Ni un solo cartel electoral de otro candidato que no sea Iván Cepeda. Y a nadie se le habría ocurrido hacer campaña por alguien distinto al líder del Pacto Histórico, ni inscribirse como testigo electoral. En las poblaciones del norte del Cauca -uno de los 32 departamentos que conforman la República de Colombia, ubicado en el suroeste del país-, donde mandan las guerrillas y militares y policías son meros convidados de piedra, cada día resulta más difícil actuar con libertad. "Hay que cuidarse mucho y no decir nada. Uno no sabe con quién habla", le dice a EL MUNDO un comerciante de Miranda, población caucana de 15.000 habitantes, situada a 48 kilómetros de Cali. "Y en la zona rural es peor".

Hace un par de años, los nativos podían moverse con tranquilidad, aunque mandara el Frente Dagoberto Ramos de las Farc-Ep. Pero, al igual que el resto de las bandas criminales, han incrementado tanto su poder y sus recursos económicos que cada vez resultan más tiránicos. Cobran la vacuna (impuesto revolucionario), carnetizan (dan documentos de identificación) a los labriegos que residen en las veredas y corregimientos, exigen que los forasteros cuenten con su permiso para internarse en sus dominios e imponen sus normas de conducta.

Aunque venían expandiéndose bajo la Administración de Iván Duque, la política de "paz total" de Gustavo Petro, ideada por Iván Cepeda, ha disparado el crecimiento de las guerrillas. Durante los últimos cuatro años, el Gobierno colombiano ha decretado varios cese al fuego de manera improvisada que, según diversos análisis, sólo han conducido a que los grupos violentos pudieran se rearmarse y extender sus dominios en el país.

"Han creado nuevas estructuras, reactivado corredores de movilidad, incorporado el uso de drones y aumentado el control sobre las comunidades mediante reclutamiento, amenazas, confinamiento, asesinatos y desplazamientos", indica Gerson Arias, investigador asociado de la FIP (Fundación Ideas para la Paz).

En el departamento del Huila, por ejemplo, que había conseguido sacudirse de la guerrilla tras décadas de padecerla, ahora soportan la presencia del Bloque Suárez Briceño de las Farc que aprovechó el alto el fuego decretado por Petro en 2023 para extender sus tentáculos a 17 municipios.

También sirvió para que el ejército tuviera que dejar en libertad a su máximo líder, Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, detenido en julio de 2024, junto a otros integrantes de su banda. Circulaban en una caravana de todoterrenos blindados de la UNP (Unidad Nacional de Protección) y llevaban armamento. Pero Petro le nombró gestor de paz -congelando las órdenes de captura- y Calarcá ha podido seguir delinquiendo a la cabeza de su grupo. De hecho, formó su propia disidencia cuando rompió con alias Mordisco, líder de otra facción de las Farc-Ep, a las que el presidente, que antes había tendido la mano para sellar una paz pactada, ahora tilda de narcos puros y ordena perseguir y bombardear.

En lo que va de año, se contabilizan más de 50 masacres y son más de 60 los líderes sociales asesinados. También las Fuerzas Militares y los efectivos de la Policía han sido objeto de cientos de atentados, con más de 196 uniformados muertos, desde que tomó posesión Petro, en agosto del 2022, y 1.042 heridos. El pasado martes, el ELN, que había anunciado una tregua hasta el 10 de junio con motivo de las elecciones, atacó con cilindros bomba las instalaciones de un Batallón en La Guajira, hiriendo a 12 militares que descansaban en su dormitorio. Sin olvidar a los 69 militares que perdieron la vida en el accidente de un Hércules C-130 cuando apenas despegaba de una pista en medio de la selva amazónica del Putumayo, y las decenas de secuestrados en diferentes momentos y los que permanecen cautivos en manos del ELN.

"Lo que nos muestran los datos es que estos grupos armados se fortalecieron en el marco de la implementación de la política de paz total por la manera de manejarla, sin método, sin líneas rojas, sin una participación sensata de la fuerza pública para comprender al enemigo. Crecieron más del 30% durante los últimos cuatro años y no solo aumentó el número de integrantes, sino el uso de nuevas tecnologías (drones) y la expansión territorial", explica a este diario Javier Flórez, director de Seguridad y Conflicto de la FIP, la principal fuente en el seguimiento en materia de seguridad en Colombia. "Tampoco provocó mejoras en ningún indicador de impacto humanitario en todos los territorios en disputa (entre bandas armadas), que se duplicaron. Históricamente, había tres específicos; este Gobierno recibió siete, va a dejar 14 y pueden subir incluso a 16".

Precisamente, uno de los combates que libraron las disidencias de las Farc-Ep de Calarcá y Mordisco, en su larga guerra por conquistar un área del departamento del Guaviare, dejó tirados en el monte, el pasado martes, a 48 guerrilleros muertos, entre ellos varios menores de edad. Calarcá, en un comunicado posterior, afirmó que las bajas eran de su enemigo y que él sólo había perdido a dos combatientes.

El Frente 36 de ese mismo comandante libra otra guerra en el cocalero Catatumbo, fronterizo con Venezuela y enclavado en el departamento Norte de Santander, pero con el ELN. El conflicto estalló el 16 de enero y sigue al rojo vivo.

Gustavo Petro, que hizo su primer viaje como presidente, en agosto del 2022, a El Tarra, población enclavada en esta convulsa región, prometió que la pacificaría y agilizaría su desarrollo. Pero la estampida inicial, de más de 50.000 personas, el centenar de asesinatos y los ataques permanentes entre ambas bandas, que recurren a los drones cargados de explosivos sin importar que destrocen viviendas, la han convertido en un campo de batalla de futuro sombrío.

Durante la campaña electoral, el petrista Iván Cepeda ha prometido que insistirá en los procesos de paz. Por el contrario, sus principales rivales en la primera ronda celebrada este domingo, tantoPaloma Valencia como Abelardo de la Espriella, los rechazan y los dos se han significado apostando por el puño de hierro contra todas las bandas criminales.