La Audiencia Nacional ha ordenado el cierre tras una actuación de asuntos internos de la Guardia Civil
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La ejecución del cierre judicial de Vive Madrid, uno de los mayores prostíbulos de la capital, provocó este miércoles por la tarde una tensa protesta de decenas de trabajadoras sexuales en el distrito madrileño de Tetuán. Las mujeres se concentraron frente al amplio dispositivo desplegado por la Policía Nacional y la Guardia Civil para reclamar la reapertura del local y defender su derecho a ejercer la actividad.
"Queremos trabajar" y "Somos libres" fueron algunos de los gritos que resonaron en la calle Marqués de Viana mientras los agentes ejecutaban la orden de precinto dictada por la Audiencia Nacional. Las manifestantes se situaron frente a los furgones policiales, exhibieron pancartas y reprocharon a las autoridades el cierre del establecimiento. Algunas de las trabajadoras rechazaron las acusaciones de explotación sexual que pesan sobre los responsables del negocio y defendieron que ejercían la prostitución de forma voluntaria. "Aquí nadie está obligado a estar", aseguraba una de ellas durante la concentración. En el local de Marqués de Viana trabajan alrededor de 160 prostitutas y unos 50 empleados.
El cierre de Vive Madrid no responde a una actuación administrativa ordinaria, sino a una orden judicial emitida por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. El local está cerrado con los precintos oficiales de la Guardia Civil tras el desalojo del inmueble y el aseguramiento de la zona por parte de unidades policiales, según adelantó El Español.
Las trabajadoras permanecieron durante varias horas en las inmediaciones del establecimiento mientras se desarrollaba la operación. La intervención requirió un importante despliegue de agentes para garantizar la ejecución de la resolución judicial y evitar incidentes.
Investigación por explotación sexual y blanqueo
El precinto supone el episodio más contundente hasta la fecha en la ofensiva judicial contra este macroprostíbulo, que ya fue objeto de investigación en la denominada Operación Pompeya. Aquella causa, aún pendiente de juicio, sentó en el banquillo a una treintena de acusados por un presunto fraude fiscal relacionado con el cobro mediante tarjeta bancaria a los clientes.
La actual investigación de la Audiencia Nacional va más allá. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Francisco de Jorge, dirige unas diligencias declaradas secretas por presuntos delitos de explotación sexual, blanqueo de capitales, organización criminal y fraude fiscal.
Hace varias semanas fueron detenidas cuatro personas en el marco de esta operación, entre ellas el Ángel Crispín Gilaranz, propietario de Vive Madrid, y una empresaria de nacionalidad búlgara considerada socia del establecimiento. Ambos ingresaron en prisión provisional por orden judicial.
La causa también afecta a un teniente coronel de la Guardia Civil, identificado por las iniciales J.L.G.M., que figura como investigado. Según fuentes próximas al caso, el mando no estaría siendo investigado por delitos relacionados con la trata de seres humanos ni por integración en organización criminal, sino por su presunta participación en la gestión de fondos obtenidos supuestamente de manera ilícita por su pareja, una de las principales investigadas.
Los registros y detenciones se llevaron a cabo en Madrid, Barcelona, Gijón y Castellón. La Audiencia Nacional asumió la investigación al considerar que el supuesto blanqueo de capitales habría tenido una dimensión internacional, con operaciones vinculadas a terceros países como República Dominicana.