Irene C., madrileña, tiene 14 años. En 2024 sus padres le regalaron su primer teléfono móvil. Un regalo que iba acompañado de una condición: la firma de un contrato en el que ella se comprometía a hacer un uso responsable del dispositivo y respetar los límites de tiempo impuestos. Una de las cláusulas, además, permite a su madre supervisar sus cuentas en Instagram y TikTok. La primera red social la usa Irene sobre todo para comunicarse con sus amigas y la segunda, con fines lúdicos.

«Prohibir el uso de las redes sociales es una mala decisión», sostiene la joven. «Nos van a quitar a los adolescentes las vías de comunicación».

Pablo P., de 16 años, vive en Móstoles. Sus padres le dejan trastear con el móvil media hora diaria entre semana, mientras que los sábados y domingos goza de mucha más libertad para chatear, ver vídeos cortos de fútbol y tutoriales de videojuegos. Las redes en las que está son las mismas que las de Irene. «Me da igual la prohibición porque hoy en día tenemos muchas formas de saltarnos las credenciales de los dispositivos», reconoce. «En internet y en ChatGPT hay información de cómo hacerlo».

Sin embargo, no todos los críos se muestran tan tranquilos como él. La gran mayoría comentaron alarmados con sus padres y amigos el discurso de Pedro Sánchez del pasado 3 de febrero. Aquel día, en Doha, el presidente del Gobierno anunciaba una cruzada contra las redes sociales con la prohibición de su uso a menores de 16 años.

Antes de hablar con expertos en redes sociales, viajar a las antípodas y recordar los sudores fríos de Mark Zuckerberg en un juzgado californiano, hemos considerado que era importante para este reportaje conocer la opinión de los verdaderos protagonistas: los niños y los adolescentes. Una vez hecho eso, hacemos lo mismo que los padres de Irene y Pablo cuando ellos se exceden con el móvil: se lo quitamos. Y regresamos al (aburrido) mundo adulto.

La Prohibición –la ponemos con mayúscula porque, si así se escribía la Ley Seca, cómo no vamos a hacer lo mismo con el apagón de Facebook, X o TikTok– cuenta con grandes apoyos en España. Tanto políticos como sociales. Tras el anuncio de Pedro Sánchez, el líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, recordó que el Partido Popular ya había propuesto prohibir su acceso a los menores de 14 años. La última prueba del consenso nacional es la encuesta de la Fundación BBVA publicada esta misma semana: ocho de cada 10 españoles apoyan la Prohibición.

La opinión hegemónica en España lo es también en el resto del planeta. En un mundo ideológicamente tan polarizado resulta fascinante cómo la idea de que las redes sociales perjudican a niños y adolescentes esté tan presente en los ciudadanos y, ahora, en sus gobernantes. Da igual a qué partido voten. O si viven en democracia o bajo una dictadura. Todos los padres están preocupados. Por eso 2026 se postula como el año de mayor presión sobre las empresas tecnológicas en relación a la protección de los más jóvenes. Y eso no lo va a poder cambiar ni siquiera la estupenda relación de sus principales magnates con Donald Trump.

Sólo en Europa hay 14 países considerando dar el paso para la Prohibición. Algunos ya la están tramitando. En enero, Francia se convirtió en la primera nación del continente en legislar la prohibición del uso de las redes sociales a menores (en este caso, tras subir a los 15 años), iniciativa que pretenden imitar además de España, Reino Unido, Austria y, entre otros, Dinamarca.

La preocupación también ha llegado a las dos grandes superpotencias mundiales, EEUU y China, a pesar de ser mucho más laxas en temas regulatorios que Europa. Cierto que los chinos tienen su internet particular –con redes sociales locales y mecanismos de control de una severidad que sólo admite una dictadura–, pero ya han tomado medidas. Pekín ha impuesto un toque de queda a los gamers, los usuarios muy habituales de videojuegos, y ha limitado el acceso de TikTok a 40 minutos diarios.

