Juan Lobato, quien fuera secretario general del PSOE de Madrid desde noviembre de 2021 hasta noviembre de 2024, no estuvo a la altura de lo que esperaba el partido. Cuestionar el origen del correo electrónico donde la defensa de Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, cerraba un pacto con la Fiscalía por sus delitos fiscales, fue considerado una traición. Era marzo de 2024. Una asesora de la Moncloa le envió el documento por WhatsApp. El partido esperaba que atacara a la presidenta madrileña. «Desde el primer minuto de conversación pregunté de dónde salía. Como técnico de Hacienda me saltaron las alarmas. Entendí que tener ese documento podía ser delito. A mí me pasó factura. Si no haces lo que te piden se considera deslealtad», recuerda Lobato la peripecia de honestidad que acabó costándole el puesto después de dejar constancia ante notario de los mensajes.

Aceptar o no la filtración calibraba la valía de Lobato como político profesional y su supervivencia en la estructura orgánica socialista. «Todo el mundo me tenía ya identificado como un político distinto. Ahora mis relaciones con algunas personas concretas en el partido son más frías. Al principio apenas me saludaban por los pasillos», explica el ahora senador. «Gente a la que considero noble no entendía que llevara al notario los mensajes. Les supo mal porque para ellos era dejar constancia de que se podían haber cometido delitos en Moncloa. Lo peor no es el delito, sino señalar al líder. En general, en los partidos hay una cultura de proteger al líder».

La historia de Juan Lobato expone los incentivos perversos que funcionan en los partidos políticos. «Los líderes cuentan con toda una red de cargos de confianza que le deben un favor. Y al final acabarán cobrándoselo», resume Lobato.

Las últimas revelaciones parecen confirmar esa dinámica en la producción de corrupción. Por ejemplo: Leire Díez, conocida como la fontanera de Ferraz, habría liderado una operación para frenar las investigaciones judiciales que afectan a Pedro Sánchez. Los investigadores sospechan que podría ser el «one», el seudónimo con el que los implicados ocultan al líder a quien rendían cuentas.

Esa adhesión ciega por el número uno podría haber motivado a Leire Díez. El caso Leire Díez no ayuda a frenar la caída de España en el Índice de Percepción de la Corrupción, la clasificación de países con la que Transparencia Internacional monitoriza la degradación global del sector público. Tampoco la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. O la detención de Santos Cerdán. O la exposición del ecosistema en el que se movía José Luis Ábalos en la Sala Penal del Tribunal Supremo. O la acusación de Jorge Fernández Díaz, ex ministro del Interior de Mariano Rajoy, en el caso Kitchen, que juzga la presunta trama parapolicial diseñada por el Partido Popular.

De hecho, los datos de la OCDE confirman la falta de fe en el sistema. La confianza en el Gobierno se sitúa en el 37%. Solo un 34% confía en el Parlamento. Y apenas el 18% en los partidos políticos. Varios puntos por debajo de la media del resto de países. «Después de la primera moción de censura de nuestra democracia motivada por la corrupción, desapareció la preocupación del Gobierno por la corrupción», expone Fernando Jiménez, catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Murcia, la paradoja en la que está instalada hoy nuestra política. «El plan estatal de lucha contra la corrupción no termina de articularse. Lo primero que deberían hacer los partidos es renunciar a la cantidad de nombramientos a dedo. Que les permiten, por un lado, pacificar el partido y, por otro, el control de los funcionarios».

Que no se apliquen las normas es un fenómeno bautizado como «brecha de implementación». Y España ocupa los últimos puestos en el seguimiento de la aplicación de la ley. Es el antepenúltimo país de la OCDE, empatado con Australia, según Perspectivas de anticorrupción e integridad, el estudio publicado por el organismo este año. «Nuestra corrupción es muy fuerte en el ámbito político. Después de 50 años de régimen democrático está muy extendida de un partido a otro», añade Jiménez.

En 2025, España obtuvo 55 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción, situándose en la zona caliente de la tabla. Es la número 49 de 182 países, empatada con Chipre y Fiji, cerca de Italia o Polonia y a solo tres puntos de diferencia de Omán y Malasia. Y la 16 de 27 en la Unión Europea. «El año pasado bajamos cuatro puntos», alerta David Martínez, director ejecutivo de la ONG Transparencia Internacional en España. «Nos han ido superando países como Portugal o Lituania. Y se nos acerca Italia, con la que teníamos una diferencia abismal. Desde 2012 hemos perdido 10 puntos. Grecia, por ejemplo, ha hecho el camino contrario».

