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En materia de derechos humanos, casi todo sigue igual en la Venezuela del chavismo reciclado nacido tras la captura de Nicol�s Maduro del pasado 3 de enero. As� de claro lo tiene Amnist�a Internacional (AI), pese a la publicaci�n de la pol�mica Ley de Amnist�a, vigente desde febrero en el pa�s caribe�o y que la propaganda revolucionaria vende como principal herramienta para reconciliaci�n del pa�s.
"La Ley de Amnist�a se empieza a construir como un elemento m�s del aparato represivo y no como un gesto real para la liberaci�n de las personas y la garant�a de sus derechos. La ley se convierte en un mecanismo represivo m�s en un contexto de normalizaci�n de los cr�menes de lesa humanidad", desvela Nastassja Rojas, directora adjunta de AI Venezuela.
"Es un patr�n de actuaci�n estatal que se repite, es un aparato represivo que se coordina y act�a. No se trata de hechos aislados, sino de una pr�ctica estatal que sigue vigente", a�ade la defensora de derechos humanos.
La ley chucuta (tramposa) impuesta desde Washington y elaborada de forma expr�s por el c�rculo cercano de Delcy Rodr�guez, presidenta encargada del gobierno de facto, mantiene todav�a entre rejas a 470 prisioneros pol�ticos, seg�n el Foro Penal. Es m�s, de las 700 excarcelaciones llevadas a cabo desde enero s�lo la cuarta parte han ocurrido como consecuencia de la Ley de Amnist�a.
Rojas destaca a EL MUNDO el caso del defensor de derechos Javier Tarazona, uno de los m�s reconocidos del pa�s, que sufre todav�a medidas cautelares ordenadas por el juez. Lo mismo sucede con buena parte de los beneficiados por la nueva coyuntura pol�tica del pa�s, que no pueden gozar de la libertad por los intereses pol�ticos del chavismo comandado por los hermanos Delcy y Jorge Rodr�guez, cabecilla del �rgano legislativo revolucionarios.
"Esas excarcelaciones no significan el fin de la persecuci�n", concluye Rojas. Otros activistas que han recuperado la libertad bajo condiciones son la hispanovenezolana Roc�o San Miguel, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejeda, entre otros.
El Centro para los Defensores y la Justicia acredit� m�s de 400 ataques contra defensores de derechos humanos y al igual que AI record� que el sistema de leyes represivas, tambi�n contra las organizaciones no gubernamentales, impuestas por el Palacio de Miraflores en tiempos de Nicol�s Maduro sigue vigente.
De hecho, una de las cortinas de humo empleadas desde el nuevo poder bolivariano se basa en las acusaciones, desmentidas por las v�ctimas, contra organizaciones que apoyan a los presos pol�ticos.
La presentaci�n del informe anual de AI, con las libertades bajo asedio en la regi�n, ha coincidido adem�s con la crisis carcelaria en Venezuela. Seg�n el Observatorio de Prisiones, al menos siete privados de libertad han muerto en las �ltimas horas, cinco de ellos durante el mot�n en la prisi�n del Yare III, con reconocimiento oficial incluido.
La prestigiosa organizaci�n de derechos humanos ha sufrido en sus propias carnes los tent�culos transnacionales de Caracas. Yendri Vel�squez, gerente de campa�as de AI en Venezuela, y el analista pol�tico Luis Peche fueron atacados por tres sicarios en octubre de 2025 en Bogot�. Recibieron 14 balazos, pero salvaron milagrosamente sus vidas. "Exigimos a la Fiscal�a de Colombia, transcurridos m�s de seis meses, resultados sobre las personas responsables de este ataque", subraya Valentina Ballesta, directora de investigaci�n para las Am�ricas de AI.
En entrevista con EL MUNDO, Vel�squez denuncia que la investigaci�n sobre su atentado no avanza por la complicidad del Gobierno de Gustavo Petro con la dictadura revolucionaria. "El atentado forma parte de una estrategia para sembrar miedo y terror entre los refugiados venezolanos en Colombia (la di�spora en el pa�s vecino supera las 2.800.000 personas), la continuaci�n de la pol�tica de terror instaurada en Venezuela", sostiene Vel�squez.
La organizaci�n de derechos humanos tambi�n destac� en su informe las ejecuciones extrajudiciales que se suceden en el Caribe y el Pac�fico desde que EEUU desplegar� sus efectivos navales para su operativo Lanza del Sur contra el C�rtel de los Soles venezolano. Los ataques a las supuestas narcolanchas, que ya se han cobrado la vida de 160 personas, "muestran la postura de EEUU respecto a la seguridad en la regi�n, en colaboraci�n con otros pa�ses, como Ecuador y M�xico. El poder militar de EEUU usado para violar los derechos humanos", destaca la organizaci�n. A d�a de hoy, con unas pocas excepciones, ni siquiera se conocen los nombres de las v�ctimas de una guerra contra las drogas basada en la impunidad.
"El llamado de AI es a que los estados no compartan informaci�n para facilitar estos operativos. El desconocimiento de los nombres de los ejecutados, apenas unos cuantos en Colombia, airea la falta de rendici�n de cuentas", sentencia Ballesta.
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