El registro de aquella casa en Huelva resultó esclarecedor para los agentes. Rebuscando en cada recoveco del inmueble, hallaron dos chalecos antibalas de máxima seguridad de las tallas L y XL, distinta munición blindada y más de 120 cartuchos para «armas de guerra semiautomáticas».
Los policías sabían que los narcos hace años que no se andan con chiquitas, pero para algunos de aquellos uniformados que participaron en el registro, ese hallazgo supuso la constatación de que ahora los traficantes protegen sus alijos de hachís y de cocaína a punta de fusiles de asalto, como los AK47 y AK52. Si hay un intento de robo de la mercancía por parte de otra organización o un operativo policial quiere frustrar el desembarco de la droga,ellos no dudan en responder con munición de guerra.
Aquel registro se produjo el 21 de enero de 2025. El propietario de las armas y los cartuchos incautados formaba parte de una organización asentada en Huelva, a la que se le investigaba desde mayo del año anterior y a la que se le acabó arrebatando cinco toneladas de hachís.
Este clan de narcos ya desarticulado protagonizó un alijo que saltó a la mayoría de los medios de comunicación españoles hace dos veranos. Sobre las 18.30 horas del 26 de julio de 2024, un barco de recreo de color blanco y con la palabra Open serigrafiada a babor se aproxima a tierra. A su encuentro, por carretera, van dos vehículos. Uno es una furgoneta Renault Traffic, también blanca. El otro, un todoterreno Jeep Gran Laredo. Minutos después, el alijo se precipita.
Según el escrito de calificación fiscal remitido a la Audiencia provincial de Huelva, siete personas comienzan a trasvasar los fardos de hachís que carga el barco hasta el interior de la furgoneta. A su vez, tres hombres corpulentos vestidos «con ropajes paramilitares», ocultan su rostro con pasamontañas y sostienen fusiles de asalto. Dos de ellos están junto a la puerta trasera del vehículo. Otro varón, desde la delantera, vigila los caminos de tierra que dan acceso a la zona. Una persona que se encuentra en los alrededores graba la escena con su teléfono móvil. Esas imágenes acabarán abriendo telediarios y webs de periódicos.
Momento del alijo de la embarcación 'Open'. Los narcos están custodiados por un equipo de tres hombres armados y vestidos con "ropajes paramilitares".CRÓNICA
«España, lentamente, se está convirtiendo en un narcoestado», afirma sin ambages la fiscal antidroga de Huelva, Ana Isabel Laso, que atiende a EL MUNDO en su despacho, a primera hora de este pasado miércoles. Laso todavía tiene vivo el escalofrío que le recorrió el cuerpo durante el funeral y el entierro de los dos últimos guardias civiles muertos en la lucha contra el narcotráfico. Es consciente de que sus palabras escuecen. Pero es lo que piensa, insiste. «La sociedad española no es consciente del problema al que nos enfrentamos», continúa la fiscal antidroga.
«La imagen de ese alijo a plena luz del día, con los narcos usando personal armado como equipo de seguridad, sirvió mucho más como alerta ante los españoles que lo que yo escriba cada año en las memorias de la Fiscalía. Huelva ha tomado mucho protagonismo desde hace unos años dentro del mercado de la cocaína, aunque ya era un punto tradicional en el negocio de hachís. Aquí se han producido tiroteos en plena capital, en la provincia se han dado secuestros, torturas, desapariciones, asesinatos... El otro día murieron dos guardias civiles en alta mar persiguiendo la lancha de unos traficantes, pero el grito en el cielo lo pondremos cuando muera un civil. Ese día nos echaremos las manos a la cabeza. Sólo espero que no llegue nunca, pero, si ocurre, igual ya es tarde para ponerle soluciones. Pero claro, como todo eso está pasando en el sur, pues como que en otros sitios del país importa poco o nada».
