El Ministerio publicó un informe que revela que el 61% del mercado del alquiler se encuentra en manos de multiarrendadores particulares y personas jurídicas
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A pocos días de que el Congreso debata la convalidación del Real Decreto que incluye la prórroga de los contratos de alquiler, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha remitido este viernes una carta a 541 inmobiliarias y fondos de inversión que gestionan o concentran 50 o más propiedades cada una para informarles de que deben cumplir con la norma en vigor desde finales del pasado marzo.
En concreto, Consumo subraya que las medidas recogidas en el Real Decreto-ley 8/2026 resultan de "obligado cumplimiento" para todos los contratos de vivienda habitual que caduquen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. En la carta, es tajante al explicar el alcance de la prórroga extraordinaria y señala que la normativa genera un "nuevo derecho de renovación" por un periodo de hasta dos años adicionales que, una vez solicitado por el inquilino, "deberá ser aceptado obligatoriamente por el arrendador". Este blindaje para el arrendatario supone que la extensión del alquiler se realizará "manteniéndose los términos y condiciones del contrato en vigor", lo que impide cambios unilaterales en la relación contractual.
La misiva, firmada por el director general de Consumo, advierte específicamente a estas entidades bajo su condición de "gran tenedor" sobre los límites en los precios. El texto recuerda que, en ausencia de un acuerdo entre las partes, la variación anual de la renta no podrá exceder del 2%. Así, la posibilidad de pactar un incremento distinto solo se contempla "en caso de que el arrendador no sea un gran tenedor". Según ha informado el Ministerio en un comunicado, las empresas a las que se les ha enviado esta carta gestionan más de 50.000 alquileres.
Para asegurar que estas medidas se trasladen de forma efectiva a los miles de contratos gestionados por estas 541 entidades, el Ministerio exige en su escrito la "máxima diligencia" por parte de las inmobiliarias y fondos. El objetivo final, según concluye el texto, es que las empresas adopten los procedimientos internos necesarios para garantizar el "cumplimiento inmediato" de este derecho de renovación antes de que termine el año 2027.
Parte de la carta enviada por el Ministerio.E.M.
La notificación actúa como una herramienta para acelerar la puesta en marcha de la norma mientras el Gobierno todavía negocia los apoyos necesarios para su convalidación en el Congreso, ya que llega con poco apoyo parlamentario en la Cámara Baja. Además, surge luego de que la misma entidad, en colaboración con el CSIC, publicara este jueves un informe que revela que el 61% del mercado del alquiler se encuentra en manos de multiarrendadores particulares y personas jurídicas, mientras que el pequeño casero con una sola vivienda en alquiler controla el 39% de las viviendas alquiladas.
El estudio constata además que los caseros o personas que perciben rentas por alquiler de vivienda habitual suponen un 4,9% de la población total frente al volumen de inquilinos, que constituyen el 20,8% de la población.