Presentará una denuncia al entender que la decisión de Interior es "política" e "ilegal"
El comisario Julian Puente en una imagen de archivo.EL MUNDO
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El Ministerio del Interior destituyó de manera fulminante al comisario del Senado el pasado jueves alegando una «pérdida de confianza» que, según el entorno de Julián Puente, no está motivada, tal y como exige el reglamento. Por eso, el jefe policial ya prepara una demanda que incluye numerosas «incongruencias» en el motivo por el que se ha firmado su cese. Considera que la decisión es «ilegal». La demanda desliza que su salida del escalón más alto de la Comisaría Especial de la Cámara Alta obedece a «motivos políticos».
La amenaza de su cese venía fraguándose desde el pasado mes de marzo, según ha podido saber EL MUNDO de fuentes de toda solvencia, y coincidió con el incidente protagonizado por el periodista Vito Quiles y la tertuliana de televisión Sarah Santaolalla, que había acudido al Senado invitada por los parlamentarios del PSOE. Fue el 11 de marzo cuando Quiles la abordó en la Plaza de la Marina, la entrada principal al Senado. «Los senadores socialistas se quejaron de que la Policía no protegió lo suficiente a Santaolalla», revelan.
Días más tarde, un superior comunicó a Puente que no iba a tener futuro en su cargo, revelan las mismas fuentes. La frase textual que se le trasladó a Puente fue la siguiente, según precisan: «El director te va a cesar». Dos meses después, la juez archivó la denuncia que Santaolalla había presentado asegurando haber sido víctima de acoso y agresión aquella tarde cuando abandonó la institución. Consideró que no había habido delito. El ambiente se apaciguó en la Comisaría del Senado pero esa calma tensa apenas duró unos días, explican desde el entorno del comisario.
«De manera sospechosa» se recuperó la denuncia de un sindicato que se había presentado contra Puente en octubre de 2025 y que, hasta ese momento, estaba guardada en un cajón. La unidad de prevención de riesgos laborales de la Policía remitió un oficio a la Subdirección de Recursos Humanos. Comenzó a tramitarse por, decían los sindicatos, el malestar que había en la comisaría. Sin embargo, en el informe técnico de la defensa de Puente, al que ha tenido acceso este periódico, se revela que la evaluación psicosocial «ha sido activada como instrumento de presión política y no como herramienta preventiva».
El letrado de Puente recurrirá y solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que adopte medidas cautelarísimas de reingreso a su anterior destino en el Senado, por considerar que se trata de una decisión irregular que «lesiona sus derechos y vulnera su legitima defensa». Además, aseguran desde su entorno, presentará una demanda por la vía contencioso-administrativa para impugnar la decisión que firmó Francisco Pardo, director general de la Policía. Julián Puente ha solicitado al Ministerio del Interior el informe en el que se argumenta la «pérdida de confianza» porque, insisten desde su entorno, todavía no se lo han entregado y conocer esa razón «es fundamental».
En ese informe psicosocial en el que la defensa del comisario Puente ha detectado incluso «corta y pega en una de las cabeceras», denuncian. «El fin último de realizar una prueba psicosocial es aplicar las medidas que se consideren oportunas para corregir posibles problemas, no para cesar a un comisario del cargo», añaden. Para eso, insisten las mismas fuentes, es necesario «motivar» la pérdida de confianza.
El director general de la Policía, por su parte, justifica la destitución fulminante por «pérdida de confianza» en «la forma de ejercer la responsabilidad del mando y liderazgo por el actual titular». «Acoso, estrés y malestar generalizado» que motivó la realización de un informe psicosocial a instancias de la Subdirección General de Recursos Humanos.
Desde el entorno de Julián Puente insisten que el objetivo era aportar las medidas necesarias para acabar con los riesgos detectados para los empleados. Por su parte, desde la Policía Nacional niegan tajantemente que el cese obedezca a motivos políticos. «No es un cese político. La denuncia se presenta en octubre pero en febrero se acuerda realizarlo. El cese se produce como consecuencia de las denuncias de los sindicatos y de la evaluación de riesgos psicosocial», zanjan.