A unos 200 metros del Ayuntamiento de Talayuela, en Cáceres, la marroquí Sofía Tabyaoui se esmera en atender con cortesía a los clientes que llegan a su bazar. En él se puede encontrar casi todo lo que uno imagine para la vida rutinaria: desde utensilios para el hogar como sartenes o cubiertos, a pilas, cargadores, toallas, brochas para pintar, rotuladores, cinta aislante...

Sofía y su marido tienen otros dos negocios similares en este pequeño municipio convertido en la localidad con mayor porcentaje de población extranjera de toda Extremadura. Son uno de cada cuatro vecinos. Y, paradójicamente, muchos de ellos cumplen al dedillo con los requisitos pactados por PP y Vox para repartir ayudas bajo un principio de «prioridad nacional».

Sofía y su pareja, marroquí como ella, son autónomos. Dan empleo a tres personas más. La mujer cuenta que ella y su pareja, como lo hacen «la mayoría de los inmigrantes que vienen y viven aquí», rompen con los estereotipos y los prejuicios que, según piensa Sofía, PP y Vox mantienen sobre los extranjeros que residen en Extremadura, donde dichas formaciones acaban de sellar un pacto de Gobierno a nivel regional para la próxima legislatura. La popular María Guardiola ya ha sido investida presidenta gracias a ese acuerdo.

«Se habla de que los extranjeros cobramos ayudas nada más llegar, de que no trabajamos... Pero eso es mentira. Mi marido lleva en España desde hace más de 15 años. Llegó y montó el primero de los tres negocios que tenemos. Ya tiene la nacionalidad española. Yo llegué hace diez, gracias a la reagrupación familiar que facilita este país. Tengo un permiso de residencia permanente, por lo que soy una ciudadana legal más. También tenemos dos hijos menores de edad que estudian en colegios de aquí. Damos trabajo, generamos riqueza en el pueblo en el que vivimos... No se nos puede pedir más. Tampoco nunca hemos recibido nada. Veo muy poco la televisión y no escucho ni leo apenas noticias sobre política, pero para ellos [se refiere a PP y Vox] también somos prioridad nacional, ¿verdad?».

Sofía se refiere al término que más polémica ha suscitado en la última semana del documento donde viene recogido el acuerdo de gobierno entre ambas formaciones. En el apartado de acceso a una vivienda protegida y de alquiler, PP y Vox señalan que «se establecerá un sistema (...) inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio».

Uno de los criterios que marca esa «prioridad nacional» de la que hablan es el del arraigo. «Exigencia de arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en Extremadura», con un «mínimo de diez años para compra y cinco años para alquiler».

Ese acuerdo establece también como condición para el acceso a una vivienda pública, ya sea en régimen de compra como de arrendamiento, la «vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio».

A su vez, el nuevo Gobierno extremeño «valorará positivamente (...), a efectos de criterios de baremación, todos aquellos perfiles más expuestos a la actual crisis de vivienda: jóvenes menores de 36 años, nuevos núcleos familiares, familias numerosas, unidades de convivencia con dependientes a cargo, personas con discapacidad, personas sin solución habitacional, unidades de convivencia en situación de hacinamiento...».

Por otro lado, el acuerdo contempla excluir a aquellos solicitantes que hayan sido condenados como autores de delitos de allanamiento o usurpación de viviendas en los últimos cinco años. O lo que es lo mismo, a los okupas.

«Yo creo que cumplo todos los requisitos para ser considerado un ciudadano extremeño con prioridad nacional», confirma el también marroquí Bouziane Lamkadem.

Crónica le encuentra en la plaza que hay junto a la puerta de acceso al Ayuntamiento de Talayuela, donde este pasado miércoles medio centenar de inmigrantes (todos, de origen magrebí) hacían cola para entregar en una ventanilla la documentación necesaria para tramitar su petición de regularización en España.

25 AÑOS EN TALAYUELA

Bouziane tiene 34 años y un negocio propio desde hace cuatro. Se trata de un locutorio donde ofrece sus servicios para envío de dinero al extranjero y donde también asesora a otros inmigrantes a la hora de realizar trámites con la administración, como empadronamientos o solicitudes de permisos de trabajo. Antes, desde los 16 años, trabajó como temporero en el campo, aunque tiene estudios de informática.

