La Sección Tercera rechaza los recursos que presentaron Francis Puig y su socio recurso contra el auto de procesamiento del juez de instrucción.
El empresario Francis Puig.
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El hermano del ex presidente de la Generalitat Ximo Puig y su socio se sentarán en el banquillo para ser juzgados por un presunto delito de estafa y falsedad en el cobro de ayudas al fomento valenciano entre 2015 y 2018. La Sección Tercera de la Audiencia de Valencia ha notificado a las partes que rechaza los últimos recursos presentados por los empresarios Francis Puig y Joan Enric Adell Bover contra la decisión del juez de instrucción de enviarles a juicio.
En su escrito de apertura de juicio oral, ratificado ahora por la Audiencia, el magistrado consideraba tras la investigación que ambos empresarios habían obtenido "indebidamente subvenciones de la Generalitat Valenciana" a través de las empresas Mas Mut Produccions, Comunicacions dels Ports, ambas administradas por el hermano de Puig, y Canal Maestrat, dirigida por Adell Bover.En total, 67.500 euros.
Quedaba acreditado que ambas empresas hicieron uso de "facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios y actividades carentes de forma patente de cualquier tipo de relación con la subvención que efectivamente se obtuvo".
El hermano de Puig se enfrentará a una pensa de cuatro años y diez meses de prisión solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular, el Partido Popular, mientras que para su socio la reduce a tres años. Además, la Abogacía de la Generalitat solicita que presten una fianza para cubrir la responsabilidad civil ante la Generalitat Valenciana y Cataluña que será de 147.589,29 euros en el caso de Puig y de 99.614,33 en el de Adell Bover.
La investigación que ha llevado al hermano del ex presidente socialista de la Generalitat al banquillo se inició a raíz de una querella presentada por el Partido Popular en 2019. Incluso después de abierto el proceso judicial, las firmas de Francis Puig siguieron recibiendo subvenciones para el fomento del valenciano e incluso en la actualidad son proveedoras de la radiotelevisión pública valenciana porque no hay impedimento legal que impida su contratación.