El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado este lunes que pondrá en marcha un fondo de casi 1.800 millones de dólares (en realidad, 1.776 para que coincida con el año de fundación del país cuyo 250 aniversario se celebra ahora) para compensar o más bien recompensar a algunos de los aliados del presidente Donald Trump que aseguran haber sido maltratados y perseguidos por administraciones demócratas. Incluyendo, potencialmente, a los asaltantes del Capitolio en enero de 2021. La decisión llega como resultado de un acuerdo con el presidente y su familia, que retirarán a cambio la demanda de 10.000 millones de dólares que habían presentado contra Hacienda y otras dos denuncias por los casos de posible injerencia rusa.

Se trata de algo completamente inaudito que se produce semanas después de que Trump echara a la fiscal general, Pam Bondi, al considerar que no estaba persiguiendo a sus enemigos políticos con la suficiente contundencia y velocidad ni estaba lidiando con el caso Epstein como considera que debería.

El Departamento más politizado de la historia lo ha bautizado como Fondo contra la Injerencia en el Derecho Internacional (Anti-Weaponization Fund) para "brindar un proceso sistemático que permita escuchar y atender las reclamaciones de quienes sufrieron abusos legales y manipulación jurídica". Algo que ha irritado profundamente a la juez que estaba supervisando el caso y que ahora ha citado a ambas partes a dar explicaciones, pues considera por razones obvias que los abogados privados de Trump, y 'sus' abogados públicos en Justicia, podrían haber actuado de forma conjunta para llegar a lo que el presidente quería sin supervisión judicial.

Minutos después de que los abogados de Trump informaran a la jueza de su intención de retirar la demanda, 93 legisladores demócratas presentaron una queja acusando al Departamento de Justicia de "conspirar" y pidieron a la jueza que tumbe el caso e impida la creación del fondo. "Jamás en la historia de EEUU un presidente en ejercicio ha solicitado un acuerdo monetario al Gobierno que dirige, y mucho menos ha solicitado miles de millones de dólares de fondos públicos", han clamado los congresistas.

Todo arrancó con un pleito del presidente y sus hijos Donald Jr y Eric y la Organización Trump contra Departamento del Tesoro y el IRS (el servicio de racaudación de impuestos) ante el tribunal federal del Distrito Sur de Florida tras la filtración de sus declaraciones de la renta del pasado. La persona responsable de aquello, un hombre llamado Charles Littlejohn, que también filtró registros fiscales confidenciales de otros multimillonarios, fue detenido, se declaró culpable y fue condenado en 2024 a cinco años de prisión en un caso que el juez calificó como "el mayor robo en la historia del IRS".

Pese a ello, Trump buscaba compensaciones sin precedentes. Según el acuerdo, los demandantes recibirán una "disculpa formal pero no compensación monetaria ni indemnización de ningún tipo" a cambio de la creación de este fondo.

"La maquinaria gubernamental jamás debe utilizarse como arma contra ningún ciudadano estadounidense, y la intención de este Departamento es reparar los errores cometidos anteriormente y garantizar que esto no vuelva a suceder", ha afirmado el fiscal general interino, Todd Blanche, que hasta las pasadas elecciones era uno de los abogados personales principales del presidente. "Como parte de este acuerdo, estamos estableciendo un proceso legal para que las víctimas de la instrumentalización de la legislación puedan ser escuchadas y obtener reparación", ha celebrado.

"Ninguna administración debe tolerar el uso del poder gubernamental para atacar a individuos o entidades por razones políticas, personales o ideológicas indebidas e ilegales", ha añadido en un comunicado el fiscal general adjunto, Trent McCotter. Después de que el Departamento haya hecho todo lo que estaba en su mano para presionar o castigar a los enemigos políticos del presidente, desde fiscales que han sido despedidos y están siendo investigados al ex director del FBI, James Comey, o el ex asesor de Seguridad Nacional, James Bolton. Que están siendo procesados o han recibido la visita de agentes federales en sus domicilios para hacer registros. Por no hablar los miembros de la Reserva Federal.

En 2019, The New York Times y ProPublica lograron acceder a las declaraciones de impuestos de la familia. Trump lleva meses hablando de este tipo de operación sin ningun tipo de rubor, bromeando en comparecencias públicas sobre lo difícil que iba a ser decidir cuánto dinero se iba a "pagar a sí mismo" para zanjar pleitos contra el Gobierno que ahora dirige. Igual que ha llegado a acuerdos con casi todas las empresas tecnologícas, que han aceptado pagarle decenas de millones de dólares para la construcción de su biblioteca/hotel presidencial del futuro a cambio de zanjar los pleitos que tenían en los tribunales después de que Trump los denunciara por cerrar sus cuentas en redes sociales.

El anuncio indica que el Fondo estaría compuesto por cinco miembros designados por el fiscal general y que un miembro será elegido en consulta con los líderes del Congreso. Pero al igual que con su polémica y hasta ahora inútil Junta para la Paz, en la que Trump tiene todo el poder para meter y quitar miembros, y gestionar millones de dólares desviados por su propio Gobierno, se especifica que "el presidente puede destituir a cualquier miembro, pero su reemplazo deberá elegirse de la misma manera que se seleccionó al miembro reemplazado".

El Fondo tendrá, si sale adelanta, "la facultad de emitir disculpas formales y otorgar compensaciones económicas a los reclamantes. La presentación de una reclamación es voluntaria. No existen requisitos partidistas para presentar una reclamación", dice el documento, que abre la puerta a que resulte en pagos a aliados de Trump y a todo el que denuncie haber sido víctimas de un sistema de justicia "instrumentalizado" bajo el mandato del presidente Joe Biden, incluidas las casi 1.600 personas acusadas en relación con el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de EEUU, que ya fueron perdonadas casi todas por Trump nada más jurar el cargo.

El equipo de Trump señala en su anuncio que existe un precedente legal para un fondo de este tipo, el conocido caso "Keepseagle", por el que la Administración Obama creó un fondo de 760 millones de dólares para atender diversas reclamaciones por racismo institucional. "En el caso Keepseagle, cientos de millones de dólares restantes del fondo se distribuyeron a organizaciones sin fines de lucro y ONG que nunca presentaron reclamaciones, mientras que cualquier dinero restante en el Fondo contra la Armamentización volverá al gobierno federal", dice el Departamento de Justicia.