado. El primero lo anul� la Audiencia, pero Peinado volvi� a ello siguiendo esta vez las indicaciones de tribunal.
El auto dictado ayer es la resoluci�n clave, pero a�n restan algunos tr�mites para ir a juicio. Recibidos los escritos de acusaci�n y defensa, se celebrar� una vista preliminar, tras la que el juez podr� ya dictar el auto de apertura de juicio oral por cuatro delitos.
Respecto al de tr�fico de influencias, indica que, �desde la llegada de su esposo primero a la Secretar�a General del PSOE y, sobre todo, a la Presidencia del Gobierno, se tomaron determinadas decisiones p�blicas favorables a la c�tedra y al proyecto TSC [Transformaci�n Social Competitiva], que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posici�n relacional�.
Considera que G�mez cometi� el delito que castiga �al particular que influye sobre autoridad o funcionario�, en este caso �prevali�ndose de relaci�n personal con el presidente del Gobierno, y de �ste con el resto de la administraci�n, facilit�ndose as� el acceder, gracias a esa posici�n, a interlocuciones institucionalmente excepcionales y a que la sola condici�n de 'esposa de' sirviera para influir, y todo ello con el a�adido de haber realizado reuniones en la Moncloa�.
Al repasar los requisitos de este delito, advierte de que no se encontrar� en la jurisprudencia �un supuesto de similares caracter�sticas, pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen m�s propias de reg�menes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo�, a�adiendo que �quiz�s hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII�.
Dentro de este delito, el juez incluye �la creaci�n y configuraci�n� de la c�tedra en la UCM, as� como su apoyo con cartas de recomendaci�n a empresas de Barrab�s para adjudicaciones del ente p�blico Red.es. �Existe un intercambio entre la ayuda al proyecto de la investigada y apoyo institucional-acad�mico a intereses empresariales del grupo Barrab�s�, indica el instructor.
En cuanto a la corrupci�n en los negocios, lo vincula a los planes de G�mez de aprovechar econ�micamente la plataforma digital que empresas como Google, Indra o Telef�nica estaba construyendo en una c�tedra que financiaban LaCaixa y Reale Seguros. A su juicio, crear una plataforma para certificar que las empresas cumpl�an objetivos de transformaci�n social no era �una iniciativa inocua o estrictamente universitaria, sino de la articulaci�n de un instrumento llamado a desplegar efectos en el mercado�.
Respecto a la apropiaci�n indebida del software de la c�tedra, sostiene que �recibi� el programa� como directora del m�ster, pese a lo cual �lo integr� en una web de su titularidad y bajo su control, frustrando con ello la obligaci�n de entrega, restituci�n o sometimiento al destino universitario del bien�.
En cuanto a la malversaci�n, la resoluci�n afirma que hay indicios de que G�mez �solicit�, acept� y aprovech� de forma estable la dedicaci�n de una empleada retribuida por Presidencia a tareas ajenas al cometido institucional del puesto: interlocuci�n con universidades, patrocinadores y partners; seguimiento de la c�tedra; gestiones sobre el software; asistencia a reuniones t�cnicas; y desarrollo del proyecto tecnol�gico que despu�s aparece vinculado con marcas, dominio y mercantil de titularidad exclusiva de la propia investigada�.
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