El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional Jos� Luis Castro revoc� ayer la concesi�n de semilibertad a la ex jefa de ETA Soledad Iparraguirre, Anboto, y a Juan Ram�n Carasatorre en sendos autos que cuestionan la utilizaci�n por parte del Gobierno vasco del art�culo 100.2 para sacar de la c�rcel a medio centenar de etarras.
La �reforma legislativa� que propone Castro supondr�a finiquitar el ardid utilizado por la consejera socialista de Justicia Mar�a Jes�s San Jos�, justo cuando una treintena de etarras recluidos en las prisiones de Martutene y de Zaballa (�lava) confiaba en su salida de la c�rcel durante la legislatura de Pedro S�nchez.
La reforma que propone el magistrado supondr�a que la semilibertad no ser�a ejecutiva en cuanto la acordara el Gobierno vasco, sino que solo se aplicar�a despu�s de que la Justicia la hubiera avalado.
Carta de la ex jefa de ETA Soledad Iparraguirre, Anboto.E.M.
De momento, las resoluciones de ayer suponen que Anboto y Carasatorre -uno de los asesinos de Gregorio Ord��ez en 1995- dejar�n de salir todos los d�as de prisi�n para volver al r�gimen cerrado en una prisi�n en la que los etarras cuentan con beneficios como no compartir celda o disfrutar de conciertos como el protagonizado por el cantante radical vasco Ferm�n Muguruza en noviembre de 2024 en uno de los patios de la prisi�n donostiarra.
Anboto y Carasatorre volver�n a compartir m�dulos y patio con hist�ricos etarras como Henry Parot, Jon Olarra Guridi, Ainhoa Mujika, Jon Rubenach o Iratze Sorzabal. Una treintena de presos de la banda recluidos en la c�rcel de Martutene en la que, seg�n los autos del juez Castro, la aplicaci�n del Reglamento Penitenciario a los etarras no se ajusta estrictamente a la norma.
La exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, 'Anboto', al salir de la c�rcel de Martutente (San Sebasti�n), en marzo.Javier EtxezarretaEfe
El magistrado detecta irregularidades que facilitan �excarcelaciones anticipadas�, que no benefician ni a las v�ctimas, ni a la sociedad, ni son �tiles para la reinserci�n de los condenados.
En el caso de Anboto, el magistrado subraya la �extrema gravedad� de los delitos por los que fue condenada, que incluye su participaci�n en 10 asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la Corona. Todas las condenas suman cientos de a�os de prisi�n, pero se acumulan en una pena de 30 a�os que finalizar�n en septiembre de 2034.
Cincuenta etarras han anticipado su salida de prisi�n por esa v�a
Despu�s de d�cadas de militancia en ETA y de dos d�cadas cumpliendo sus condenas, Castro resalta en su auto que Anboto escribi� una carta de arrepentimiento el pasado 26 de enero, es decir, en una fecha �inmediatamente anterior a la aplicaci�n administrativa del art�culo 100.2 del Reglamento Penitenciario�.
La misiva forma parte de la justificaci�n utilizada por el Gobierno vasco para concederle esta semilibertad. En ella se limita a manifestar �su pesar� por el asesinato de v�ctimas inocentes, a las que cita. Anboto menciona a Estanislao Galindez Llano, Antonio Ligero Hec, Rafael Mucientes Sanz, Luciano Cortizo Pasara, Rafael Leira Loro, Domingo Dur�n D�ez y Jose Maria Aguirre Larraona y se refiere tambi�n a sus �allegados� para reconocerles el �dolor causado�. No habla de arrepentimiento.
El etarra Juan Ram�n Carasatorre Aldaz, durante un juicio en la Audiencia Nacional.Fernando VillarEfe
Anboto milit� en ETA desde 1984 hasta su detenci�n en 2004 junto a su pareja y tambi�n dirigente de la banda Mikel Albisu Antza. �Expreso mi renuncia a la utilizaci�n de la violencia�, dice en su carta Soledad Iparragirre, ocho a�os despu�s de que la banda anunciara su disoluci�n.
El juez Castro desvela en sus autos c�mo el Gobierno vasco retuerce la legalidad penitenciaria para facilitar salidas de prisi�n; el principal objetivo de EH Bildu como confes� Arnaldo Otegi el 18 de septiembre de 2021. Anboto logr� ese r�gimen sin haber disfrutado previamente de permiso alguno del juzgado, lo que seg�n Casto �impide� valorar su evoluci�n. Tambi�n se sorprende el juez de que el Gobierno vasco �ha prescindido de mecanismos jur�dicos y tratamentales propios de la progresi�n ordinaria�.
Propone cambiar la ley para que el beneficio llegue si el juez lo aprueba
El sesgo pol�tico en la concesi�n de beneficios penitenciarios a los etarras a�n resulta m�s notorio en el caso de Carasatorre, miembro del comando Donosti y que, junto a Xabier Garc�a Gaztelu Txapote y Valent�n Lasarte, asesin� a Gregorio Ord��ez. El juez resalta que la resoluci�n del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco no viene acompa�ada de un plan de ejecuci�n, un requisito del Reglamento Penitenciario.
A�ade que la aplicaci�n del 100.2 la adopt� unilateralmente la direcci�n de la prisi�n, �sin propuesta o acuerdo previo de la Junta de Tratamiento�. La Junta se opuso, puesto que a�n no hab�a disfrutado de permisos y llevaba poco tiempo en el centro. Adem�s, a�ade una reflexi�n que constata el papel jugado por los directores de las tres prisiones vascas -nombrados por el Departamento de Justicia- en el salida de la c�rcel de los etarras. �Es cada vez m�s frecuente� la intervenci�n de los Centros Directivos en la decisi�n. �Lo que no resulta admisible, al amparo del texto del Art. 100.2 RP es que estos �rganos administrativos sustituyan funciones competenciales propias de las Juntas de Tratamiento, ya que de ocurrir esta circunstancia cabr�a valorar la nulidad de las decisiones del �rgano administrativo superior�, advierte Castro.
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