Mientras tanto, en EEUU diversos Estados imponen restricciones a las tecnológicas en cuestión de edad, aunque lo que resulta de una mayor trascendencia histórica es lo que sucede estos días en Los Ángeles. Allí un tribunal está juzgando si las redes sociales son productos que generan adicción y provocan daños en individuos y en sus familias. Se trata de un caso que recuerda a los macroprocesos contra las tabacaleras de los años 90 cuando se discutía si las empresas conocían de antemano los daños provocados por fumar. Su resolución puede ser clave a nivel de jurisprudencia y el disparo de salida para que las más de 1.500 denuncias similares se conviertan en un futuro inmediato en indemnizaciones millonarias a pagar por las empresas.

Sin embargo, hay otro sitio con menos foco informativo que despierta la atención no sólo de educadores digitales, sino también de Silicon Valley y de las cancillerías de 40 países: Australia.

El país-continente es pionero en esta rebelión desde que ilegalizó el pasado mes de diciembre las cuentas de los menores de 16 años. O lo que es lo mismo: Australia es un laboratorio digital con millones de cobayas. Esta iniciativa gubernamental va a permitir estudiar no sólo el impacto en la salud mental de los menores; también hasta qué punto los Estados pueden imponerse a las compañías en asuntos tan sensibles.

Una presión internacional de la que al otro lado del mundo son muy conscientes. «Esta prohibición es un experimento que será estudiado por los responsables políticos de todo el mundo, por lo que es fundamental que comprendamos su impacto. Para ello necesitamos dotarnos de la ciencia más rigurosa basada en las mejores prácticas», reconoce Kathryn Modecki, profesora de Psicología de la Universidad de Australia Occidental.

Modecki lidera desde el Kids Research Institute un estudio único que investiga el impacto de la Prohibición en las familias de su país.

«Queremos medir sus efectos a corto plazo, en seis meses, y también a más largo plazo», dice la académica. «Cuando tengamos los resultados finales, será el momento de preguntarse: ¿a quiénes se aplican estos hallazgos? ¿Será a un subgrupo de padres o será algo más generalizable a toda la población?».

Modecki cuenta con una muestra que supera los 2.000 padres de chavales de entre 9 y 16 años, escogidos «por sorteo» y contactados vía mensaje en todos los puntos del país. Los perfiles incluyen todas las clases sociales y grupos étnicos.

A los seleccionados se les hizo una serie de preguntas antes de que entrara en vigor la ley el 10 de diciembre para que informaran a los investigadores sobre la supervisión de las redes sociales de sus hijos. El objetivo del trabajo impulsado por Modecki es averiguar si la censura de las redes sociales ayuda o dificulta la educación de los menores.

En casi tres meses de prohibición, la Australia virtual ha vivido muchos cambios. El gobierno de Canberra ha reconocido el apagón de 4,7 millones de cuentas. Una cifra considerable si se tiene en cuenta que la población afectada –entre los 8 y los 15 años– es de 2,5 millones. No hay que olvidar que cada adolescente, como sucede con Irene y Pablo, está conectado por regla general a varias redes sociales. Según Unicef, en España cuatro de cada 10 niños de entre 10 y 12 años está registrado en tres o más. O sea que, si esto se cumple en Australia, significa que hay muchas cuentas de menores activas.

Como decía Pablo al principio del reportaje, no parece difícil encontrar trucos para sortear una redada gubernamental.

En Australia, los expertos reconocen que todavía no saben cuál ha sido el más utilizado por quienes se mantienen activos en redes a pesar de la ley. El recurso que parecía tener más papeletas era el empleo de redes privadas virtuales (VPN). Hablamos de una herramienta de seguridad que permite cambiar tu ubicación geográfica y engañar a los rastreadores. Según The Economist, en Reino Unido las VPN tuvieron un bum en verano con el fin de regatear la nueva ley que exige verificaciones de edad para entrar en páginas porno.

Ese no parece el caso de Australia. A principios de año, Apptopia, una plataforma dedicada al análisis de datos de aplicaciones y dispositivos, detectó que en este país el uso de las 10 aplicaciones más populares de VPN sólo había crecido un 10%.

Otra posible escapatoria era una migración de chavales australianos a redes sociales más minoritarias que no han sido prohibidas, pero por el momento los datos tampoco corroboran esta tesis.

¿Entonces, dónde están los menores australianos camuflados que cuelgan fotos en Instagram, opinan en Reddit o charlan en Discord mientras pegan tiros jugando al Call of Duty?

