Durante 5 años Yohir Akerman estuvo deslizándose sigilosamente por España sin ser detectado, como era su intención. Extrañamente no dejó rastro alguno del espinoso y turbio asunto para el que había sido contratado. Extrañamente porque en los límites de su magma operativo estaban, según la UCO, los nombres y los intereses poco discretos de las cloacas, como los de Leire Díez, Pérez Dolset o Villarejo. Fuentes judiciales aseguran, aunque los dos lo niegan rotundamente, que ha trabajado a las órdenes de Nervis Villalobos, el viceministro de Energía de Hugo Chávez perseguido en EEUU y Suiza y con varias causas pendientes abiertas en España.

Ahora, sin embargo, este hombre de 48 años a quienes sus detractores llaman el "espía colombiano" o "el mercenario del periodismo" ha salido a la luz involucrado, junto a dos de sus empleados —el lituano Vytenis Didziulis y el colombiano Henry Molano, que fuera candidato de Podemos por Cuenca—, en el caso en el que el juez Pedraz indaga las extorsiones o los intentos de extorsión a fiscales y jueces que han investigado o juzgado la presunta corrupción del PSOE y del entorno del presidente Sánchez.

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Desconocido por estos lares, Akerman resulta ser bastante célebre en países como Colombia o Ecuador, donde ejecuta una simbiosis casi imposible de combinar: ejerce por el día de columnista de izquierdas en una revista llamada Cambio y por la noche como directivo de la empresa Guidepost Solutions, que incluye prácticas de «inteligencia estratégica», como él la define para Crónica, que han despertado denuncias y controversias. Sobre algunas de estas controversias le ha preguntado este suplemento. Akerman solicitó un cuestionario previo —sin posibilidad de repreguntar dado lo laborioso de la solicitud de permisos para dar respuesta— y contestó sólo a algunas cosas. Se aferró a su deber de confidencialidad por la naturaleza de las labores que realiza.

Yohir Akerman, nacido en Colombia, pero con nacionalidad también estadounidense, de origen judío, es hijo de Moritz Akerman, que fuera durante casi una década mediador entre el Gobierno de César Gaviria y las FARC, y de Amalia Lú Posso Figueroa, una conocida miembro del Partido Comunista colombiano. Afirma haber realizado estudios de Derecho, Ciencia Política y Economía en la Universidad de los Andes y haberse iniciado como editor y periodista hasta pasar al sector de investigaciones corporativas. Trabajó en una empresa del ramo llamada Kroll y fundó con su socio, Andrés Otero, su propia firma, Custom Information Services, que acabó siendo adquirida por Guidepost con sede en Nueva York, de la que es presidente para Latinoamérica. Reside en Miami y tiene licencia de investigador privado por Florida.

LA LLAMADA

Desde Nueva York realizó la llamada que le ha llevado a constar en las investigaciones de la UCO. Yohir Akerman ha asegurado a este periódico que recibió un encargo de un despacho de abogados estadounidense de mucho prestigio, cuyo nombre no ha querido desvelar, para que investigase al fiscal de Anticorrupción José Grinda. Según afirma, en las indagaciones descubrió el caso de la joven jienense Miriam Serrano, con quien el fiscal se había puesto en contacto por la aplicación Badoo, que ambos usaban de forma anónima, cuando ella era menor de edad, aunque se presentaba como si tuviera 22 años. No importó que el caso estuviera penalmente cerrado desde 2017, ni que se demostrase en los juzgados que el fiscal cortó la comunicación apenas supo la edad de la joven y le advirtiera de que lo que hacía era ilegal. De hecho, cuando un periodista le hizo notar ambas cosas, para justificar la operación, atribuyó gravemente al fiscal Grinda unos comportamientos pedófilos que no detalló ni pudo demostrar. Akerman argumenta que él consideró que la mujer «no había sido escuchada» y había que «darle voz», le informó de que su contraparte era un fiscal y en 2020 se ofreció a reabrir su causa. «Para entender qué había pasado y ayudarla a visualizar el caso», explicó en una emisora local.