A su vez, la mujer de Bouziane también tiene su comercio propio y los dos son padres de un bebé que todavía va en carrito. «Llevo 25 años residiendo en Talayuela», explica Bouziane mientras se aparta unos minutos de un grupo de marroquíes a los que les está ayudando a rellenar un documento que han de presentar en el Consistorio para iniciar su proceso de regularización.

«Llegué a los nueve años, después de que mis padres emigraran antes para trabajar en el campo; estudié en un colegio del pueblo; mi mujer ya vive aquí, somos padres, hemos creado una familia... Entiendo que nosotros, en caso de solicitar una ayuda a una vivienda protegida u otro tipo de prestaciones, debemos de tener las mismas posibilidades que cualquier otra familia española. Yo me siento tan de Talayuela como cualquier otro vecino autóctono, a pesar de que desde algunos partidos se nos quiera excluir. Tengo mi vida hecha aquí».

Bouziane —menudo, camisa blanca con motivos turquesas, vaquero azul, mochila negra echaa a los hombros— se confiesa «totalmente integrado» en este municipio donde el 24,4% de sus 7439 habitantes procede del extranjero, según datos de la Junta extremeña, aunque el Ayuntamiento estima que hay en torno a cerca de 2.000 personas más residiendo aquí sin estar censadas.

Bouziane siente que desde hace «unos años» se está señalando a los inmigrantes magrebíes, «en especial» por parte de Vox, y sostiene que «el PP se ha dejado arrastrar por un partido racista».

«Entre toda esta gente que ves aquí hay miedo», dice, señalando con la palma de su mano hacia la cola de solicitantes de regularización que tiene a su espalda.

«Si no los quieren aquí, se marcharán a otras comunidades donde se les reciba bien. Pienso que los votos deberían ser públicos, saber quién ha votado a quién. Si mi vecino vota a Vox, a mí me está excluyendo, no me quiere en estas calles ni tampoco en Extremadura por mi procedencia, es así de claro. Pero la verdadera prioridad nacional es la que tiene este país para cubrir determinados puestos de trabajo. Ojalá todos los extranjeros pudiéramos un día parar y decir que queremos irnos. Si quisiéramos, paralizaríamos el país, desde la agricultura a la hostelería. El inmigrante viene a hacer el trabajo que no acepta el español de nacimiento, que nadie tenga duda de ello. No le robamos el puesto a nadie, aceptamos el que nadie quiere, que es muy distinto», defiende.

SIN CLASES DE ÁRABE

El acuerdo entre el PP y Vox para la investidura de Guardiola contempla también otros puntos controvertidos donde la comunidad árabe en concreto vuelve a sentirse señalada. Uno de ellos es la supresión de la aplicación del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. «Dejará de impartirse de forma inmediata en los centros de Educación Primaria y Secundaria de la región», señala el texto consensuado entre ambas formaciones.

El pasado 12 de diciembre de 2025, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el acuerdo firmado por España y Marruecos en materia educativa que señalaba las condiciones para que el árabe se imparta en las aulas españolas —ya se hace en doce comunidades autónomas, con mayor o menor implantación en las aulas—.

«[Marruecos] pondrá a disposición de la parte española, antes del inicio del curso escolar, al profesorado que deba impartir lengua árabe y civilización marroquí en los centros docentes españoles dependientes del Estado español», dice el acuerdo entre Madrid y Rabat. El nuevo Ejecutivo extremeño lo rechaza de plano.

«Mostramos un rechazo explícito a cualquier programa de adoctrinamiento en las aulas y a cualquier injerencia extranjera o intento de diluir nuestra identidad, usos y costumbres», añade el pacto suscrito en Extremadura.

Se da la circunstancia de que Talayuela es el único municipio extremeño en el que se enseña el árabe a sus escolares. Hay dos colegios en el pueblo donde se imparte dicho idioma. 140 alumnos se benefician del servicio.

