Vivienda lleva la propuesta al Consejo de Ministros de este martes después de reuniones con las CCAA, aunque estas no han visto el documento final
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en Ciudad Real.EFE
Actualizado
Con varios meses de retraso, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 llega este martes al Consejo de Ministros con una propuesta final para mejorar el acceso a la vivienda. Su primer borrador, conocido en octubre, generó un choque con las comunidades autónomas -en concreto con las presididas por el PP- debido a la falta de comunicación y al nuevo esquema de financiación que exige a las comunidades elevar su aportación al 40% del presupuesto total.
Para calmar esta oposición de las CCAA y desbloquear la propuesta, el Ejecutivo asumirá finalmente el coste del primer año "en solitario". Así lo confirman fuentes del Ministerio de Vivienda a este periódico. Esto con el objetivo de que las CCAA "puedan adaptar sus cuentas" antes de incorporarse al esquema de cofinanciación previsto. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunciaba el septiembre pasado en Moncloa que el nuevo plan propone triplicar la financiación hasta los 7.000 millones de euros.
"Es un plan hecho con diálogo y buscando consenso", aseguran fuentes del ministerio. Además, niegan que haya habido un conflicto y aceptan haber hablado e incorporado alegaciones de "todas las comunidades", que se reflejarán en el texto que se apruebe este martes: "Confiamos en el acuerdo". Pero esta sensación no llega a todas las CCAA, que hasta el momento no han visto la propuesta final -por lo que no saben si esta financiación estatal del primer año se pondrá como tal en el documento- y algunas apenas se enteraron de que se aprobaría cuando Rodríguez lo anunció el jueves pasado en Ciudad Real, por lo que critican que persiste la falta de comunicación.
"Lejos de ser un marco de colaboración, es un instrumento para recentralizar competencias que son claramente autonómicas", señalan fuentes de la Comunidad de Madrid a este periódico. Por esto, ven la financiación "directamente inviable" al exigir a las comunidades "multiplicar por seis su esfuerzo" mientras el Estado aporta con un 60% del que "parte de ese dinero ni siquiera está garantizado porque depende de unos presupuestos que no existen. Es un plan que llega tarde".
Aunque el ministerio convocó la Comisión Mulilateral en noviembre pasado, la Xunta de Galicia niega haber tenido alguna reunión con la ministra "pese a solicitar en reiteradas ocasiones que se aprobara el plan del que dependen la convocatoria de varias líneas de ayuda", por lo que no sabe si en realidad la propuesta final recoge las alegaciones de la CCAA. "Lamentamos también que nos enteremos por la prensa de la intención de la ministra de llevarlo esta semana a Consejo de Ministros".
En otro punto, el borrador que se conoce hasta el momento contempla una serie de ayudas que se verán incrementadas en caso de estar en una zona declarado como mercado residencial tensionado, siguiendo una de las medidas más polémicas de la Ley de Vivienda. "Intenta imponer medidas que ya han sido declaradas inconstitucionales, como la protección permanente, o condiciona la financiación a declarar zonas tensionadas. Es decir, o se hace lo que el Gobierno quiere o no hay dinero. Todo al servicio de su agenda política", denuncian fuentes de la Comunidad de Madrid.
La propuesta debió haber visto la luz a finales del año pasado para entrar en vigor en enero. Sin embargo, este retraso supone demoras también en las ayudas que se esperaban para el primer trimestre del año y, por tanto, para los que vienen, "mínimo hasta el segundo trimestre", lamentan desde Galicia. En su caso, "supone tener bloqueados hasta 80 millones de euros, de los que la Xunta aporta 32 millones de fondos propios", explican. "El Gobierno central tiene que cumplir para evitar seguir perjudicando a los gallegos con un retraso que era evitable".
En cualquier caso, las comunidades, sobre todo las presididas por el PP, se mantienen a la expectativa de conocer qué contiene finalmente la propuesta que lleva Rodríguez al Consejo de Ministros antes de tomar una posición definitiva. La ministra desgranó algunas medidas incluidas en el documento final, que pone especial atención al mundo rural. Así lo detallo durante la jornada Habitar el mundo rural: vivienda y futuro organizada por la Tribuna de Ciudad Real el jueves pasado.
Destacó ayudas para rehabilitación de viviendas vacías, en cascos históricos o con protección patrimonial, compensaciones económicas por viviendas privadas que pasen al alquiler asequible, beneficios para nueva construcción con protección permanente y ayudar para jóvenes que compren o construyan su primera vivienda en municipios de menos de 1.000 habitantes. Algunas de ellas ya discutidas en la Comisión Mulilateral con las CCAA.