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La ex jefa de ETASoledad Iparragirre, 'Anboto', ha sido la última de una larga lista de presos de la banda terrorista que han accedido a un régimen de semilibertad por decisión del Gobierno vasco. Anboto salió de prisión el pasado 24 de marzo mediante la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, una vía que permite acceder a una situación de semilibertad muy parecida al tercer grado.
Según los datos oficiales que el Gobierno vasco ha trasladado al PP en una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso EL MUNDO, esta fórmula ha sido aplicada a un total de 48 condenados por terrorismo desde octubre de 2021, cuando el Ejecutivo formado por el PNV y el PSOE asumió la competencia de las cárceles. Veinte de ellos están actualmente saliendo de prisión con este régimen.
Las cifras revelan que el proceso se ha acelerado en los últimos meses. Desde mayo de 2025, el 100.2 se ha concedido a 18 terroristas, lo que se traduce en casi dos beneficiados cada mes durante ese periodo. Su aplicación la acuerda la Consejería de Justicia y es revisada a posteriori por el juez de vigilancia penitencia de la Audiencia Nacional. Uno de los casos más recientes es el de Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki', que en febrero empezó a salir de lunes a viernes de prisión. La Fiscalía lo avaló de forma explícita, aunque la decisión final sigue en manos del juez.
En el caso de Anboto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso ayer a su semilibertad. Según la nota de prensa difundida por el Ministerio Público, el informe del fiscal Carlos García Berro, dirigido al magistrado José Luis Castro, considera que se trata de una aplicación «encubierta» del tercer grado a la ex dirigente etarra. Esta vía «no puede funcionar como tercer grado anticipado», indica el escrito, que recuerda que el artículo 100.2 «no está diseñado para habilitar actividades ordinarias de reinserción social externas, sino como mecanismo excepcional y puntual para actividades concretas incompatibles con el régimen ordinario, y siempre dentro del itinerario progresivo».
Según la Fiscalía, la decisión de el Departamento vasco de Justicia, en manos del PSOE, «desnaturaliza» la fórmula del 100.2, «pues permite salidas diarias, con doble actividad externa (mañana y tarde), de contenido estrictamente propio del tercer grado», sin que Anboto haya accedido a dicho grado «ni reúna los presupuestos temporales mínimos».
El informe concluye que existe una «falta de motivación reforzada» de la decisión. «Tratándose de una terrorista de extrema notoriedad y especial gravedad, la concesión del 100.2 hubiera exigido una motivación reforzada, una valoración específica del impacto social y victimológico y una justificación expresa de por qué se prescinde de la progresión ordinaria». El fiscal estima, de hecho, que existe una «vulneración frontal del principio de progresividad», puesto que la condenada no ha alcanzado el cumplimiento de las 3/4 partes de la pena y «solo ha disfrutado de un permiso de dos días» que fue concedido directamente por los servicios penitenciarios, sin pasar por el juez. Así pues, no ha pasado por la fase de disfrutar de permisos más largos y reiterados que permitan valorar su comportamiento en libertad.
«La progresividad es un principio estructural del sistema penitenciario, cuyo quebranto es especialmente grave en delitos de terrorismo», expone el escrito.
Más allá del 100.2, la vía usual de excarcelación es el tercer grado. La respuesta parlamentaria del Gobierno de Imanol Pradales, fechada el 31 de marzo, indica 97 terroristas lo obtuvieron desde 2021. En 20 casos los recurrió la Fiscalía, el único órgano legalmente con esta posibilidad.
Las asociaciones de víctimas del terrorismo vienen tiempo criticando la política penitenciaria del Gobierno vasco. Según Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la cifra de semilibertades que hoy desvela EL MUNDO confirma que «se está utilizando el 100.2 como un subterfugio para la concesión de terceros grados encubiertos para los presos que no cumplen con los requisitos para ello».
A juicio de la abogada, estas cifras, sumadas a los 97 terceros grados, «retratan una situación penitenciaria en la que más del 50% de los presos etarras sale todos los días de la cárcel, ya sea unas horas -a través del 100.2-o por la aplicación del tercer grado». En su opinión, el Gobierno vasco está «más centrado en sacar de la cárcel a los presos que en que cumplan íntegramente sus condenas y se haga justicia con las víctimas». «Las víctimas solo piden que las sentencias, las condenas fijadas y los límites máximos de cumplimiento establecidos en la ley se respeten», añade. En este sentido, la AVT reclama que los presos de ETA deban efectivamente colaborar con la Justicia para acceder a concesiones. «Nosotros respetamos la ley, que dice que las penas deben estar encaminadas a la justicia y a la reinserción», recuerda la letrada.
El PP vasco fue quien exigió datos al Departamento de Justicia. A juicio de su presidente, Javier de Andrés, el Ejecutivo autonómico lleva «al límite» la aplicación de estos beneficios penitenciarios, que «muchas veces son recurridos por los jueces y otras veces no». Añade: «Ninguna ley penitenciaria estaba pensada para que se utilizara con el propósito de excarcelar a terroristas que manifiestan su respaldo a lo que hicieron».
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