El Tribunal de Estrasburgo determina que "la práctica consolidada de la escuela de enseñar exclusivamente en catalán perjudicó significativamente a las familias españolas"
La escuela Turó del Drac de Canet.
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Contundente espaldarazo de la Justicia europea a la enseñanza de un 25% de castellano en las escuelas de Cataluña. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha avalado la imposición de esta cuota de español en los colegios de la región al inadmitir una demanda de la entidad independentista Òmnium Cultural contra la sentencia que obligó al centro Turó del Drac de Canet a empezar a impartir este porcentaje de la lengua común, provocando el acoso del secesionismo a la familia de la niña solicitante y a la pequeña.
El Tribunal de Estrasburgo subraya que "la práctica consolidada de la escuela de enseñar exclusivamente en catalán perjudicó significativamente a las familias españolas que residían temporal o permanentemente en Cataluña ya que imedía que sus hijos cumplieran su doble derecho y deber constitucional de aprender castellano".
Además, en su crítica frontal al sistema de inmersión lingüística en catalán, el TEDH subraya que "recibir una educación en la lengua estatal es crucial para facilitar la igualdad de acceso de los alumnos al sistema educactivo estatal y para preservar el principio de unidad del sistema educativo".
"La decisión judicial impugnada no derogó la política lingüística de la escuela, sino que simplemente aumentó el uso del castellano en una o más asignaturas, sin modificar el uso preponderante del catalán como lengua de instrucción", precisa el tribunal europeo, que remacha: "Se consiguió un equilibrio adecuado entre la preservación dela unidad del sistema educativo y la promoción de la diversidad lingüística, de acuerdo con los compromisos internacionales".
La sentencia es de una relevancia destacada porque llega antes de que el Tribunal Cosnticional (TC) dictamine sobre el 25% de castellano. El tribunal de garantías español debe aclarar si la ley que ERC, Junts, el PSC y los Comunes aprobaron en 2022 para no aplicar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que impone el 25% de español en todas las escuelas de la autonomía catalana quebranta la Constitución y si también lo hace el decreto que aprobó el Govern entonces encabezado por el republicano Pere Aragonès para no ejecutar el fallo del TSJC.
La decisión de Estrasburgo ha sido celebrada por los partidarios del bilingüismo en el sistema educativo catalán. La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha considerado que el TEDH "constata que la inmersión vulnera los derechos lingüísticos de los castellanohablantes" en lo que constituye "un nuevo fracaso [dice] para los que mienten y afirman que es un modelo de éxito avalado por Europa". Por el contrario, los partidarios de la inmersión, encabezados por Òmnium, denuncian que la sentencia "no tiene en cuenta que el modelo lingüístico que hay que aplicar en las escuela catalana [la inmersión] emana de una ley del Parlament que cuenta con el apoyo de más del 85%" de la Cámara catalana.