Akerman asegura que, años después, en 2024, la importante empresa de abogados que le contrató le indicó que Leire Díez quería ver a Miriam. Y Miriam ha relatado que Akerman y Vytenis Didziulis, un supuesto periodista que se presentó como abogado, a quien el marido de Miriam define como un hombre serio y distante, casi siniestro —el colombiano tuvo que precisar sobre el lituano que «no es una persona oscura sino un periodista investigativo con los estándares muy altos»—, le gestionaron y pagaron el viaje y la estancia en un hotel de lujo en Madrid, el Radisson, para que viera a la fontanera y se reuniera con Santos Cerdán, entonces «número 3» del PSOE.

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Akerman no ha explicado con claridad cómo dejaron a una mujer a la que presenta como una «víctima» y «vulnerable» en manos de Leire sin más (sólo ha afirmado que Leire se sintió muy identificada con su tragedia); ni cómo Leire dio con el misterioso despacho de abogados que le había contratado a él...

EL PACTO

Pero los investigadores de la UCO y las fuentes judiciales consultadas por Crónica manejan una hipótesis, a pesar de que Akerman niega a Crónica conocer siquiera a Nervis Villalobos y desmiente haber trabajado para él en el pasado, como han publicado medios colombianos como El Expediente, que extienden esta relación a otros políticos chavistas. Hacia 2017, Villalobos recaló en España y trató de conseguir la nacionalidad para no ser extraditado a Estados Unidos, donde le esperaban acusaciones por blanqueo que podían meterle décadas en prisión. Su historial no facilitaba, precisamente, la concesión de esa nacionalidad. Y las investigaciones que contra él estaba realizando el fiscal Grinda por delitos de corrupción y de blanqueo a través de la venta de petróleo venezolano, empeoraban su situación.

Las fuentes judiciales consultadas barajan que Villalobos habría contratado a Akerman para presionar a Grinda y que después vio una oportunidad para obtener la nacionalidad cuando supo que Leire también quería extorsionar al fiscal para que cerrara procedimientos comprometedores y le facilitase información sensible contra el fiscal jefe de Anticorrupción, Álvaro Luzón.

Los intercambios de mensajes entre Leire y Villalobos confirmarían que ambos habían llegado a un pacto en el que la joven localizada por Akerman era fundamental. «¿Ya hemos confirmado a la chica de Jaén?», preguntaría ella a Nervis por WhatsApp poco antes de su reunión. «Me dicen el lugar esta noche», respondió él. Casualmente, después de dos intentos fallidos de obtener la nacionalidad desde 2017, a la tercera, tras las gestiones de Leire recogidas por la UCO, Nervis Villalobos la consiguió en abril del año pasado por la extravagante vía de la Ley de Memoria Histórica, (a pesar de que su abuela se habría marchado de España antes de la Guerra Civil).

A la pregunta sobre si no le pareció raro que el PSOE estuviese interesado en desprestigiar a una fiscalía que estaba investigando a algunos de sus dirigentes, Akerman asegura a Crónica: «El enfoque no estaba dirigido a desacreditar a ninguna institución española, sino a que una víctima fuese escuchada... Puedo decir que esa operación nunca nos fue presentada como parte de una operación política».

Tras los servicios prestados, Miriam ha asegurado a la UCO que Akerman se esforzó para que Juan Manuel Serrano, el que fuera hombre de confianza de Pedro Sánchez, que acabó dirigiendo Correos, le diese un puesto de trabajo. Y eso hizo. Pero, a pesar de su vulnerabilidad y la identificación que Leire aseguró tener con ella, éste fue temporal y Miriam, ahora, acumula trabajos para poder vivir.

LAS MULTINACIONALES

Aparte de su relación con chavistas y bolichicos, que él desmiente, Akerman es mencionado en los medios latinoamericanos en 2013, cuando la oficina migratoria de Ecuador detecta su entrada en el país junto a los norteamericanos Andrés Rivero y Gideon Sam Anson en representación todos ellos de la empresa Kroll Ontrack. El periódico digital El Telégrafo los llamó los «agentes secretos» que trabajaban para la Chevron (antes Texaco) —una empresa con precedentes de intentar comprar a periodistas—y cuya labor era la de «dialogar e intimidar a exjueces, funcionarios y técnicos» vinculados con el juicio por contaminación ambiental que se estaba siguiendo contra la petrolera por destrozar la amazonia y perjudicar la salud de 30.000 habitantes entre 1964 y 1992.

