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Esta semana, la Administración Trump ha confirmado, intentando no hacer mucho ruido, que va a dar marcha atrás en sus planes para crear un fondo de 1.800 millones de dólares para compensar a los aliados del presidente que consideraran que habían sido perseguidos y maltratados por las administraciones demócratas. El Departamento de Justicia anunció ese Fondo contra la Instrumentalización Política, el pasado 19 de mayo, pero Trump ha encontrado una resistencia muchísimo mayor de lo que esperaba entre sus propios congresistas y senadores, escandalizados, aunque no lo dijeran en voz alta, por un mecanismo por el que los asaltantes del Capitolio podrían recibir bonificaciones millonarias tras haber sido ya indultados.
"No seguiremos adelante con el fondo, punto", admitió el fiscal general interino Todd Blanche en respuesta a preguntas durante una audiencia en la Cámara de Representantes. "¿Nunca?", preguntó la representante Grace Meng, demócrata de Nueva York, pensando que esto era una estrategia para ganar tiempo e introducirlo más adelante. "Correcto", respondió Blanche.
La derrota del Ejecutivo es clara y se explica no sólo por la proximidad de las elecciones legislativas de noviembre, en la que se juegan el escaño los 435 miembros de la Cámara de Representantes y un tercio de los senadores, sino por la acumulación de operaciones escandalosas para beneficiar y lucrar al presidente y su familia. Porque Trump presentó el fondo casi como una muestra de generosidad. Su primera intención era que el Departamento de Justicia lo indemnizara personalmente, tras una denuncia por la filtración de sus declaraciones de impuestos hace años (un caso por el que el culpable está en prisión). Pero optó por esta fórmula que beneficiaría a sus aliados, a cambio de un acuerdo con la Agencia Tributaria para que nunca pueda investigarlo ni a él ni a sus hijos por cuestiones fiscales relacionadas con sus declaraciones y operaciones del pasado.
A finales de mayo, ProPublica reveló que la Casa Blanca intervino para facilitar un préstamo de 620 millones de dólares del Departamento de Defensa a Vulcan Elements, una startup dedicada a la fabricación de imanes de tierras raras, componentes para drones, radares, misiles y otros sistemas militares. Lo relevante es que, apenas tres meses antes de que se anunciara la operación, la firma de capital riesgo 1789 Capital, de la que forma parte Donald Trump Jr., había adquirido una participación en la compañía. Y la petición para financiar a Vulcan no siguió los cauces habituales, sino que fue impulsada directamente por Peter Navarro, uno de los principales asesores de la Casa Blanca. Antes de que Trump Jr. invirtiera, Vulcan estaba valorada aproximadamente en 200 millones de dólares. Tras la implicación de Defensa, algunas estimaciones situaron su valoración cerca de los 2.000 millones.
Está la cuestión del Salón de Baile de la Casa Blanca, la gran obsesión de Trump, el tema del que más habla y quiere hablar. Cuando anunció el proyecto en 2025, habló de un coste de unos 200 millones de dólares. Posteriormente la cifra subió a 300 millones y después a 400 millones, alegando que el edificio sería mucho más grande y de mayor calidad que el diseño inicial, pero que sería financiado mediante donaciones privadas y aportaciones de grandes empresas. Sin embargo, hay una propuesta presentada por republicanos en el Senado para financiar lo que denominan las mejoras de seguridad vinculadas al proyecto de modernización del Ala Este, con un coste de 1.000 millones para el contribuyente.
Y está el hecho de que se ha sabido que los gestores de fondos del presidente realizaron más de 3.700 operaciones en el primer trimestre del año, incluyendo compras millonarias de acciones de empresas como Nvidia, Dell y otras grandes tecnológicas, que se han beneficiado de las decisiones de la administración. "Ni el presidente Trump, ni su familia, ni la Organización Trump desempeñan ningún papel en la selección, dirección o aprobación de inversiones específicas", ha asegurado un portavoz de la Trump Organization. Pero a diferencia de sus predecesores, Trump no se deshizo de sus activos ni los transfirió a un fideicomiso ciego con un administrador independiente.
Hay mucho más, sin mencionar siquiera los conflictos de intereses de él, sus hijos, su yerno y sus negociadores con los países del Golfo, empezando por el avión regalado por Qatar, la opacidad de su negocio de criptomonedas o la lista enorme de perdones firmados por el presidente a criminales convictos después de donaciones políticas.
Funcionarios de la administración Trump llevan meses presionando a la oficina responsable de imprimir el dinero del país para que diseñe un billete de 250 dólares con el retrato del presidente, la primera aparición de una persona viva en la moneda estadounidense en más de 150 años. Y un análisis del Servicio de Parques Nacionales reveló que la empresa a la que se le adjudicó un contrato a dedo, sin licitación, para reparar el Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln, en el Mall de Washington, antes de los fastos por el 250.º aniversario de Estados Unidos este verano, se beneficia de un margen inflado y muy superior a los normal, según documentos federales obtenidos por The New York Times. Trump dijo inicialmente que él mismo había elegido a esta empresa porque habían hecho la piscina de su club de golf en Sterling, Virginia, pero luego cambió su versión y declaró que no los conocía.
El margen de beneficio típico de los contratos de construcción federales como este oscila entre el 6% y el 12%, pero Atlantic Industrial Coatings, la escogida por Trump para embellecer el agua, presentó una oferta con un margen del 20%, lo que supone un incremento de al menos 850.000 dólares respecto al coste de un contrato más convencional. La firma recibirá 13,1 millones de dólares, siete veces la cantidad que el presidente dijo que costaría el trabajo.
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