—PREGUNTA. ¿Qué papel juega Huelva en el actual mercado global de la droga? En el imaginario colectivo siempre se habla del Estrecho, de los narcos gaditanos de La Línea, de Algeciras, de Barbate... Pero la realidad es bien distinta, ¿no?
—RESPUESTA. Así es. Los clanes que operan en Huelva se han especializado en el narcotransporte. El alijo clásico ese de que yo soy el dueño de la droga, yo me encargo de todo, yo pongo los medios, ya no existe como tal. Ahora se trabaja a modo de cooperativa. La presión policial y judicial de los últimos años en el Campo de Gibraltar [comarca de la provincia de Cádiz más al sur de la península] ha provocado que los narcos gaditanos, que siguen siendo los grandes intermediarios, vengan aquí y digan: "Necesito guarderías donde ocultar la droga tras alijarla, necesito lanchas, necesito pilotos, me hacen falta puntos que me vigilen las playas o las rías...". Hay organizaciones muy especializadas en ese tipo de servicios para los grandes traficantes. Trabajan a modo de subcontratas. Dentro de las subramas del negocio, los onubenses se han especializado al mil por mil en el petaqueo, que es el suministro de combustible a las embarcaciones que están en alta mar. Por cierto, los pilotos onubenses son muy buenos y están muy cotizados. No cualquiera mete una lancha por aquí.
—P. ¿Por qué?
—R. La provincia de Huelva tiene más de 100 kilómetros de costa muy poco edificada y hay tres ejes fundamentales de entrada de droga: el eje de Ayamonte por el río Guadiana como frontera con Portugal, el eje de Mazagón y el eje de Punta Umbría. Los narcos saben que esas tres zonas no solamente tienen muchos kilómetros de costa, sino también muchos kilómetros de ría. Son rías que se introducen dentro de tierra, que tienen acceso muy fácil a rampas para llegar con la narcolancha y por tierra con el camión o con la furgoneta hasta casi casi la orilla, poder cargar y fácilmente luego enfriar la mercancía en una guardería y desplazarla después por carretera. Los pilotos de Huelva, los criados aquí, se saben las subidas de la mar, las bajadas, los meandros... Aquí es muy fácil encallar si no conoces la zona.
La fiscal antidroga de Huelva, Ana Isabel Laso, mostrando su mano derecha sobre el Código Penal. Por motivos de seguridad, es la única imagen que permite difundir de ella. Atendió a EL MUNDO en su despacho.ANTONIO POZO (ARABA PRESS)
Ese horizonte descrito por la fiscal es conocido en Moncloa. El último informe de Seguridad Nacional, remitido al Congreso de los Diputados el pasado 11 de mayo, señala: «La presión ejercida sobre el narcotráfico en el Golfo de Cádiz y la desembocadura del río Guadalquivir ha provocado que las organizaciones dedicadas a esta actividad ilícita hayan desplazado su zona de influencia a la provincia de Huelva, río Guadiana y zona del Algarve, en Portugal (...) Las autoridades y fuerzas de seguridad españolas y portuguesas mantienen un esfuerzo continuo y coordinado para combatir esta amenaza (...) Las zonas de alijo se van ampliando cada vez más hacia el oeste...».
Existe un reciente atestado policial en el que se explica al juez instructor y a la fiscalía antidroga que un vecino de la provincia de Huelva llegó a pagar 183 repostajes en una gasolinera en menos de 48 horas.
Presuntamente, el combustible fue destinado al consumo de narcolanchas que operan en alta mar. Durante dos días, esa persona, que se encuentra investigada judicialmente, abonó, en pagos de 70 en 70 euros en dinero efectivo, el coste aproximado de llenar dos petacas de 25 litros cada una. Así, 183 veces, una tras otra. Él las pagaba y otra persona las rellenaba para llevárselas de inmediato. Pagó más de 13.000 euros en billetes en mano.