La percepción de corrupción cunde entre los españoles. Según los datos del Eurobárometro de 2025, el 89% de los ciudadanos consultados considera generalizada la corrupción aquí. Muy lejos de la media europea, situada en el 69%. «La corrupción administrativa y la corrupción política son diferentes. En España no hay una percepción de la corrupción de calle. Como tener que pagar para que te den un servicio básico. En países donde se produce este fenómeno, la corrupción es endémica. Aquí no».

Sin embargo, la llamada alta corrupción sitúa a España entre los países europeos con más olor a podrido. Los gráficos del Eurobarómetro arrojan las siguientes cifras: el 87% considera que hay corrupción en las instituciones públicas a todos los niveles y un 85% la percibe a nivel local. «Sí podríamos decir que consideramos sistémica la alta corrupción. Se trata de la corrupción en la que intervienen los políticosmás que el ciudadano de a pie», dice Martínez.

Además de pagar favores, Lobato observó otros alicientes para corromperse. «Uno de ellos puede ser para un tema puramente económico. Otros son capaces de hacer por el partido lo que haga falta. Lo vemos en los casos de financiación ilegal. No hay cultura de fiscalización interna en los partidos. De repente, un cuadro del partido puede empezar a ver cosas raras y toda la estructura desincentiva que se haga preguntas. No puedes preguntar por qué se paga en metálico una charla del partido. Es visto casi como alta traición».

Polarización y corrupción

Percibir la corrupción podría ser una buena noticia. «Es positivo. Estas cosas no pasarían si España no fuese una democracia. Hay que alegrarse de que los escándalos salgan a la luz. Hay que hacer la lectura inversa a la habitual. La democracia sí sirve. Al menos conocemos lo deteriorado que está nuestro sistema», explica el profesor José Miguel Fernández-Dols, catedrático de Psicología Social enla Universidad Autónoma de Madrid y autor del artículo científico Corrupción: lo que nunca se quiere saber, pero siempre gusta preguntar. La falta de confianza no afecta al voto. «No existe una relación directa y automática entre los escándalos y la intención el voto. Explica a veces el hecho de que los populistas siguen siendo apoyados de alguna forma. La gente percibe que podrían resolver el problema». Ayuda encontrar un enemigo común. O como dice Gabriel Rufián: «La gente en la calle quiere que aprovechemos todo el tiempo que tenemos porque lo que viene es muy duro».

El diputado de ERC agita el miedo al hipotético gobierno de PP y Vox que sustituiría al actual ejecutivo si su partido deja caer a Sánchez. «Es muy eficaz. Ya no se trata de corrupción, sino de la protección que ofrece ese político a un enemigo exterior. La dinámica de polarización es útil para olvidar la corrupción en el momento del voto. La polarización y la corrupción pueden ser aliados perfectamente», explica.

El planteamiento de la lucha contra las injerencias en el desarrollo limpio de la vida pública -y privada- parece quedarse corto. En México, un país donde la corrupción quema al año 25. 000 millones de pesos, los investigadores Beatriz Camarillo Cruz y Daniel Márquez Gómez de la UNAM, han fundado el concepto diasdoralogía que quiere abarcar el problema al completo. Esta nueva doctrina avista toda la extensión corrupta: su vertiente económica, psicológica o económica. «Podría constituirse en el estudio integral del fenómeno, actividad que en nuestra opinión está pendiente», puede leerse en su trabajo.

Y un último zoom. Cirilo García-Cadena, doctor en Política Social por la Universidad de Texas, dirigió el estudio Propensión a la corrupción y su efecto sobre la depresión. «Descubrimos que había una fuerte relación entre el estilo de personalidad psicopático y la propensión a la corrupción. Es un estilo muy egoísta de ver el mundo, que gira en función del corrupto, sus necesidades y de la búsqueda de objetivos y metas considerando objetos a los demás», comenta García-Cadena por videollamada. ¿Y de qué manera podría evitarse?«Con autoestima. Esa actitud hacía uno mismo de sentirse satisfecho con la propia capacidad».