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Yolanda Martínez necesita que una citación judicial llegue a una cárcel de Irak. Sin esa notificación no puede presentar con garantías la demanda de divorcio contra Omar El Harchi, el yihadista español de origen marroquí que la llevó hace más de una década hasta el territorio del Estado Islámico. El trámite afecta también a la situación civil de tres de sus hijos, repatriados desde Siria y todavía sin documentación española.
José Luis Laso, abogado de Yolanda, reclama que el Ministerio de Asuntos Exteriores active los servicios consulares de la Embajada de España en Irak para confirmar la identidad del preso y hacerle llegar la citación judicial. Según el letrado, Exteriores nunca ha respondido a esa petición. La representación de la familia también ha recurrido al Defensor del Pueblo para pedir que se movilicen los cauces institucionales necesarios.
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La crítica de Laso se dirige también al Registro Civil de Madrid. Para la defensa, la negativa a inscribir a tres de los menores solo se entiende desde una lectura ideológica. El letrado sostiene que son hijos legítimos de Yolanda Martínez, española, y de El Harchi, español nacionalizado. El CNI practicó pruebas de ADN que confirmaron que los niños son hijos biológicos de Yolanda y los informes de infancia de la Comunidad de Madrid fueron favorables.
Según la defensa, sobre los menores pesa una sospecha por haber nacido o crecido en el entorno del califato, como si esa circunstancia permitiera tratarlos más como un riesgo que como niños con derechos. La familia reclama que los tres menores reciban los documentos que, según su representación legal, les corresponden por filiación natural.
Esa crítica coincide con la de Javier Nart, ex eurodiputado e interlocutor en las gestiones para la repatriación, que visitó los campos del norte de Siria y denunció las condiciones en las que permanecían los menores. Nart llegó a describir aquellos recintos como «un campo de concentración».
Yolanda fue una de las tres españolas localizadas en 2019 en campos del noreste de Siria bajo custodia kurda, junto a Luna Fernández y Lubna Mohamed Miludi, la ceutí. España repatrió en 2023 a Yolanda y Luna con sus hijos. Miludi permaneció en Siria. Yolanda fue condenada después por la Audiencia Nacional a tres años de prisión por integración en organización terrorista, tras aceptar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. La sentencia incluyó siete años de inhabilitación para profesión u oficio educativo, cinco años de libertad vigilada y la obligación de someterse a un programa de desradicalización.
Durante años, El Harchi estuvo internado en Al Sina, en Hasaka, uno de los grandes centros de detención del noreste sirio donde las FDS mantenían retenidos a miles de presos del Estado Islámico. Su reciente traslado a Irak formó parte de la operación iniciada en enero para sacar de esas cárceles a miles de detenidos del Estado Islámico, después de que la seguridad de los presidios quedara comprometida por los combates entre las fuerzas del nuevo Gobierno sirio y las fuerzas kurdas.
Según Alhurra, la cadena estadounidense en árabe, el Comando Central de Estados Unidos anunció el 21 de enero el envío a Irak de unos 7.000 presos del ISIS bajo custodia en Siria. A comienzos de febrero, más de 4.800 ya habían sido entregados a Bagdad y trasladados a prisiones dependientes del Ministerio de Justicia iraquí. Irak aceptó recibirlos por razones de seguridad nacional, tras la fuga temporal de decenas de combatientes en una cárcel siria y ante el riesgo de nuevas evasiones.
Las FDS tenían capturados al menos a dos yihadistas españoles. Uno era Zuhair Ahmed, el ceutí que perdió las piernas en octubre de 2015 durante un ataque con dron contra una posición del Estado Islámico en Shadadi. El otro era Omar El Harchi. La fuente que ha localizado al marido de Yolanda en su nuevo presidio en Irak sostiene que pudo haber sido filiado durante su captura con su identidad marroquí, por su origen familiar, y no como ciudadano español. Esa posible adscripción explicaría que no aparezca dentro del único cupo español del listado iraquí.
El Harchi trabajaba como escayolista en Madrid antes de radicalizarse. Según el relato reconstruido en la causa, justificó su marcha a Siria con el argumento de que no podía permanecer al margen de las atrocidades cometidas por el régimen de Bashar al Asad contra la población musulmana suní. Terminó integrado en el Estado Islámico, alrededor del año 2014. Según la investigación policial, trabajó como bedel en el tribunal islámico de Mosul y participó en el aparato financiero de ISIS mediante la venta de cubas de petróleo obtenidas por la organización.
Yolanda está a punto de cumplir la condena impuesta por la Audiencia Nacional y quiere pasar página. Durante las gestiones para sacar a sus hijos de Siria, el CNI realizó pruebas de ADN que confirmaron que los menores son hijos biológicos suyos. Aun así, tres de los niños siguen sin DNI español. Su madre no podrá cerrar esa etapa mientras sus hijos continúen sin los derechos que, según la defensa, les corresponden como hijos de una ciudadana española y sigan atrapados en una condición de apatridia que la familia considera injustificable e inhumana.
Desde Bagdad se abre ahora otra vía para dejar constancia del paradero de El Harchi. La familia puede obtener una prueba de vida y una confirmación en vídeo que acrediten que se encuentra en Al Karkh. El abogado de Yolanda busca que ese material sirva para reclamar a Exteriores la activación de la vía diplomática y consular, con el fin de hacerle llegar la notificación judicial.
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