El petaqueo es un oficio de reciente creación dentro del negocio del narcotráfico. En 2018, España prohibió mediante decreto ley la compraventa de lanchas semirrígidas como las utilizadas por los traficantes. Poseer hoy en día una de ellas, aunque no vaya cargada de droga alguna, supone incurrir en un delito de contrabando. Ese cambio legislativo provocó que desde entonces las organizaciones de traficantes tengan sus grandes embarcaciones abarloadas en alta mar, con tripulaciones viviendo en el mar durante semanas y meses. Son otras lanchas de menor tamaño las que les suministran combustible.
Una embarcación con garrafas de combustible intervenida recientemente en El Puerto de Santa María (Cádiz).CRÓNICA
En Huelva, los petaqueros tienen sus propias cuotas. Si te llevan las petacas de gasolina a la bocana del río Odiel, que pasa por la ciudad de Huelva, cobran entre 60 y 80 euros por garrafa de 25 litros. Si te acercan las petacas a la boca del río Piedra, en una zona más alejada, despoblada y con grandes playas alrededor, el precio por petaca sube a 200 euros.
Si trasladan el combustible en una embarcación hasta una mejillonera que hay a unas dos millas de la costa, el coste asciende a los 250 euros. Si hay temporal, a 300. En caso de tener que transportarla a alta mar, «te piden lo que quieran», explica un experimentado agente de la lucha antidroga en la provincia. «A mayor dificultad y riesgo, más dinero piden».
Esta fuente policial explica que el incremento de la presencia de clanes en la provincia de Huelva ha provocado también que «cinco o seis» bandas criminales españolas se hayan instalado al otro lado del río Guadiana, en el sur de Portugal. Señala poblaciones como Sanlúcar de Guadiana o Vila Real de Santo António. Desde allí, adonde Crónica también viaja, Ayamonte es un pueblo vecino, y el Guadiana es sólo la frontera física que les separa. «Los miembros de las bandas van y vienen», añade.
«Usan las playas y rías del lado sur portugués para sacar embarcaciones que arreglan y confeccionan más al norte, de Lisboa hacia arriba, en narcoastilleros clandestinos. Pero los traficantes intentan que la droga, cuando realizan los alijos, no toque la margen portuguesa del Guadiana. Prefieren alijar en playas de Huelva. En Portugal, los delitos de tráfico de drogas están más penados que en España. Y les temen a las cárceles portuguesas como al demonio. Las prisiones españolas son resorts de lujo comparadas con las de allí. En este momento, creemos que la mayor parte de clanes españoles asentados en el país vecino han vuelto a cruzar la frontera en dirección a Huelva. Parece que llegaron a un acuerdo después de que un agente portugués de la guardiña muriera en el río».
Una barcaza de la Guardia Nacional Republicana en el puerto de Vila Real de Santo António (Portugal).ANTONIO POZO (ARABA PRESS)
El agente antidrogas que se cita con este periodista se refiere al colega Pedro Nuno Marques Manata, de 50 años. Falleció el 28 de octubre del pasado año. Iba a bordo de una embarcación de la Guardia Nacional de la República (GNR) que perseguía una narcolancha por el río Guadiana, en un operativo conjunto con la Guardia Civil. La embarcación de los traficantes arrolló la barcaza de la GNR, en la que iban cuatro agentes. «Muchos de esos narcos están ya en Huelva. Provisionalmente, han abandonado Portugal. Pero hay otros. Por esta zona también merodean narcos gallegos, asturianos...».
El agente Pedro Nunos Marques no es la única víctima mortal entre las fuerzas del orden que deja la lucha contra el narco en el sur de la península a ambos lados de esa frontera que marca el Guadiana. En julio de 2018, el Ministerio del Interior implantó un plan especial de seguridad para combatir a las bandas organizadas de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar. El plan Carteia se ha ido prorrogando hasta la actualidad, ampliando su campo de acción a seis de las ocho provincias de Andalucía. Ese mecanismo implicó un incremento de plantillas policiales y mejoras en los medios materiales a disposición de los agentes, como nuevos vehículos.
