El actual consejero delegado de la ONG CyberPeace Institute asegura que es pronto para saber cómo los avances tecnológicos afectarán a los procesos electorales: "La seguridad nacional es importante, pero la gente siempre es más vulnerable que los Estados"

Actualizado Miércoles, 6 marzo 2024 - 00:04

La inteligencia artificial (IA) está siendo usada por Estados Unidos para detectar objetivos en Irak, Siria y Yemen. Pero también por las campañas electorales de Donald Trump e incluso de candidatos a la Cámara de Representantes de EEUU. La nueva tecnología es, para muchos, la última amenaza (por ahora) tecnológica que se cierne sobre los sistemas democráticos del mundo, y que se suma a la lista interminable de ataques e interferencias electorales -reales o supuestas- que suceden en el mundo online.

Stéphane Duguin, ex alto cargo de la unidad de Cibercimen de Europol y actualmente consejero delegado de la ONG CyberPeace Institute, tiene una visión más matizada. Duguin, que ha participado este lunes en el consejo de administración del Institute, que se ha celebrado en la antigua sede de Telefónica en Gran Vía (Madrid), cree que todavía es pronto para saber cómo la IA va a afectar a los procesos electorales. Su visión, sin embargo, no es optimista, porque los Estados -que regulan internet y el mundo tecnológico- y el sector privado -que es el que desarrolla y opera internet y todas las nuevas tecnologías- cada vez están más distanciados a la hora de luchar contra el cibercrimen.

Este 2024 es el año de las elecciones en todo el mundo. En total, 64 países más la Unión Europea celebran comicios electorales (aunque en alguno, como Rusia, ya sabemos quién va a ganar). ¿Puede ser también el año en el que la IA se convierta en una herramienta de desinformación de las campañas electorales?

Eso es algo que está por ver. La IA se ha convertido en una cosa de la que todo el mundo habla pero de la que nadie sabe con precisión cómo va a afectar al espacio informativo. En la Conferencia de Seguridad de Múnich, por ejemplo, había un interés generalizado con la IA, pero muy pocas respuestas para todas las preguntas que se planteaban. Así que habrá que esperar. Lo que sí está claro es que en materia de desinformación y ciberseguridad, la IA no es en sí misma un elemento de cambio cualitativo, sino cuantitativo. No ha cambiado las dinámicas, tan solo las ha aumentado. Si antes podías engañar a la gente a través de internet, ahora, con el refuerzo de la IA, puedes llegar a muchas más personas, hacerlo más deprisa, de manera más personalizada, interactuando mucho más. La escala está cambiando, pero los elementos básicos de la situación son los mismos. Y hay otro elemento: si la IA es empleada correctamente, puede ayudarnos a detectar la desinformación.

La IA, entonces, ¿puede ser una herramienta para combatir la desinformación?

Es una tecnología que va a ayudar tanto a los que defienden como a los que atacan el Estado de Derecho. Hay una cosa clara: los LLM [Grandes Modelos de Lenguaje, según sus siglas en inglés, como ChatGPT] necesitan cantidades masivas de poder de procesamiento de datos, talento -es decir, personal- y datos. Y los grupos criminales no tienen acceso a esas tres cosas. Acaso puedan lograr alguna de ellas, o de manera parcial, pero las tres, y en las cantidades requeridas, quedan lejos de sus posibilidades, por muy grandes e influyentes que sean las organizaciones criminales de las que estemos hablando. Eso limita mucho su capacidad para emplear la IA con fines malévolos. Otra cosa, evidentemente, es que los Estados sí tienen esos tres recursos. Y, por tanto, pueden desarrollar herramientas de IA y entregarlas a grupos criminales. De hecho, es algo que ya se ha dado en casos de desinformación con tecnologías menos avanzadas, cuando grupos vinculados a Gobiernos han llevado a cabo acciones para manipular elecciones.

Cuando se habla de ciberseguridad en general, siempre da la impresión de que los Estados están tratando de coger el ritmo del sector privado, pero éste cada vez va más deprisa. ¿Es correcta esa apreciación?

Lo que yo veo una desconexión muy grande entre las realidades sobre el terreno y cómo los Gobiernos lo enfocan.

Es curioso que diga eso cuando en el caso de Ucrania todo el mundo ha elogiado la coordinación entre el Gobierno de Estados Unidos y empresas como Microsoft para prevenir ciberataques.

Me refería al hecho de que internet es una red privada, formada por infraestructuras interconectadas de empresas privadas, en la que los Gobiernos juegan un papel secundario. Es necesario que haya más comunicación entre las dos partes. En los conflictos armados se supone que los partícipes deben cumplir cada uno su papel, que ha sido determinado por el Estado. Pero ahora la guerra es algo que se está moviendo de los gobiernos al sector privado en el ámbito de la ciberseguridad. Eso no quiere decir que sector privado y Estados no puedan coordinarse, como demostró el caso de Ucrania, donde las empresas trasladaron los datos del Gobierno de ese país a la nube, de modo que, cuando los misiles rusos impactaron en las infraestructuras físicas, la información que éstas contenían estaba a salvo. Pero hay muchos más ejemplos de vulnerabilidades. La divergencia básica es que las empresas deben proteger a sus clientes y los Gobiernos deben proteger a los ciudadanos. Y eso no siempre encaja bien.

En la ONU se está negociando desde hace años un Tratado sobre Cibercrimen. ¿Puede suponer un cambio en esa dinámica?

Al contrario. El Tratado de Cibercrimen está siendo promovido por Rusia, con el apoyo de China, que son dos países que dan importancia a la seguridad nacional en detrimento de la población y en los que además la actividad económica está dirigida por el Estado. Hay una gran diferencia entre lo que los diplomáticos están negociando y lo que lo que está en juego. La seguridad nacional es importante, pero la gente siempre es más vulnerable que los Estados.