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El juez Jos� Ignacio Vilaplana que investiga las piezas pendientes del caso ERE ha dictado un auto que cierra la instrucci�n de la causa relacionada con la concesi�n de ayudas por valor de 54,3 millones de euros a la empresa Boliden Apirsa y que sentar� en el banquillo a siete ex altos cargos socialistas de la Junta de Andaluc�a, entre ellos el que fuera consejero de Empleo, Manuel Recio.
El magistrado ha acordado continuar como procedimiento abreviado las diligencias abiertas en su d�a tras observar indicios de delitos de prevaricaci�n administrativa, malversaci�n de caudales p�blicos y falsedad documental. Adem�s de Recio, han sido procesados en esta pieza tres ex viceconsejeros, dos ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social y un ex director general de la Agencia IDEA.
En cambio, se ha dictado el sobreseimiento de la causa provisional para los exconsejeros de la Junta Antonio Fern�ndez (consejero de Empleo entre abril de 2004 y marzo de 2010) y Mart�n Soler (consejero de Innovaci�n, Ciencia y Empresa desde abril de 2009 hasta marzo de 2010) al entender que, respecto de ellos, "no se encuentran en la causa indicios s�lidos que permitan atribuirles participaci�n -relevante penalmente- en los hechos por los que se procede en la presente causa", seg�n el auto que ha remitido a los medios este mi�rcoles el gabinete de comunicaci�n del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc�a (TSJA).
El juez subraya que "es cierto" que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera y una testigo "relatan en sus respectivas declaraciones judiciales que el acuerdo entre los directivos de ambas consejer�as en orden a cooperar en la il�cita financiaci�n de esa l�nea de ayudas habr�a sido asumido por los sucesivos viceconsejeros" de dichas consejer�as, "pero no constan manifestaciones concluyentes de que dicho acuerdo hubiera sido adoptado con el benepl�cito de los respectivos consejeros".
"Por consiguiente, la implicaci�n de los cargos y directivos superiores -los consejeros- en tales hechos delictivos no puede sostenerse en consideraci�n a evidencias solventes, m�s all� de las sospechas de que, por su posici�n como responsables m�ximos de las respectivas consejer�as, habr�an tenido conocimiento de la irregular disposici�n de aqu�llos fondos y de los acuerdos determinantes de tal il�cita actuaci�n", apunta el juez en el mismo auto.
La empresa Boliden Apirsa y un colectivo de ex trabajadores afectados por un expediente de regulaci�n de empleo (ERE) en 2001 recibieron ayudas por valor de 54.279.986,16 euros, con la intenci�n de financiar las p�lizas de rentas temporales suscritas por los sindicatos CCOO y UGT con Vitalicio Seguros, as� como un plan recolocaci�n para los empleados.
Como se recordar�, Boliden Apirsa fue la empresa que gestionaba la mina de Aznalc�llar cuando sufri�, en abril de 1998, la rotura de una balsa que provoc� un inmenso vertido de aguas y lodos t�xicos en la cuenca del r�o Guadiamar. Aquel desastre conllev� el cierre de la explotaci�n y el despido de todos sus trabajadores, que se acogieron posteriormente a este plan de ayudas para la financiaci�n de sus rentas.
Entre las ayudas recibidas por Boliden y por el colectivo de trabajadores destaca una por valor de 52.511.754,30 euros concedida para financiar los compromisos de concesi�n y pago de "ayudas sociolaborales" en favor de los extrabajadores afectados por el ERE 3/2001 de la empresa mediante la financiaci�n de una p�liza de seguro colectivo de rentas temporales suscrita por los sindicatos CCOO y UGT con Vitalicio Seguros.
De igual modo, el juez analiza en la resoluci�n la ayuda por importe de 1.768.231,86 euros concedida para financiar un suplemento a la p�liza anterior, suscrito para la contrataci�n de rentas vitalicias adicionales a las rentas temporales pactadas en aquella.
Junto a las anteriores, el magistrado tambi�n resalta en el auto las ayudas concedidas y satisfechas por los responsables de la Consejer�a de Empleo y de Innovaci�n en favor del colectivo de extrabajadores de Boliden Apirsa que, "una vez extinguida su relaci�n laboral, se habr�an acogido a sucesivos planes de recolocaci�n -m�s bien, un s�lo plan con sucesivas y distintas condiciones o negociaciones- eficazmente intermitentes, no siempre aceptados o cumplidos por los propios extrabajadores; quienes, finalmente, ser�an indemnizados por no haber sido "recolocados" con supuestas "ayudas sociolaborales excepcionales" en el curso de los a�os 2008 a 2011".
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