La opción más plausible es la del traslado de menores de 16 a las apps de mensajería, tipo WhatsApp o Telegram, y a servicios de videojuegos como Roblox que permiten actuar en comunidad.

Una tendencia que ha hecho saltar las primeras alarmas. Las quejas vienen curiosamente de un sector que a priori parecía muy prohibicionista: las asociaciones de padres y de protección de la infancia. Estas denuncian el riesgo de que ahora los niños naveguen por entornos todavía más siniestros y menos vigilados que las redes de consumo masivo.

«Hay temor tanto a que los adolescentes dejen de contar a los adultos sus experiencias nocivas en internet como a que las personas más vulnerables que dependen de las redes sociales para obtener apoyo e información se queden aisladas sin ellas», dice la profesora Modecki.

La australiana Kirra Pendergast es educadora en seguridad digital desde hace tres décadas. Víctima de acoso en internet, a los 43 años decidió inspirarse en esta mala experiencia para montar Safe on Social, una consultora que asesora a gobiernos y empresas con oficinas en Sídney, Nueva York, Florencia y Londres.

«Es importante aclarar algo, porque los medios dan una visión equivocada de lo que sucede aquí», dice antes de contestar ninguna pregunta. «Australia no ha prohibido a los niños el acceso a las redes, sino que ha prohibido el acceso de las redes a nuestros niños. Esto implica que la responsabilidad ha pasado de los padres y los hijos a las empresas».

La figura de Pendergast representa ambas visiones del gran dilema de las redes sociales. Ella misma ha pertenecido a los dos bandos en conflicto.

Por un lado están los prohibicionistas de pura cepa, los que ven el veto como el único camino para preservar la salud mental, las relaciones sociales y la capacidad de aprendizaje de los más pequeños. Para identificarlos, podríamos decir que son seguidores de Jonathan Haidt, el psicólogo social superventas que con su ensayo La generación ansiosa (Deusto) ha puesto en alerta a muchos padres del mundo.

Frente a ellos estaría un grupo contestatario, mucho más minoritario según las encuestas, que considera que los argumentos censores son aún débiles y sus beneficios, inciertos. Consideran que el daño psicológico de las redes tiene una evidencia limitada, que el veto aumenta el aislamiento de los críos y que no eliminará el ciberacoso ni la amenaza de los depredadores.

Si se le hubiera preguntado a Kirra Pendergast hace tres años estaría en el bando de los escépticos. «Mi postura ha evolucionado», dice. Hoy es decididamente defensora de la Prohibición, como una Elliot Ness de las redes.

Esta evolución nació de una experiencia muy desagradable en una charla sobre seguridad en las redes que impartió en una escuela. Estaba explicando a los alumnos de 12 y 13 años los peligros del bullying y la sextorsión, cuando hizo mención al caso de unas chicas que habían sido acosadas en redes. De repente, un grupo de jóvenes empezó a insultar a las víctimas. Los profesores intentaron hacerlos callar, pero entonces una adolescente que estaba en primera fila se convirtió en otra metralleta de insultos. La charla tuvo que cancelarse y Pendergast abandonó el aula al borde del llanto.

Impresionada, la educadora empezó a investigar y pudo relacionar los comentarios de los chicos que habían saltado con determinados argumentarios de los influencers tóxicos más populares en Australia. Luego comprobó que los alumnos que lanzaron mensajes machistas les seguían en sus redes. «Las evidencias que encontré eran abrumadoras», dice.

Dada su experiencia, le pedimos que arroje luz en este laberinto digital del intervencionismo gubernamental.

«Aunque todavía es pronto para sacar conclusiones sí que se puede observar un mayor escrutinio de las plataformas, conversaciones mucho más serias en relación a la verificación de la edad de los niños y una presión regulatoria». Y añade a modo de aviso: «Que se reduzcan los daños dependerá no sólo de la legislación, sino también de su aplicación. Las leyes no cambian los ecosistemas de la noche a la mañana. Lo hacen su implementación y un diseño adecuado».

La ley australiana obliga a las plataformas a cumplir unos códigos de seguridad relacionados con el uso de los niños, el control de contenidos nocivos y sus mecanismos de denuncia. Su incumplimiento conlleva fuertes multas.

