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El Gobierno desv�a 2.389 millones de los fondos europeos ...
Carlos Segov · 2026-05-05 · via Premium

Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas aprueba con fuerte tensi�n interna tras las irregularidades encontradas la Declaraci�n de la Cuenta General del Estado

La candidata socialista a la Junta de Andaluc�a y ministra de Hacienda en la �poca de los hechos criticados por el Tribunal de Cuentas

La candidata socialista a la Junta de Andaluc�a y ministra de Hacienda en la �poca de los hechos criticados por el Tribunal de CuentasEFE

Actualizado

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El Gobierno ha desviado al menos 2.389 millones de euros de fondos europeos para pagos de pensiones, seg�n constata el Tribunal de Cuentas en su Declaraci�n sobre la Cuenta General del Estado aprobada con fuerte tensi�n interna la pasada semana y publicada ahora.

"La insuficiencia de cr�dito presupuestario para atender compromisos ineludibles de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones m�nimas motiv� que en noviembre de 2024 se autorizaran dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros, ambas financiadas con cr�ditos sobrantes del Mecanismo de Recuperaci�n y Resiliencia", certifica el Tribunal de Cuentas como una de las irregularidades detectadas en su auditor�a a las cuentas del Estado.

"A juicio del Tribunal, esta actuaci�n se ha llevado a cabo bajo unos fundamentos jur�dicos que deber�an haber quedado mejor justificados, dado que existe una incertidumbre sobre la aplicabilidad en 2024 de limitaciones al uso de los cr�ditos sobrantes", a�ade el informe que confirma lo publicado por EL MUNDO el pasado domingo. La responsable del desv�o en 2024, �ltimo a�o fiscalizado por el Tribunal, era la ministra de Hacienda entonces, Mar�a Jes�s Montero, actual candidata socialista a la Junta de Andaluc�a. El argumento del Ministerio de Montero para justificar tal desv�o es que fue un uso "excepcional" y que no da�� el cumplimiento del plan pactado con Bruselas por ser "importes excedentarios".

Adem�s, el Tribunal de Cuentas critica los "efectos de la pr�rroga presupuestaria" al gobernar Pedro S�nchez con las cuentas aprobadas en 2022. "La falta de presentaci�n del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2024 determin� que durante todo el ejercicio estuviesen en vigor los prorrogados de 2023, como consecuencia de lo cual ha existido una incertidumbre sobre la aplicabilidad en 2024 de determinadas normas vinculadas a la gesti�n presupuestaria", reprocha.

"Tras la tramitaci�n de las oportunas modificaciones presupuestarias, los cr�ditos definitivos superaron en 77.341,9 millones de euros a los iniciales, de los cuales el 95 % se tuvieron que financiar apelando a la variaci�n del saldo vivo de la deuda, aunque el buen comportamiento de los ingresos permiti� que dicha variaci�n del saldo vivo de la deuda no alcanzase este importe", recalca el organismo fiscalizador en el que tiene mayor�a el PSOE con la presidenta, Enriqueta Chicano, a la cabeza. Sin embargo, en un choque sin precedentes, hasta seis consejeros, la mayor�a propuestos por el PP, han expresado voto concurrrente por la falta de dureza del informe y un s�ptimo, Javier Morillas, ha presentado el primer voto en contra en la historia del Tribunal de Cuentas contra la Declaraci�n de la Cuenta General del Estado por considerar que las irregularidades halladas son suficientes como para emitir este voto.

El informe tambi�n constata que, pese a las reformas del sistema de pensiones, "el balance de la Seguridad social recoge por octavo a�o consecutivo un patrimonio neto negativo (a 31 de diciembre de 2024, 106.138,7 millones de euros), financiado principalmente a trav�s de pr�stamos del Estado cuyo importe acumulado en 2024 asciende a 126.170,2 millones de euros, un 7,91 % del PIB".

"El Tribunal de Cuentas viene advirtiendo sobre esta situaci�n en las sucesivas Declaraciones, indicando la necesidad de adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad financiera del Sistema a medio y largo plazo", insiste el organismo al Gobierno.

Tambi�n destaca en su an�lisis de la cuenta estatal "la sobrevaloraci�n del resultado presupuestario consolidado en 4.090,3 millones de euros por una incorrecta imputaci�n temporal de obligaciones y derechos durante el ejercicio fiscalizado". Y, "adem�s, se pone de manifiesto la existencia de pagos a justificar pendientes de justificaci�n o aprobaci�n, por 1.627,1 millones de euros, que han superado los plazos establecidos en la normativa a estos efectos".