Absolver las injurias al Rey, justificaciones del terrorismo o humillaciones a las víctimas... Lo que en ninguna democracia occidental se permite, en España sí

La libertad de expresión no ha sido nunca sinónimo de libertad de injurias y calumnias, y es ésta la que el Gobierno del PSOE y sus aliados parlamentarios quieren instaurar en el ordenamiento jurídico español, que se convertirá así en una excepción única en las democracias occidentales.

Ya se ha informado puntualmente en nuestras páginas de que una propuesta de ley aprobada en el Congreso de los Diputados por los grupos de izquierdas y separatistas despenaliza las calumnias e injurias al Rey y a los miembros de la Familia Real en el ejercicio de sus funciones, la utilización de la imagen del Monarca con el fin de desprestigiar a la institución, las ofensas o ultrajes a España, a las Comunidades Autónomas o a sus banderas e himnos, y desaparecerá el delito de enaltecimiento y justificación pública del terrorismo o de quienes hayan participado en actos terroristas o de humillación de las víctimas.

Como ya se ha señalado, en la Unión Europea la mayoría de los países miembros castigan en sus códigos penales las injurias hacia sus jefes de Estado. En líneas más generales, se puede resaltar, por ejemplo, que un país cultural y jurídicamente próximo de España como es Francia castiga con multas de 12.000 a 45.000 euros las injurias en público tanto hacia personas privadas como hacia las autoridades públicas. En cuanto a la apología o incitación del terrorismo, conlleva una pena de cinco años de cárcel y 75.000 euros de multa.

Lo que ni en Francia ni en ninguna otra democracia occidental ha sucedido es la formulación de un paquete legal de las inmensas proporciones del aprobado por lo que antes parecía ser una heteróclita mezcla de grupos políticos españoles, pero que cada día parece un movimiento más unido dentro de un proyecto revolucionario de cancelación de la Constitución, con la consiguiente abolición de la Monarquía constitucional y la puerta abierta a los procesos secesionistas catalán y vasco.

De paso, este proyecto implicará para los medios de información profesionales españoles, ya asediados por las presiones económicas y políticas agravadas por la invasión de las plataformas sociales, el riesgo tremendo de tener que convivir con la proliferación de pseudoperiodistas, especie ya conocida pero que con la manga ancha de la nueva ley puede crecer sin control al utilizar la bendición oficial a la injuria generalizada y a la exaltación y glorificación del terrorismo para vender "noticias" que ya serán desinformación, insultos y proclamas proterroristas.

Libertad de expresión no es, no debe ser nunca libertad de injurias y canto a la violencia. Pero en España manda hoy quien no cree en la verdadera libertad. Ay, aquello de "no confundir libertad y libertinaje", que suavecito suena ya...