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Meta y YouTube, culpables de dañar la salud mental de una...
Pablo Scarpellini Los ÁngelesLos Ángeles · 2026-03-26 · via Historias

Actualizado

Las redes sociales son adictivas y están diseñadas para enganchar a menores de edad a sus plataformas. A esa conclusión ha llegado un jurado de Los Ángeles en una demanda pionera contra YouTube y Meta, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, condenando a los gigantes tecnológicos a pagar tres millones de dólares a la demandante, una mujer de 20 años identificada por las siglas K.G.M. Meta, el conglomerado fundado por Mark Zuckerberg, deberá abonar un 70% y YouTube, propiedad de Google desde 2006, el 30% restante.

El veredicto llega tras nueve días de deliberaciones, en un caso con un amplio escrutinio mediático desde que comenzó a finales de enero, y centrado en torno a una usuaria que asegura que las redes sociales son tan adictivas como el tabaco o los casinos. K.G.M., que ahora tiene 20 años, explica en la demanda que el uso de las redes sociales desde que era menor, con su scroll infinito, contribuyó a que entrara en depresión y a tener pensamientos suicidas.

Meta y YouTube no solo tendrán que desembolsar tres millones de dólares. El jurado, compuesto por siete mujeres y cinco hombres, está deliberando sobre la indemnización a pagar por daños punitivos tras declararlas culpables y "negligentes".

La sentencia supone una victoria legal significativa para los demandantes, no solo porque sienta un precedente histórico sino porque valida las miles de demandas presentadas por adolescentes, distritos escolares y fiscales generales estatales contra Meta, YouTube, TikTok y Snap.

Es, además, el segundo revés judicial consecutivo para Meta. El martes, un jurado civil de Nuevo México condenó al gigante tecnológico con sede en Menlo Park, California, a pagar 375 millones de dólares por comprometer la seguridad de sus millones de usuarios y facilitar la explotación sexual de menores en sus plataformas.

"El veredicto del jurado representa una victoria histórica para cada niño y familia que ha pagado las consecuencias de la decisión de Meta de anteponer sus ganancias a la seguridad infantil", declaró el hombre detrás de la demanda, el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, en un comunicado. "Los ejecutivos de Meta sabían que sus productos dañaban a los niños, ignoraron las advertencias de sus propios empleados y mintieron al público sobre lo que sabían. Hoy, el jurado se unió a familias, educadores y expertos en seguridad infantil para decir: ¡Basta ya!".

"Los ejecutivos de Meta sabían que sus productos dañaban a los niños, ignoraron las advertencias de sus propios empleados y mintieron al público sobre lo que sabían"

Raúl Torrez, fiscal general de Nuevo México

Torrez comenzó su batalla en tribunales en 2023, después de que su equipo creara una cuenta falsa de una niña de 13 años en redes sociales que en poco tiempo se vio inundada "de imágenes y solicitudes" por parte de abusadores de menores. Como en el juicio de Nuevo México, los representantes de Meta han negado cualquier responsabilidad en la adicción de los usuarios a sus plataformas. Eso pese a las casi cinco horas de media diarias que pasan los adolescentes en redes sociales en Estados Unidos, según varios estudios.

"Discrepamos respetuosamente con el veredicto y estamos evaluando nuestras opciones legales", declaró una portavoz de Meta. YouTube, de momento, no se ha pronunciado. Tanto TikTok como Snap, compañía matriz de Snapchat, habían alcanzado un acuerdo judicial previo.

Para Joseph VanZandt, uno de los abogados de la demandante, "esta es la primera vez en la historia que un jurado ha escuchado el testimonio de ejecutivos y ha visto documentos internos que, a nuestro juicio, demuestran que estas empresas antepusieron las ganancias a los niños".

Para algunos expertos legales, el caso tiene un indudable paralelismo con las demandas a las tabacaleras a finales de los 90. Les acusaron entonces de crear productos adictivos que perjudicaban la salud de los consumidores. Tanto Philip Morris como R.J. Reynolds fueron acusados de ocultar información sobre los daños de los cigarrillos y tuvieron que desembolsar 206.000 millones de dólares en más de 40 estados. La demanda desembocó en estrictas regulaciones en el consumo de tabaco y en un pacto para que esas corporaciones dejaran de publicitar sus productos.

En el recuerdo, también, la figura de Frances Haugen, ex empleada de Facebook que en 2021 filtró miles de documentos internos que evidenciaban que la compañía conocía los efectos nocivos de sus plataformas, especialmente entre adolescentes, pero priorizaba el crecimiento y los beneficios económicos. Haugen, que trabajaba en el área de integridad cívica, llevó sus denuncias ante el Congreso de Estados Unidos y organismos reguladores, acusando a la empresa de anteponer la rentabilidad a la seguridad de sus usuarios.