«Aunque todavía ha de trasladarse a la calle y al día a día de la gestión de Extremadura, este pacto suena a muy discriminatorio», afirma el secretario local del PSOE en Talayuela, Jesús Melo. «No sólo me refiero a eso de la prioridad nacional, que es ilegal, sino también con el tema del árabe en las aulas. Este gobierno autonómico ha nacido con la voluntad de recortar derechos y libertades a quienes hace décadas acogimos muy bien y a los que ahora señalamos por su procedencia o su religión».

En Talayuela, al igual que ahora en la región extremeña, gobierna un alcalde del PP, Roberto Baños, con el apoyo de Vox, formación que ostenta la concejalía de Obras y Servicios a través de su único edil electo, José Antonio Domínguez. Este suplemento se puso en contacto a través de llamadas telefónicas y de mensajes tanto con el regidor popular como con el concejal voxista. Roberto Baños argumentó que se acercaba la feria del municipio (concluye este domingo) y que no tenía un hueco en su agenda para atender al reportero. Domínguez prometió devolver la llamada en otro momento. Nunca lo hizo.

"SON BULOS CONTRA LOS MARROQUÍES"

Si en Talayuela uno de cuatro vecinos no es español, en el resto de Extremadura la media baja a cuatro de cada 100 (4,1%), una cifra muy por debajo del 14% de la media nacional. Se debe a que a principios de los años 90, el cultivo del pimiento, el arándano o el tabaco, que ha convertido la comarca en el mayor centro de producción nacional, comenzaron a atraer a una notable bolsa de población inmigrante. En su mayoría, eran personas procedente de países del Magreb.

Aquellos primeros extranjeros estaban dispuestos a cobrar un jornal precario que no aceptaba el residente autóctono. Con el paso del tiempo, aquellos rostros foráneos fueron abriendo negocios aquí y allá, comprando casas, teniendo hijos que se fueron insertando en el sistema escolar español... También levantaron su propia mezquita.

Hoy en día, en apenas 50 metros de una calle del centro del municipio es sencillo encontrar una carnicería halal y, a sólo unos pasos, otra donde no se vende cerdo. O un supermercado franquiciado y gestionado por un marroquí, junto a una pequeña tienda de comestibles cuya propietaria es una española.

Muchos de los extranjeros que llegaron primero al pueblo ya son abuelos, consiguieron regularizarse con los años y ahora están jubilados. En vez de marcharse a su país, gozan de su jubilación en España como cualquier otro ciudadano.

El matrimonio formado por el marroquí Hamsa Rejem y la española Estefanía Correas, ambos de 26 años, es fruto de ese mestizaje silencioso de las últimas cuatro décadas. El padre de Hamsa, que ya tiene la nacionalidad española, llegó a España hace más de 30 años. Luego llegaron su mujer y sus tres hijos. Los niños se criaron y estudiaron en este pueblo cacereño junto a los chavales de padres españoles.

Hoy, Hamsa trabaja como camionero y está casado con una talayuelana de nacimiento. Tienen un niño en común que todavía no va al colegio. Él dice con sorna que, pese a «ser morito», también es «prioridad nacional». «La realidad tiene muchos matices que la propaganda de Vox no alcanza a ver. Les explotará la cabeza al ver que una españolaza se ha casado con un moro», dice Hamsa mientras un barbero, también marroquí, le corta el pelo a su hijo.

«Soy de izquierdas, aunque me gusta María Guardiola, no te voy a engañar. Pero con Vox no se puede pactar. Son puro racismo. Eso de la prioridad nacional es sólo para sus fieles. Como los bulos que difunden contra los marroquíes, que si los menas viven a cuerpo de rey, que si a uno que llega en patera se le da una ayuda nada más tocar tierra... Todo es mentira. Son racistas con los marroquíes, con los argelinos, pero muy poco con los subsaharianos, por ejemplo».

CON BAR DESDE 2001

Mohamed Maimouni, un marroquí de 55 años, llegó a España en 1991. Primero, a Murcia, donde trabajó como temporero. Una década después, en 2001, se plantó en Talayuela. Al poco de llegar a este municipio, Mohamed abrió su propio bar, donde un cuarto de siglo después sigue sirviendo tés, pastas típicas de su país, café... El pasado miércoles, todos los parroquianos del local eran nacidos en Marruecos.

