Editorial
El mensaje a cualquier investigado en una trama que comprometa al poder es palmario: colaborar contra el Gobierno tendr� una recompensa discreta, casi m�nima
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La decisi�n de Teresa Peramato de impedir que Anticorrupci�n solicite una rebaja mayor de pena para V�ctor de Aldama pese a su colaboraci�n con la Justicia constituye un salto cualitativo en el deterioro del Ministerio P�blico. Supone la intervenci�n de la fiscal general en un caso de corrupci�n que afecta al Gobierno, al PSOE y al c�rculo de poder que Pedro S�nchez construy� alrededor de Jos� Luis �balos. La instituci�n llamada a perseguir el delito vuelve a aparecer sometida al inter�s de La Moncloa.
El fiscal jefe Anticorrupci�n, Alejandro Luz�n, considera que la confesi�n de Aldama ha sido esencial para conocer la dimensi�n real de la organizaci�n criminal que oper� en torno al ex ministro de Transportes y a Koldo Garc�a sobre los ama�os de obra p�blica. Es la constataci�n de que el �nexo corruptor� ha aportado datos relevantes, veraces, compatibles con el material probatorio y autoinculpatorios. Aldama no s�lo se�ala a otros: admite su participaci�n y permite avanzar en ramificaciones ocultas. Lo cual no supone, en ning�n modo, una exculpaci�n de su condici�n de delincuente.
Por eso resulta tan grave que Peramato cierre la puerta a una atenuante m�s intensa. El mensaje a cualquier investigado en una trama que comprometa al poder es palmario: colaborar contra el Gobierno tendr� una recompensa discreta, casi m�nima. Si la Fiscal�a limita los efectos procesales de esa colaboraci�n, la sospecha de interferencia es inevitable.
La colaboraci�n con la Justicia en los grandes casos de corrupci�n depende de que los arrepentidos sepan que decir la verdad, aportar pruebas y asumir delitos tiene consecuencias proporcionadas. Desactivar ese incentivo equivale a proteger las zonas oscuras del poder. Y hacerlo desde la c�spide del Ministerio P�blico agrava la herida abierta por �lvaro Garc�a Ortiz, antecesor de Peramato en el cargo.
�sta podr�a haber marcado distancia con aquella Fiscal�a subordinada al relato de S�nchez. Ha elegido lo contrario. Primero purg� a quienes contradijeron la versi�n oficial en el caso del fiscal condenado y premi� al entorno de �ste. Ahora corrige a Anticorrupci�n en el momento en que su criterio perjudica al Ejecutivo. La continuidad es evidente: donde la Fiscal�a deber�a actuar como garant�a del Estado de derecho, aparece como dique frente a las investigaciones que cercan al poder.
Las condenas a Aldama en las diferentes causas abiertas las terminar�n fijando los tribunales. Pero, pol�ticamente, la decisi�n de Peramato ya es elocuente. La Fiscal�a no puede convertirse en un instrumento para desalentar la colaboraci�n en las causas que incomodan a S�nchez. Si deja de aparentar independencia en los casos de corrupci�n que afectan a la c�pula del Gobierno no s�lo se degrada su prestigio sino que se erosiona la confianza en que la ley se aplica igual cuando el investigado est� cerca del poder.