Uno de los temas más complejos ha sido la forma de comprobar la edad de los chicos por parte de las empresas.

«La mayoría de los sistemas a nivel mundial no son realmente verificadores, sino a menudo una declaración del usuario o una estimación del comportamiento. Son imperfectos». A pesar de estas dificultades, Pendergast es optimista. «Los gobiernos están explorando tecnologías que preservan la privacidad y no requieren almacenamiento de datos de identidad. No hay nada perfecto, pero ya no valen las excusas que tanto tiempo llevo oyendo. El objetivo ha de ser proporcional, es decir, dificultar significativamente el acceso de los niños a las plataformas para adultos a la vez que se protege su privacidad y se evita el exceso de vigilancia».

Alcanzar este objetivo reventaría la línea de defensa que durante años han mantenido las empresas tecnológicas excusándose en que ellas no pueden evitar que los niños hagan trampas. La última prueba de esta estrategia es la declaración la semana pasada de Mark Zuckerberg –CEO de Meta, la empresa de Facebook, Instagram y WhatsApp– en el juicio de Los Ángeles que tanto miedo provoca en Silicon Valley. Zuckerberg responsabilizó a los usuarios de colarse siendo menores de 13 años –la edad legal de acceso de las propias redes– en Instagram. «Creo que hay un grupo de personas, potencialmente un número significativo, que mienten sobre su edad para usar nuestros servicios».

Pues si algo demuestra la ley australiana es que Zuckerberg no podría decir eso si tuviera que ir a juicio en Sídney.

Para Pendergast, estas iniciativas que empiezan a surgir en tantos países son el primer paso para que las tecnológicas rindan cuentas de verdad. Para eso, considera, los legisladores se tienen que centrar en impedir que las empresas accedan a los niños y no al revés. «El lenguaje es importante. Durante dos décadas las plataformas de redes sociales han defendido que la tecnología era neutral. Ese argumento se está desmoronando. Las decisiones del diseño de sus herramientas generan resultados conductuales. El comportamiento de sus algoritmos no es neutral, como tampoco lo son los modelos de extracción de datos, ni el capitalismo de vigilancia».

–La veo muy convencida.

–Estamos asistiendo a un reajuste global del poder.

El marco regulador en Europa es en ese sentido muy parecido al australiano y pone a cualquier empresa que lance un servicio en el ámbito de la sociedad de la información en una posición de garante. Una prohibición concreta de los países limitaría mucho el poder de interpretación de las tecnológicas y reduciría su nivel de maniobra ante un tribunal otorgando a los jueces un marco más claro a la hora de medir los daños y perjuicios.

«Por eso las empresas están de uñas con Europa y piden a gritos la desregulación», explica Ricard Martínez, profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València. «Estamos en un marco de lucha que se parece al que protagonizó la burguesía contra el absolutismo en el siglo XIX con monarcas todopoderosos que se consideran al margen de la ley y que tienen un poder informacional que les permite tomar decisiones en nuestro lugar, así como definir nuestra conducta. También son capaces de condenarnos a comprar lo que ellos quieren y cuando quieren. Nuestra esperanza frente a estos señores feudales es la regulación».

De lo que no hay duda es de que la industria tecnológica tiene unos productos de una sofisticación extraordinaria. Son fascinantes, seductores, tan adictivos en algunos casos que parecen diseñados por Satán. Desde el scroll infinito hasta los vídeos continuos sin olvidar la selección de sus algoritmos para satisfacer nuestros gustos. Internet es hoy un parque de atracciones cuyos juegos están diseñados por los ingenieros más brillantes del mundo.

Lo que sucede es que tanto Pendergast como Martínez, a 17.400 kilómetros de distancia el uno del otro, lanzan una advertencia: la montaña rusa está averiada. ¿Qué debe hacer un padre como el de Irene o Pablo? El dilema es averiguar qué es mejor: decirle a un hijo que se monte con cuidado o prohibirle la entrada en el parque de atracciones.

–¿Pedimos que nos devuelvan la entrada si una atracción no funciona?

Pendergast responde sin dudar.

–No, hay que arreglar lo que está roto.