Mohamed consiguió regularizar su situación en España en 2007. Tiene cuatro hijos. La mayor, ya casada, reside en Alicante. Los tres restantes todavía viven en su casa con él y su mujer, que goza de un permiso de residencia permanente en el país por reagrupación familiar.

También se muestra descontento con el pacto PP-Vox en la Junta de Extremadura. «Apenas tengo tiempo de pararme a leer, porque me paso el día aquí trabajando», dice este empresario marroquí. «Pero la gente tiene miedo. Muchos de mis clientes que han solicitado la regularización en estos días, me dicen que no saben qué van a hacer si no se les conceden los papeles. Extremadura ya no es una tierra donde se nos da la bienvenida».

DEBATE NACIONAL

El término «prioridad nacional» ha saltado esta semana al debate político nacional. El PP de Alberto Núñez Feijóo lo ha defendido hasta el punto de que en el reciente pacto de su partido con Vox en Aragón también aparece como requisito en el punto de acceso a las ayudas públicas, aunque subraya que ha de ser de acuerdo «a la legalidad vigente».

Sin embargo, en las filas del PP ha salido alguna voz descontenta con ese punto del acuerdo. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido al término en varias ocasiones. «Muchos de esos requisitos no son legales. No se puede dejar al margen a nadie en un sistema al que ha contribuido (...) Ninguna persona extranjera deja a ningún español fuera de nada (...) En Madrid defendemos el orden, estamos en contra de los guetos, de la imposición cultural ajena, pero sí estamos a favor de la integración».

Por su parte, en Vox no han ocultado la trascendencia y la interpretación que ellos hacen del concepto que lograron introducir en el pacto. «Los nuestros primero» o la «prioridad de los españoles». Así describían el término esta semana Óscar Fernández, líder de Vox en Extremadura, e Ignacio de Hoces Íñiguez, diputado de Vox en el Congreso.

Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha dudado en señalar que llevará a los tribunales la medida en caso de que la considere ilegal por discriminar a unos ciudadanos en beneficio de otros. El jefe del Ejecutivo dijo el viernes desde Nicosia (Chipre) que «cuando hablan de prioridad nacional, están hablando de crear ciudadanos de primera y de segunda clase».

OCHO MESES A PIE DESDE TURQUÍA

En la cola de magrebíes que aguardan su turno frente a la puerta del Ayuntamiento de Talayuela se encuentra el marroquí Mohamed Abdessamie. Espera ser uno de los beneficiarios de la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno. Quiere poder comenzar pronto a trabajar. Se encuentra sin documentación en regla en España desde que llegó, hace ahora dos años. Reside en la casa de una tía que vive aquí.

Mohamed, 21 años, espigado, gafas de sol, vaquero y camisa blanca, llegó a Europa por un camino poco corriente para los marroquíes. Se olvidó de la patera y voló desde su país natal hasta Turquía. Luego, durante ocho meses, cruzó solo, a pie, Bulgaria, Serbia, Croacia, Eslovenia, Italia, Francia y media España, hasta alcanzar Talayuela. Durmió en la calle. Pasó hambre. Lloró. Se temió que jamás llegaría.

—¿Recibes algún tipo de ayuda económica, habitacional...?, pregunta el reportero.

—Nada, cero, dice en un precario español.

—¿Tenías claro que querías venir aquí?

—Sí. Sé que hay aquí hay trabajo en el campo. Quiero vivir mejor que en mi país, nada más.

Quien no está a la espera de su regularización en España es Fuzia Belardi, una marroquí de 36 años que lleva desde los nueve en el país. Trabaja en un supermercado del pueblo. Tiene la nacionalidad española por residencia. Está casada con José María Cuesta, un jornalero. Tienen cuatro hijos. Dos, que son mellizas, son fruto de su matrimonio. Ambos ya habían sido padres una vez en relaciones anteriores, por lo que aportaron un hijo cada uno a la relación. Ahora, juntos, son familia numerosa.

«Yo siempre digo que debo de ser la oveja negra marroquí, porque nunca me han dado una ayuda. Lo único que he hecho desde que soy adulta es trabajar, trabajar y trabajar... Esa —dice entre risas— es mi prioridad nacional cada día».