Si Venezuela es el país de la impunidad, el Arco Minero del Orinoco es su territorio más salvaje, la recreación siglo XXI del Far West de las películas, pero desprovisto de cualquier romanticismo. Un centenar de minas abiertas a la fuerza en un espacio inmenso en el estado Bolívar, más de 100.000 kilómetros cuadrados, fronterizo con el Amazonas brasileño y el famoso Esequibo, que visto ahora desde los satélites aparece como una gran herida creada por el chavismo para sobrevivir con el contrabando de oro.
Durante años se han contabilizado una masacre tras otra pese a la cercanía con el paraíso de la Gran Sabana, con bellezas naturales como sus milenarios tepuis y el Salto del Ángel, la cascada más alta del planeta. El mismo territorio al sur del país caribeño donde habría estado situada la supuesta mina de oro que, según la senadora colombiana Piedad Córdoba, Nicolás Maduro regaló a José Luis Rodríguez Zapatero en un momento en el que dictador decidió repartirlas entre gobernadores y dirigentes chavistas para que con su explotación se autofinanciaran. Las investigaciones de la UDEF no han demostrado que lo dicho por la aliada de la revolución, fallecida en 2024, sea verdad, más allá de lo peligroso que resulta hacer negocios con semejantes compañías.
El Arco Minero y sus venas abiertas vuelven a ser noticia por el imponente despliegue militar, incluidos helicópteros artillados, ordenado esta semana por el gobierno de Delcy Rodríguez para recuperar el control del territorio, hasta ahora en manos de malandros (delincuentes) del Tren de Aragua, militares, mineros, aventureros, cambistas, compradores y guerrilleros colombianos del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Disparos, explosiones y miles de sus habitantes a la carrera, unos huyendo y otros buscando cómo resituarse en el nuevo statu quo, donde Caracas y Washington buscan tranquilidad y seguridad para atraer inversiones millonarias. Distintas fuentes políticas y militares confirmaron que el operativo contó con inteligencia de EEUU.
Medios locales aseguran que las fuerzas militares buscan a varios cabecillas del Tren de Aragua, la mafia transnacional que ha llegado incluso a España, en especial a uno de sus fundadores, Yohan Romero, conocido como Petrica. Desde que huyera a través de una red de túneles de la cárcel de Tocorón, el Niño Guerrero, líder máximo del Tren de Aragua, fue situado en el Arco Minero en distintas ocasiones.
"En las operaciones militares que se están llevando a cabo no están participando de manera presencial los EEUU con tropas sobre el terreno, pero sí bajo su orden y dirección, posiblemente guiadas por la visita que hizo el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine. Están empleando comandos de la Guardia Nacional, CONAS (comandos antisecuestros), fuerzas especiales del Ejército, helicópteros AS532 Cougar y Super Puma", desveló el teniente rebelde José Rodríguez Araña.
Durante años, los conocidos "sindicatos" mafiosos negociaron con el gobierno y con empresas chinas y rusas para el reparto de una de las mayores reservas del planeta en oro, diamantes y coltán, un mercado marcado por la corrupción bajo unas condiciones inhumanas.
En el paisaje humano de los poblados mineros del Kilómetro 88, El Dorado y Las Claritas, conviven malaria, dengue, drogas, armas, violencia, esclavas sexuales y dólares, muchos dólares. Durante los peores años del descalabro revolucionario, trabajar en las minas se convirtió en una solución de emergencia para los más desesperados.
"La FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) dispara abiertamente contra ciudadanos indefensos, imponen nuevos patrones. Salen los militares venezolanos para ingresar minería gringa. Pero los custodios (vigilantes) seguirán siendo los planes (líderes delincuenciales). ¿Víctimas? El ambiente y los ciudadanos vulnerables", criticó Américo de Grazia, ex diputado opositor y oriundo de la zona.
La ONG SOS Orinoco lleva años encabezando las denuncias sobre el ecocidio que, en paralelo, se desarrolla en el Arco Minero. Su conclusión es clara: "Es imposible estabilizar el sur del Orinoco sin desmontar el modelo mafioso que permitió la expansión de economías extractivas ilegales y estructuras armadas. Existen fuertes presiones políticas para reconfigurar el control del territorio".
En Venezuela, el oro no se obtiene de un proceso industrializado, se extrae a través de la ruptura de la tierra con agua a presión. Cada mes nacen minas nuevas, o bullas, mientras avanza la deforestación. Hasta el momento, la delincuencia organizada controlaba la extracción y comercialización de un oro que es comprado por Minerven, la empresa estatal, que procesa ese oro y lo traslada al Banco Central de Venezuela (BCV) para certificarlo.
Eso dictaba la teoría marcada desde Caracas, cuando el chavismo vislumbró que una de las mejores formas de romper las sanciones de EEUU era a través del contrabando de oro, un supernegocio en manos privadas donde no se pagan impuestos y que estaba bajo observación de Washington desde la primera administración de Donald Trump.
Una de las víctimas políticas de la mafia del Arco Minero es el dirigente opositor Andrés Velásquez, cercano a la líder opositora María Corina Machado, ganador de las elecciones regionales 2017, a quien le arrebataron la gobernación para entregársela a un general bolivariano.
"Las bandas armadas están alineadas con sectores militares que reciben su pago directamente de ellas. La mayoría de esos militares que llegan a las zonas mineras terminan siendo dueños de espacios mineros, propietarios de balsas mineras y actúan con total impunidad con pranes y bandas organizadas. Uno de esos pranes mineros, el Gordo Bayón, era representante de otro general, Francisco Rangel, y viajaba en el avión de la gobernación del Estado Bolivar", certificó Velásquez.
La participación de EEUU en el operativo confirma que el interés de Washington va más allá del petróleo. "Para EEUU es una prioridad asegurar que el oro venezolano y las tierras raras no vayan a parar al contrabando para enriquecer a la élite chavista o caigan en manos de sus enemigos, sino que se comercializaran por los canales regulares. Ninguna empresa seria va a invertir en el negocio minero si no se le ofrecen garantías de seguridad física para sus inversiones. Esto pasa por expulsar al ELN, a los grupos armados colombianos y a las mafias locales que controlan el territorio", subrayó el analista político Enderson Sequera.
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