Maribel, de 46 años, era la dueña de una constructora en Medellín (Colombia). Tenía una situación desahogada, sin problemas de dinero. Ahora vive en Seseña (Toledo) y trabaja como administrativa en el barrio madrileño de San Blas. Es la única con contrato de trabajo de la familia Luna. Con su sueldo -el salario mínimo- mantiene a su madre, Gloria, y a su hijo veinteañero Juan Pablo, que estudia una FP de Construcciones Mecánicas.

Comparten piso con su hermana Yesenia, de 36 años y en paro, y los cuatro hijos de ésta, de cinco, siete, 14 y 20 años. La abuela Gloria duerme en el salón-comedor con los dos mayores. Maribel está con su hijo en una habitación y Yesenia, con los dos pequeños en otra. El marido de Yesenia, Juan Pablo, trabaja de soldador en Burgos y regresa los fines de semana para estar con ellos.

En apenas 60 metros cuadrados conviven los nueve miembros de la familia Luna, cuatro de los cuales -Maribel, Gloria y los dos Juan Pablos- pedirán acogerse a la regularización extraordinaria que aprobó ayer el Consejo de Ministros. Lo harán por la vía del asilo, por la que el Gobierno prevé dar papeles a 250.000 personas.

«Cumplimos todos los requisitos. Ya hemos pedido el certificado que acredita que no tenemos antecedentes penales y hemos pagado las tasas, podemos justificar que llevamos más de cinco meses viviendo de forma continuada en España mediante el contrato de alquiler del piso y las recetas médicas de mi mamá. También tenemos pasaporte», enumera Maribel.

Su camino no ha sido fácil. Los Luna huyeron de Colombia después de que grupos armados se apoderaran de sus tierras -la familia Luna tenía 104 hectáreas-, asesinaran a un hijo de Gloria y agredieran a Juan Pablo, el marido de Yesenia, y a Juan Pablo, el hijo de Maribel. «Iban buscando a mi mamá, dijeron que le iba a pasar como a mi hermano, que si no aparecía iba a pagar las consecuencias, así que decidimos abandonar Colombia. Nos daba pavor permanecer más tiempo allí».

En febrero de 2023 llegaron a España, en un vuelo turístico regular, Gloria y su yerno Juan Pablo. En mayo de ese mismo año les siguieron Maribel y Yesenia, con los cinco hijos de ambas, también en avión como turistas. Pidieron asilo. «La situación en Colombia ha sido igual de difícil para todos, pero se ha resuelto de forma distinta», recuerda Maribel.

Gloria y su yerno fueron acogidos por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear) y llevados a un centro en El Escorial (Madrid), mientras que Maribel y Yesenia, junto a sus hijos, fueron atendidas por Cruz Roja. A Maribel y a Juan Pablo los trasladaron a Barcelona. Yesenia y sus pequeños tuvieron que mudarse a Valencia. No fue hasta octubre de 2024 cuando pudieron juntarse todos en Seseña. No tienen más familiares en España.

El proceso administrativo también se ha desarrollado de forma diferente. A Gloria, de 66 años, le denegaron de forma muy rápida su solicitud de asilo y el recurso que presentó, a pesar de mostrar indicios de persecución y de peligro para su vida en Colombia. A su yerno Juan Pablo también se le ha rechazado la petición, pero está a la espera de que se resuelva el recurso. «Yesenia ha obtenido el permiso de residencia por razones humanitarias porque uno de sus hijos tiene autismo y le han hecho una operación a corazón abierto, pero no lo entendemos, porque es hijo también de Juan Pablo y a él no se lo han concedido», lamenta Maribel.

En su caso y en el de su hijo, siguen siendo solicitantes de asilo y aguardan una respuesta de la Administración. Mientras no se les deniegue, puede trabajar de forma legal en España. «Eso no significa que tengan papeles. Si les resuelven negativamente, se quedarían en situación irregular», aclaran en Cear, que presta apoyo jurídico a Maribel, además de haber acogido a su madre y a su cuñado en El Escorial.

Maribel está inquieta porque su tarjeta roja de solicitante de asilo vence el próximo 3 de mayo. Puede renovarla, pero teme que la Administración aproveche ese trámite para decirle que no se la conceden. «He quedado el día 23 para ir a un taller en el que me explicarán cómo pedir la regularización y lo haré al día siguiente. Como el Gobierno tiene 15 días para responder, me da miedo estar en un limbo. Si no logramos la regularización, nos quedaremos sin trabajo y sin pagar el alquiler y la familia no podrá comer», expresa.

Maribel se levanta en Seseña cada día a las 4.30 de la mañana para estar en su trabajo a las 8.00 horas en Madrid. Tiene que coger un autobús y hacer dos transbordos de metro. «Estoy tan cansada que, a veces, de regreso, me he dormido y me he pasado de parada», reconoce. Su hijo Juan Pablo estudia en un instituto público de Alcalá de Henares -después quiere hacer la carrera de Ingeniería Civil- y también tarda lo suyo. «Sale a las 5.30 para estar a las 8.00 en el instituto».

«Lo único que pido es tener una casa en Madrid y un coche o una moto para poder trasladarme», aventura Han intentado buscar piso más cerca, en Madrid, pero los precios están por las nubes y les piden todo tipo de anticipos y garantías. Por vivir en Seseña, en dos habitaciones, pagan 1.000 euros. No llegan a fin de mes ni van a poder irse de vacaciones. «La regularización es una buena solución, nos va a dar tranquilidad, sólo queremos salir adelante en la vida».