Tienen un valor patrimonial combinado de unos 25.000 millones de euros y generan unos beneficios a la economía española de más de 35.000 millones de euros
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El 15 de julio de 1970 finalizaron las obras de la presa de Forata, por lo que este verano cumplirá 56 años. No es, en cualquier caso, una de las más antiguas de las 2.453 presas que hay España; sin salir siquiera de la provincia de Valencia, el embalse de Benagéber, por ejemplo, data de 1952. De hecho, esos 56 años prácticamente coinciden con la edad media de las presas del país: 55 años, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Por ello, un plan de 2023 establece 95 medidas concretas a las que se deben destinar 464,4 millones de euros al año hasta 2033 para modernizar el parque.
El informe, la Línea de actuación para la mejora de la seguridad de presas y embalses, es un documento publicado por la Dirección General del Agua, órgano dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. En él se detalla tanto el estado de las presas en lo relativo a la seguridad como los cambios necesarios para mejorarla y para "garantizar a la sociedad que estas infraestructuras, que son indispensables, se mantienen y explotan de forma correcta y de acuerdo con todo lo establecido con la normativa de seguridad de presas vigente".
Así, aunque en los próximos años únicamente se recomienda efectuar actuaciones en el 42% de las presas, el documento concluye que el 60% del total va a necesitar acometerlas "en el futuro más próximo". Entre las que ya necesitan algún tipo de medida, las más comunes son las relacionadas con la mejora de las condiciones en las que se encuentran sus desagües de fondo (19%), seguidas de las correspondientes a aspectos relativos a la seguridad hidrológica-hidráulica (13%) y la seguridad estructural (10%). Los datos también muestran que hay un 16% con capacidad insuficiente para desaguar avenida extrema o en las que existe incertidumbre sobre el comportamiento de las estructuras de disipación de energía y entrega de caudales al río. También es reseñable que casi la mitad (45%) tiene problemas con el desagüe de fondo. También es reseñable que un 45% tiene problemas con el desagüe de fondo según el el Reglamento Técnico sobre Seguridad de presas y embalses, que aunque ya derogado era la normativa en vigor a la hora de elaborar las presas. En el 12% de las presas no están operativos este desagüe o elementos y equipos de maniobra de compuertas de aliviadero y en el 20% existe incertidumbre en su funcionamiento.
Un 56% del total son pequeñas presas, mientras que 1.093 tienen la consideración de grandes presas. Todas ellas cierran un total de 2.300 embalses con capacidad para almacenar más de 56.000 hm3. Como curiosidad, el embalse de mayor capacidad de España es La Serena, en Badajoz, con 3.219 hm3 de capacidad -Extremadura es, de hecho, la Comunidad Autónoma con mayor capacidad de embalse- y la presa más alta de España es la presa de Almendra, en la provincia de Salamanca, con una altura de 202 metros. En función del riesgo potencial que presentaría una rotura o funcionamiento incorrecto se dividen entres categorías: A, B y C. La primera corresponde a aquellas en las que un problema puede afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy importantes; la segunda, a las que pueden producir daños materiales o medioambientales importantes o afectar a un número reducido de viviendas; y la tercera, a las que pueden producir daños materiales o medioambientales de moderada importancia y solo incidentalmente pérdida de vidas humanas.
Por lo tanto, la inversión reforzaría unas infraestructuras clave. Si bien la mayoría -en torno al 55%- son de categoría C, hay cerca de un 39% de categoría A. Pero además, las presas tienen, según el mismo informe, un valor patrimonial de unos 25.000 millones de euros (la cifra es una actualización de una estimación de 2014 del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, que situaba el valor en 21.270 millones de euros). En lo que respecta al retorno, el documento defiende que el agua que almacenan los embalses "genera unos beneficios a la economía española de más de 35.000 millones de euros", lo que equivaldría a casi el 3% del PIB. El cálculo incluye los servicios del agua, el valor añadido de la producción agraria del regadío, un 3% del PIB industrial y del turismo y el valor de la producción hidroeléctrica.
En lo que va de 2026, la hidroeléctrica ha sido la tercera fuente de generación más importante del país, responsable de un 16,1% del total de la electricidad, sólo por detrás de la eólica (31,8%) y la nuclear (19,7%). De todos modos, el porcentaje debería bajar a lo largo del año, especialmente en los meses de verano y acercarse al 10% de media que ha sumado en los últimos cinco años. En este periodo la sequía afectó a la producción de las presas del país, que en 2022 tan solo aportaron el 6,6% de la electricidad. En 2024 (13,3%) y 2025 (12,4%) recuperaron algo de normalidad y también tuvieron importancia tras el apagón del 28 de abril: fueron las encargadas de devolver la luz a España.