Entre la herencia se encontraban acciones, inmuebles y una colección de arte, posteriormente destinada a instituciones públicas
Lee Kun-hee, ex presidente de Samsung.Corriere della Sera
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Casi la mitad de un imperio transferida al Estado: la sucesión de Lee Kun-hee, histórico presidente de Samsung fallecido en 2020, se ha cerrado con el pago de unos 12 billones de wones (un poco más de 6.800 millones de euros) en impuestos. Un récord para Corea del Sur y, con toda probabilidad, uno de los traspasos más costosos jamás registrados a nivel mundial.
El patrimonio dejado por Lee era imponente incluso para los estándares de los grandes conglomerados asiáticos: unos 26 billones de wones, equivalentes a 14.400 millones de euros. En su interior se encontraba el corazón financiero del grupo (acciones decisivas para el control de Samsung), pero también inmuebles y una colección de arte de extraordinario valor, destinada posteriormente en parte a instituciones públicas.
En Corea del Sur, el impuesto de sucesiones puede alcanzar el 50%, con recargos adicionales para las grandes sociedades. En el caso de la familia Lee, la carga fiscal se situó precisamente en el mayor nivel posible. Ante esta tesitura, la empresa tuvo que reinventarse y encontrar la forma de afrontar el pago. Para ello, se pactaron seis pagos fraccionados a lo largo de cinco años, desde 2021 hasta 2026, una elección que ha permitido a la familia evitar ventas traumáticas, pero que aun así ha impuesto operaciones financieras de relevancia, entre ventas de participaciones, dividendos y financiación externa.
No se trata, por tanto, de un simple trámite, sino de una gestión compleja, casi quirúrgica, de la transición hereditaria.
La historia de Samsung se enmarca en un debate más amplio que recorre muchas economías avanzadas: ¿Cuánto deben gravarse las grandes herencias sin desestabilizar a los grupos industriales que son, al mismo tiempo, su producto y su motor?
Los chaebol (los grandes conglomerados familiares) siguen siendo los pilares de la economía, por lo que la respuesta ha sido hasta ahora contundente: tipos impositivos elevados, incluso a costa de generar tensiones. El caso Lee lo demuestra con claridad.