Desde entonces, pese a los esfuerzos por combatir el crimen organizado vinculado al negocio de las drogas, las pérdidas humanas entre los cuerpos policiales españoles han sido constantes. En total, ocho muertos. La primera de esas muertes ocurrió en mayo de 2019. El guardia civil Fermín Cabezas falleció al estrellarse con su moto mientras perseguía un coche que transportaba hachís por la autovía A-7, a la altura de Los Barrios (Cádiz). Dos años después, Agustín Cárdenas, de la Guardia Civil, murió arrollado por un coche en Jerez de la Frontera (Cádiz) que ejercía de lanzadera de otro vehículo cargado de hachís.
En febrero de 2024, otros dos agentes de la Benemérita, Miguel Ángel González y David Pérez, fallecieron en el puerto de Barbate después de que una narcolancha arrollara la zódiac en la que iban los uniformados. Un mes después, los agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil Eneko Lira y Juan Jesús López fueron atropellados, junto a cuatro personas más, en la A-4, a la altura de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), por un camión que no se percató de la existencia de un control policial. Los fallecidos civiles estaban siendo identificados, al sospecharse sus relaciones con el narcotráfico. Dos de ellos tenían antecedentes por delitos contra la salud pública.
El pasado 8 de mayo, la actividad del narco en el sur de la península se volvió a llevar dos vidas por delante. Aquel día, el capitán de la Guardia Civil Jerónimo Jiménez y su compañero Germán Pérez murieron mientras perseguían una narcolancha en alta mar, frente a las costas andaluzas. Ambos trabajaban en el servicio marítimo de Huelva. Los narcos que iban a bordo de la embarcación perseguida, cargada de petacas de combustible, todavía no han sido detenidos.
Lanchas de narcotraficantes custodiadas en un muelle de la ciudad de Huelva.ANTONIO POZO (ARABA PRESS)
«Los traficantes también son más violentos en el mar a la hora de conducir. Hay que entender que no es lo mismo perder un alijo de hachís que de cocaína, cuyo precio es mucho mayor en el mercado. Las tripulaciones saben que su vida depende, en gran medida, de que la carga llegue a manos de quien ha de llegar», explica el citado agente antinarcóticos que trabaja en la provincia de Huelva.
La fiscal antidroga Ana Laso asegura que España se encamina hacia «un escenario de guerra», donde los policías y los guardias civiles «tienen todas las de perder». «Estamos hablando de que están usando armas como si España estuviera en un conflicto armado», añade Laso. «A bordo de las lanchas, las organizaciones compradoras de la droga ponen a sus notarios para controlar la mercancía. Encima de esas embarcaciones hay amenazas, disparos, apuñalamientos... Si eso sucede entre ellos, qué no harán con quienes les combaten. Frenar ante la Guardia Civil nunca ha sido un buen negocio para los narcos, pero ahora aún menos».
En el citado informe anual de Seguridad Nacional, redactado por el Ministerio de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, se señala que la Armada española ha detectado «600 embarcaciones tipo go-fast [narcolanchas] sospechosas de llevar a cabo operaciones relacionadas con el tráfico de estupefacientes, principalmente en el área del estrecho de Gibraltar».
El documento añade que «las zonas del estrecho de Gibraltar y del arco Canarias-Atlántico [donde se engloba la costa onubense y del sur portugués] presentan una vulnerabilidad creciente para España».
En esa vasta extensión de mar, el nombre de pila y el apodo de un narcotraficante resuenan entre las fuerzas policiales españolas y portuguesas. Es el de Mohamed Escorpión.
Se trata de un traficante instalado en Marruecos a quien ni la Policía ni la Guardia Civil han puesto apellidos ni rostro, por el momento. A través de distintos teléfonos satelitales, coordina los movimientos de numerosas tripulaciones de traficantes en alta mar. Escorpión, con hilo directo con los suministradores de cocaína y hachís, facilita las coordenadas a los lancheros para que acudan al punto exacto en mitad del océano Atlántico donde debe producirse el trasvase de la mercancía, el lugar donde tiene que realizarse la posterior descarga en tierra o el repostaje de combustible desde embarcaciones de suministro de gasolina.
