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Desde que regresaron al poder en agosto de 2021, los talibán han consolidado el control territorial y administrativo de Afganistán, sin apenas enfrentar desafíos militares significativos. Sin embargo, este poder no se ha traducido en el reconocimiento internacional que el movimiento fundamentalista esperaba. La imagen de los talibán 2.0 que intentaron vender durante los primeros meses en el poder, proyectando una política mucho más abierta y respetuosa con los derechos humanos, se diluyó rápidamente, dejando paso al más oscuro de los regímenes, con el robo de prácticamente todos los derechos de mujeres y niñas. Las noticias que emergen del país, filtradas a través de la densa censura impuesta por los talibán -que han prohibido incluso el acceso a internet-, dibujan un escenario alarmante en el que confluyen la represión sistemática, el colapso económico y una crisis humanitaria sin precedentes.
A principios de junio, las autoridades detuvieron a una treintena de mujeres en la ciudad occidental de Herat por infringir el código de vestimenta, según informó la misión de Naciones Unidas en el país, UNAMA. Su arresto provocó una inusual protesta de mujeres en las calles de la ciudad, que intentaron denunciar el control cada vez mayor que el régimen impone contra la mitad de la población. Los talibán abrieron fuego contra las mujeres, dejando dos muertas y más de una decena de heridas.
La noticia desató indignación entre grupos de derechos humanos por la falta de medidas de presión internacionales contra el brutal régimen afgano. Según la legislación actual, estas manifestantes violaron varias leyes con su protesta, una normativa que se impone sólo contra mujeres y niñas, que les prohíbe estar en la calle solas sin la presencia de un familiar varón, mostrar su rostro o hablar en público, al considerar su voz algo que debe ocultarse como los genitales.
Las manifestantes heridas no pudieron ser atendidas por médicos varones tras otra restricción impuesta por los talibán, que dejará en una situación cada vez más vulnerable a las mujeres, debido a la escasez de sanitarias, ya que no se les permite tampoco el acceso a la universidad. Esta catástrofe se hizo evidente en junio del año pasado, cuando un terremoto de magnitud 6 -que causó más de 2.000 muertos- dejó a un número desconocido de mujeres sepultadas bajo los escombros, que no pudieron ser atendidas ni siquiera en las zonas rurales más aisladas del país.
Cada decreto emitido por los talibán en estos últimos cinco años -más de un centenar- ha aislado aún más a las mujeres, prohibiéndoles incluso asomarse a las ventanas de sus casas o que cualquier transeúnte las pueda ver dentro de sus hogares. Afganistán es el único país del mundo en el que las niñas no pueden seguir estudiando a partir de los 12 años, ni siquiera en centros segregados. El bloqueo de internet ha restringido la enseñanza online, que también estaba prohibida, a pesar de que muchas profesoras se arriesgaban a seguir trabajando por el futuro de miles de niñas.
La represión también afecta a casi todo el sector laboral, con el 80% de las mujeres afganas expulsadas del mismo, según un informe de ONU Mujeres. Tampoco se les permite trabajar en la administración fuera del ojo público, ni conducir ni tener salones de belleza para atender a otras mujeres, acabando con los pocos espacios de socialización que tenían fuera de sus hogares. Mujeres y niñas han sido extirpadas de la sociedad, restringiendo su acceso en parques, gimnasios y cualquier tipo de actividad de ocio.
Grupos de derechos humanos claman desde hace un lustro que se tipifique el "apartheid de género" en la ONU, para establecer un marco legal contra la brutalidad talibán. Uno de sus últimos decretos impide casi por completo el divorcio si la mujer lo solicita, aunque su marido la agreda constantemente. La violencia de género está menos penada que la violencia contra los animales y se ha legalizado el matrimonio infantil, con penas de prisión de hasta tres meses contra las niñas que decidan huir de sus maridos y refugiarse con sus familias.
Los talibán defienden su régimen escudándose en la ley islámica, pese a que activistas afganas han criticado que no tiene nada que ver con la religión y que en realidad se trata de medidas para ejercer control sobre la población y marginar a las mujeres. El Tribunal Penal Internacional ha intentado perseguir judicialmente al grupo, con órdenes de detención contra el líder supremo, Haybatulá Ajundzadá, así como contra el presidente del Tribunal Supremo afgano, responsable de los decretos contra las mujeres, Abdul Hakim Haqqani. Más allá de esto, la comunidad internacional ha optado hasta ahora por no reconocer a su Gobierno y aislar al país de la esfera global.
Inicialmente, la interrupción de la financiación internacional fue el último empujón que derrumbó la economía del país, dejando a casi toda la población en la pobreza. En Afganistán, tres de cada cuatro personas no pueden cubrir sus necesidades básicas, según Naciones Unidas, con niveles récord de hambre que superan los 4,5 millones de personas, más de una décima parte de la población. A ello se añade la reciente llegada de decenas de miles de afganos expulsados de países vecinos, después de que varios gobiernos de la región endurecieran sus políticas migratorias. Muchos de los afganos retornados ni siquiera habían vivido en Afganistán y se han visto forzados a empezar de cero otra vida.
La precariedad del país provoca que la comunidad internacional no tenga suficientes herramientas económicas para poder ejercer presión contra el régimen talibán para que respete los derechos humanos. A pesar de su aislamiento internacional, los fundamentalistas siguen enterrando los derechos de la mitad de la población. Y con el paso del tiempo, algunos gobiernos han ignorado su brutalidad en virtud de forjar acuerdos bilaterales. En 2025 fue Rusia quien dio el primer paso para reconocer al Gobierno talibán. En 2026, podría ser la Unión Europea. Los fundamentalistas han sido invitados a Bruselas para formular vías para expulsar a afganos de una veintena de países miembros.
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