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La justicia de El Salvador ha comenzado un hist�rico juicio colectivo contra 468 l�deres de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), acusados de orquestar una estructura criminal que cometi� m�s de 47.000 delitos entre los a�os 2012 y 2022. Seg�n inform� el Fiscal General de la Rep�blica, Rodolfo Delgado, estos cr�menes fueron ordenados directamente por la c�pula y ejecutados a nivel nacional, provocando un clima de "temor y luto" en miles de familias salvadore�as durante una d�cada.
El proceso judicial abarca cargos de extrema gravedad, incluyendo homicidio, feminicidio, extorsi�n, tr�fico de armas y desaparici�n de personas. Las audiencias se llevan a cabo en un Tribunal contra el Crimen Organizado, siguiendo la reforma del C�digo Penal aprobada en julio de 2023, que permite agrupar a los imputados seg�n su pertenencia a grupos criminales o territorios espec�ficos. Actualmente, 413 de los procesados se encuentran recluidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), la prisi�n de m�xima seguridad construida bajo el mandato del presidente Nayib Bukele.
Este macrojuicio se enmarca dentro del r�gimen de excepci�n vigente desde marzo de 2022, una medida que ha permitido la captura de unas 91.300 personas acusadas de v�nculos con pandillas. No obstante, las fuentes se�alan que el estado de excepci�n es objeto de cr�ticas, ya que suspende derechos fundamentales como el acceso a un abogado o la notificaci�n de los motivos de la detenci�n. Adem�s, permite a las fuerzas de seguridad intervenir telecomunicaciones sin orden judicial y prolonga la detenci�n sin audiencia hasta los 15 d�as.
Mientras el Gobierno defiende la eficacia de estas medidas, se�alando que unos 8.000 inocentes han sido liberados tras su captura inicial, organizaciones de derechos humanos denuncian una realidad preocupante. Seg�n los datos de las fuentes, se han registrado m�s de 6.000 denuncias por abusos y se ha documentado la muerte de al menos 488 personas mientras se encontraban bajo custodia estatal. Este proceso consolida la tendencia de las sentencias colectivas en el pa�s, tras juicios previos contra integrantes de otras bandas como el Barrio 18.