Son 40 hojas de argumentos para no llevar al juicio a Bego�a G�mez y su asesora en La Moncloa y, al final, un p�rrafo reconociendo que, aunque no justifique la v�a penal, lo investigado s� entra en el campo de lo �tica y pol�ticamente cuestionable.

"Hay determinadas cuestiones�, expone el fiscal del caso Bego�a, �que pueden no resultar �ticas ni deseables en un Estado democr�tico y una Administraci�n transparente, y resulta necesario huir de situaciones de riesgo o dudas sobre la rectitud de los funcionarios p�blicos y la desviaci�n de poder".

"Es una cuesti�n de �ndole pol�tica o de realizar una regulaci�n apropiada sobre las incompatibilidades y el papel que deben jugar c�nyuge o familiares de cargos p�blicos", a�ade el representante del Ministerio P�blico, antes de insistir en que, pese a ello, "no hay delito" en los hechos investigados.

El fiscal cierra de la misma forma dos escritos presentados esta semana con el mismo objetivo y destinatarios diferentes: uno al juez Juan Carlos Peinado, para informarle de que se opone a su propuesta de abrir juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno; otro ante el tribunal de la Audiencia Provincial que revisa las decisiones, para que revoque la decisi�n del instructor de llevar el caso ante un jurado. De lo que resuelva la Secci�n 23 depender� que la esposa del presidente del Gobierno se siente en un banquillo por presuntos delitos de corrupci�n.

"De la misma suerte que podr� existir mayor o menor afinidad con el Ejecutivo de turno, pero habr� ciertas cuestiones como seguridad, viajes, acompa�amientos, personal auxiliar asistente, facultativos, y gastos vinculados al presupuesto p�blico, que resultar�n inevitables; otros podr�n ser m�s o menos ajustados o suntuarios, discutidos o comprendidos; pero no parece que deban derivarse a la v�a del Derecho Penal" insiste Jos� Manuel Baldomero.

Desde la apertura del procedimiento hace dos a�os, el fiscal del caso ha pedido su archivo. No ha visto en ning�n momento delito, si bien las dudas sobre la confusa situaci�n de la figura de la esposa del presidente y su ayudante ya aparec�an en escritos previos. En los m�s recientes y en el del pasado octubre que se opon�a al primer intento de Peinado de llevar el caso a un jurado, el fiscal dec�a que "la mera relaci�n conyugal de G�mez" no puede funcionar como una presunci�n de actuaciones sospechosas. Pero le pon�a matices: "M�s all� de consideraciones �ticas o est�ticas, conveniencia o inconveniencia de ciertas actuaciones".

Las menciones del Ministerio P�blico sobre la situaci�n de Bego�a G�mez y su asesora habr�n interesado en La Moncloa, donde esa investigaci�n es uno de los asuntos que m�s zozobra provoca. Desde el primer momento, la m�xima ha sido presentar el asunto como una operaci�n contra el presidente del Gobierno para hacerlo caer. "Se trata de una operaci�n de acoso y derribo por tierra, mar y aire, para intentar hacerme desfallecer en lo pol�tico y en lo personal atacando a mi esposa", escribi� S�nchez en su carta a la ciudadan�a en abril de 2024, cuando se conoci� que el juez investigaba a su mujer. "Soy consciente de que denuncian a Bego�a no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa�.

En los �ltimos dos a�os, en distintas entrevistas se le ha preguntado directamente a S�nchez acerca de si no hab�a nada cuestionable o reprochable en la actividad de su mujer. "Lo hizo todo bien", asegur� en La Sexta. "Aqu� no hay caso, hay fango. Estamos hablando de un enorme bulo, que lo �nico que pretende es hacer da�o a mi esposa y por extensi�n a m�". Pregunta en La Ser: "�No hay nada en la actividad profesional de su mujer que sea reprochable, aunque no sea constitutivo de delito". Respuesta: "No hay nada, absolutamente nada".

Sin embargo, esas dudas s� han aparecido en algunos socios del PSOE. El PNV abri� esa caja en el Congreso, ya en julio de 2024, cuando su entonces portavoz, Aitor Esteban, apunt� que, desde su punto de vista, "seguramente no habr� caso penal, pero hay l�mites m�s all� de lo legal. Es puro sentido com�n. Hay cosas que no se deben hacer. Y hay que decirlo. Cuando suceden estas cosas, hay que llevarlas al punto de gravedad que tienen... Pero negar este tipo de cosas y no abordar el aspecto �tico me parece un error por parte de todos".

Tambi�n otros partidos como el Partido Popular, pero tambi�n ERC, se mostraron partidarios de regular la figura del c�nyuge del presidente o presidenta del Gobierno porque as� "acabar�amos con seg�n qu� cosas", expuso Gabriel Rufi�n, portavoz de los republicanos.

Desde el Ejecutivo han rechazado acometer esta regulaci�n, argumentando la dificultad del asunto y, entre otras cosas, que Bego�a G�mez no es un cargo ni empleado p�blico y que los familiares de altos cargos ya est�n sujetos a control. Defienden que todas las parejas de los presidentes del Gobierno han contado con una persona que les ha asistido en cuestiones log�sticas y operativas.

S�nchez y sus ministros han repetido todos estos meses una idea: "No hay nada". "Estamos absolutamente tranquilos, porque no hay caso. M�s pronto que tarde, la verdad se abrir� paso y pondr� las cosas en su sitio", es el mensaje que repiten fuentes gubernamentales. "Es una persecuci�n indudable, injustificada, inhumana y cruel contra el presidente del Gobierno y contra su familia", han llegado a asegurar los miembros del Ejecutivo.

Aunque el supuesto objetivo directo de esa persecuci�n sea la esposa del presidente, ha alcanzado a su asistente en La Moncloa, Cristina �lvarez, a la que G�mez escogi� en 2018 como su colaboradora. Sobre ella, el fiscal considera que lo que haya podido dedicar a las tareas particulares de la esposa de S�nchez no bastan para entrar en el campo penal. "Las actuaciones adicionales que haya podido realizar en esta peculiar situaci�n y relaci�n no deben considerarse como delictivas, habida cuenta de la insignificancia de la actuaci�n (a la vista de la naturaleza de las gestiones y tiempo presumiblemente empleado), y por la inexistencia de perjuicio para al erario p�blico".

Tambi�n pide el fiscal para reclamar el archivo tener en cuenta que todo aquello que le tocaba cumplir como empleada p�blica lo llev� a cabo. "Ha desempe�ado las funciones inherentes al puesto para el que fue designada, con unas funciones que no gozan de una reglamentaci�n expresa desarrollada, pero que han sido cumplidas sin reparos".