Según El Telégrafo, uno de los tocados fue el juez Alberto Guerra, presidente de la Corte Superior de Sucumbíos, que habría recibido 316.000 dólares a cambio de afirmar que la sentencia que condenaba a Chevron a pagar una indemnización de 19.000 millones de dólares fue redactada clandestinamente fuera de la Corte por los propios abogados de los demandantes. El portavoz de Chevron, Kent Robertson, acabó confirmando que se le había pagado al juez y se le había sacado del país junto a su familia «por su seguridad». Otro de los afectados fue el magistrado que condenó a la multinacional, Nicolás Zambrano, que condenó a Chevron y a quien el «agente secreto» Rivera llamó para «intimidarle». «Las autoridades de Chevron quieren hablar con usted, a usted le conviene, yo puedo estar en su casa en cinco minutos. Sé que usted está acompañado», se recoge en una grabación que fue publicada en la web texacotoxico.

El Telégrafo publicó entonces que Akerman tenía como función «cuadrar» las notas de reporteros de la región y «ensuciar» la sentencia. A la pregunta de Crónica sobre si alguna vez ha recogido información privada sobre jueces y fiscales en este o en otro país, Akerman sostiene que no puede «desvelar detalles» y que su trabajo «siempre ha sido realizado de manera legal» y que quien afirme o sugiera que su trabajo es ilegal o impropio, podría estar sujeto «a acciones legales por difamación».

Cabe precisar que Chevron consiguió, con la presentación de recursos en tribunales internacionales, revertir la sentencia y responsabilizar al Gobierno ecuatoriano de la contaminación, asegurando que la petrolera lo había dejado todo limpio al marcharse y fue responsabilidad del Estado lo que ocurrió después.

Diversos medios le mencionan también por la contribución de Guidepost al proceso contra Chiquita Brand —antes United Fruit Company— en Colombia. Empresarios de la firma bananera fueron juzgados por haber entregado 1,7 millones de dólares a los paramilitares de ultraderecha Autodefensas Unidas, a través de Convivir, que eran cooperativas legales pero que en algunas zonas eran controladas por estos grupos terroristas. Guidepost elaboró un informe el 13 de julio de 2020, Privilegiado y confidencial, alegando, en contra de las noticias de prensa y de los informes de Human Rigths Watch, que los directivos de Chiquita no podían saber la fagocitación terrorista de las cooperativas porque hasta el año en el que se efectuaron los pagos, nada se había alertado públicamente. Akerman alegó entonces que ese proceso lo había manejado su socio Andrés Otero, con el que fundó Custom Information Services, comprada después por Guidepost, y que no era cierto que su informe tuviera falsedades. Un juez estadounidense ni siquiera dejó declarar a Otero en el procedimiento. La revista Vorágine rebatió de forma exhaustiva el dossier de la multinacional. Akerman respondió que la publicación se había centrado en sólo 10 páginas de más de 50 y que su pretensión era la de atacarle.

Su situación es tan ambigua que la Liga contra el Silencio y la Fundación para la Libertad de Prensa colombianas han señalado el conflicto de intereses entre el Akerman columnista y el de Guidepost. Él mismo ha tenido que aclarar recientemente que el trabajo que hizo en España no lo hizo como periodista.

La visita de Miriam al PSOE, llevada por Akerman y el despacho que le contrató, descubre una oscura sinergia intercontinental. Sobre determinados métodos, hay pocas cosas que las cloacas socialistas no hayan sistematizado previamente con competencia.

Se ha especulado con las cantidades que Akerman cobra por sus trabajos. Los periodistas ecuatorianos del blog Palabras Mayores afirman que Chevron le pagó un millón de dólares y que en campaña electoral puede recibir 100.000 dólares por determinados trabajos. A la pregunta de cuánto cobró por la operación en España, Akerman responde: «No puedo revelar cuánto me han pagado».