En una reciente operación policial, bautizada Sombra Negra, Escorpión aparece como uno de los principales cabecillas de una organización de narcos que trafica con cocaína a gran escala. La Policía Nacional, en un escrito remitido a la Audiencia Nacional y al que EL MUNDO tiene acceso, señala que la estructura criminal está liderada por Mohamed Abselam, apodado Tapi, quien se encuentra en Dubái. Desde allí, actúa como un bróker de la cocaína, cerrando acuerdos con emisarios de cárteles latinoamericanos y sufragando los costes de los envíos de farlopa a Europa.
Por debajo de él se sitúan el ceutí Hassan Mohamed Mesaud, quien ejercía de coordinador en tierra y de pagador a los miembros de la banda, y Escorpión, el coordinador desde Marruecos de las lanchas que la organización criminal tenía en el mar. «Materializan la parte más compleja del transporte, desde su recogida en el océano hasta su entrada a Canarias o Cádiz/Huelva, con los posteriores alijos para su ocultación en lugares de seguridad».
Los investigadores sólo conocen de Escorpión que se llama Mohamed y que tiene nacionalidad marroquí. «Posee el control de las narcolanchas que han transportado toneladas de cocaína hasta Canarias y la península», señalan sobre él diversos atestados policiales.
El poder de esta banda radicaba en su capacidad para asumir alijos de cocaína a más de 1.000 millas de las costas onubenses y gaditanas. Este clan de narcos era capaz de desplazar a sus tripulaciones hasta esas alejadas coordenadas en mitad del Atlántico. Los traficantes, a bordo de potentes narcolanchas de tres y cuatro motores, eran capaces de mantenerse a la espera para el trasvase de droga durante varios meses.
La embarcación nodriza que traía la droga procedente de Latinoamérica —en especial, de Colombia y Brasil— solía ser un barco pesquero. Pero, en una ocasión, en marzo de 2025, la Policía, con la ayuda de la marina portuguesa, interceptó un semisumergible con 6,6 toneladas de cocaína en su interior.
Un arma de guerra usada por unos narcotraficantes de Huelva.CRÓNICA
La investigación señala que la organización de Tapi, Escorpión y compañía es la responsable de introducir en Europa 57 toneladas de cocaína entre 2024 y 2025. La Policía Nacional consiguió incautarse de 10.400 kilos de esa droga durante el desarrollo de Sombra Negra.
Durante la investigación policial, un piloto guiado por Escorpión perdió la vida tras remontar la costa onubense y adentrarse con su lancha por las aguas del río Guadalquivir, que a su vez ejerce de frontera natural entre las provincias de Huelva y de Cádiz. Se llamaba Mustaphá Hichou. Era un ceutí de 32 años. La instrucción judicial recoge, en base a intervenciones telefónicas, que después de su muerte, Tapi, desde Dubái, ordenó pagar 12 millones de euros a la familia del narco caído, a cambio de mantener silencio.
Después de la muerte de Mustaphá Hichou, los miembros de la organización criminal para la que trabajaba realizan un «apagón comunicativo». Se deshacen de teléfonos, algunos cambian de domicilio... «Principalmente, por parte de Escorpión y las personas que son dirigidas en el escalón inmediatamente inferior a él», dice la Policía en uno de sus informes.
La fiscal antidroga de Huelva es concluyente en su análisis y promueve medidas tajantes. Ana Laso, quien no quiere ser fotografiada por motivos de seguridad, afirma rotunda: «Soy partidaria de usar la Armada española para combatir al narco. No para entrar en guerra con ellos, pero sí como medida de carácter disuasorio. Saquemos a nuestros militares al mar. ¿Está España dispuesta a eso?».
此内容由惯性聚合(RSS阅读器)自动聚合整理，仅供阅读参考。 原文来自 — 版权归原作者所有。