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El abogado de origen marroquí Hamza Al Llabili atiende en su oficina hablando en inglés a una pareja de filipinos mientras otras siete personas con acentos de toda América Latina esperan por su cita. En el despacho ubicado en un primer piso con vista al Monumento a Cervantes de la Plaza de España, el multiculturalismo se expresa en las voces de las secretarias y otros colaboradores; también en el otro abogado socio de Elex Jurídico, el cubano Jorge Herrera.
Hamza y Jorge forman parte del colectivo de 28.000 abogados especializados en extranjería que hay en España, y que con la regularización extraordinaria de inmigrantes de Pedro Sánchez (la séptima desde la restauración de la democracia) viven en esta primavera su temporada alta. Es una especialización a la que se dedican prácticamente uno de cada cinco de los 150.000 abogados del país, según estiman desde el Consejo General de la Abogacía, y a la que, por sus lazos comunitarios, suelen consagrarse muchos de los letrados extranjeros que homologaron su título en España o que hicieron aquí la carrera.
«No damos abasto. Estamos llevando unos 400 o 500 expedientes, cada día se suman 30 más y nos llegan 100 o 200 mensajes en las redes sociales, incluso vienen clientes sin cita por temas urgentes», reconoce Hamza, con su agenda semanal ya completa desde el lunes. Esa demanda exacerbada se debe también a la presencia de la firma en redes sociales, donde suman 76 mil seguidores gracias a los vídeos que suben contando los entresijos de la regularización: a un costado de la recepción coronada con las banderas de España y la Unión Europea, trabaja un equipo dedicado a la estrategia de Instagram y TikTok. «Con la regularización estalló el contenido que compartíamos de divulgación y que también es una forma de promocionarnos», comenta Hamza.
«Hay mucha gente que se dedicaba a otra cosa y ahora han pretendido formarse en esta área viendo un nicho de mercado»
Álvaro Pinazo Conde, coordinador del turno de extranjería del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla.
El letrado marroquí se queja del «intrusismo profesional» de «abogados nuevos que se han querido meter en extranjería porque vieron una oportunidad de negocio» y de «agencias de viaje que hacen contenido» como si fueran asesores. «Hay mucha gente que se dedicaba a otra cosa y ahora han pretendido formarse en esta área viendo un nicho de mercado», confirma, por su parte, Álvaro Pinazo Conde, coordinador del turno de extranjería del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla.
¿Cuánto cobran los abogados que son protagonistas de la regularización? La tarifa base ronda los 400 euros, aunque varía de acuerdo con el servicio, que puede ir desde la revisión de los documentos hasta la presentación final del trámite. También hay bufetes que piden 900 euros, una cifra que desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado consideran «abusiva».
En el caso de Pleitex, una plataforma online recientemente lanzada que conecta clientes con abogados, ofrecen un pack básico por 329 euros, otro «tranquilidad —hasta resolución»— por 479 euros y otro «total — hasta TIE»— por 599 euros. Allí se puede elegir entre los servicios de ocho abogados de extranjería, que trabajan asistidos por inteligencia artificial. «Está todo automatizado, pero dando la seguridad final de una revisión humana para asegurar que no haya errores por las alucinaciones de la inteligencia artificial», cuenta a Crónica uno de sus fundadores, el catalán Guillem Campreciós Salas, experto en IA y SEO.
«Hay mucha demanda, pero somos una profesión acostumbrada a lidiar con picos de trabajo y se está asumiendo el reto de una manera razonable», sostiene el presidente del Consejo de Abogacía de España, Salvador González, y descarta que en los últimos meses hayan aumentado oficialmente los profesionales dedicados a extranjería. González además celebra la regularización, una medida que, asegura, los profesionales del área venían reclamando y que beneficiaría a al menos 500.000 inmigrantes. «Son personas en situación de vulnerabilidad que ahora tienen una oportunidad trascendental en su vida para recuperar derechos que no tenían hasta este momento, aunque estaban aquí conviviendo con nosotros», afirma.
Pese al aval de los «extranjeristas» a la regularización, en el sector hay críticas a la implementación del gobierno, especialmente por el requisito del «informe de vulnerabilidad», un nuevo documento que deben presentar aquellos inmigrantes que no puedan demostrar un empleo o vínculos familiares directos con España. Esa exigencia genera colapsos en los servicios que expiden el certificado, y provoca picos de estrés para los migrantes que tienen su oportunidad de oro hasta el 30 de junio.
En ese contexto trabajan en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que atiende hasta mil personas por día en sus diferentes sedes con su servicio de asesoramiento gratuito para los extranjeros. «El procedimiento se ha intentado simplificar lo más posible para que una persona que cumpla los requisitos lo pueda hacer por sus propios medios, pero en cualquier caso que se salga un poquito de la norma es importante recibir asesoramiento jurídico», apunta Elena Muñoz, coordinadora jurídica de la CEAR. Y señala que muchas veces los extranjeros sufren el principal escollo al tratar de obtener la documentación de su país de origen. Así se explican las escenas de violencia que se vieron esta semana en Madrid cuando un grupo de inmigrantes asaltó la embajada de Gambia como represalia por la falta de respuesta de los funcionarios de su país.
Sin llegar a la desesperación de los gambianos, la inquietud con la que esperan los peruanos y ecuatorianos en el despacho hispano-cubano-marroquí de la calle de la Princesa contrasta con el jazz instrumental que busca amenizar el ambiente. «Tenemos una carga de trabajo anormal, pero intentamos mantener la calma», dice Hamza, que también dedica los fines de semana a los expedientes y las redes sociales. Afuera, en la plaza, el Quijote sigue cabalgando hacia adelante.
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