ERC tiene fama de partido volcánico e imprevisible, con el que la consumación de los acuerdos no puede darse por hecha hasta el último segundo. Bien lo sabe Salvador Illa, que tuvo que contener la respiración en agosto de 2024 hasta conocer el resultado de la consulta interna que la formación independentista realizó para validar su pacto de investidura con el PSC y que acabó siendo avalado únicamente por el 53,5% de los militantes que participaron en la votación.

No ha sufrido la misma tensión Illa para ver cómo salía adelante el acuerdo presupuestario alcanzado con los republicanos, pues la dirección que encabeza Oriol Junqueras nunca se planteó que sus bases tuvieran la última palabra para avalar o tumbar el pacto presupuestario rubricado ayer con el PSC, que solamente acabó siendo refrendado por la Ejecutiva del partido.

ERC convocó en la tarde del lunes un Consell Nacional extraordinario para «informar» a la militancia de los detalles del acuerdo de Presupuestos con los socialistas. Aunque es cierto que en este órgano -el más representativo entre congresos- no se realizan votaciones, fueron varios los dirigentes de la formación republicana que tomaron la palabra para exigir que se hiciera una excepción y se sometiera a votación el acuerdo con el Govern de Illa, según relatan a EL MUNDO fuentes presentes en la cita, que se alargó por espacio de más de tres horas.

Las mismas voces señalan que uno de los dirigentes que reclamó ese aval de la militancia al pacto presupuestario fue el histórico Joan Tardà, partidario del acuerdo con el PSC, pero también de que éste fuera ratificado por las bases del partido, en aras de una mayor democracia interna. La dirección se negó alegando que en los Consells Nacionals extraordinarios nunca se vota y tampoco abrió la puerta a celebrar una consulta interna como la celebrada para dar el beneplácito a la investidura de Illa a pesar de que, según las fuentes presentes, también hubo quien reclamó apostar por esa opción.

«Pedíamos votar el acuerdo porque, de hecho, ningún órgano del partido ha avalado formalmente este pacto, pero no nos dejaron», señala a este periódico otro de los dirigentes presentes en la reunión.

Otros mandatarios consultados refieren que en la campaña para las elecciones internas que llevaron a Junqueras a recuperar la presidencia del partido, tras dimitir por la debacle electoral de las elecciones autonómicas catalanas de mayo de 2024, el líder de ERC prometió «que la militancia podría decidir más». «Hasta el nombre de su candidatura era 'Militancia Decidimos'», subraya. «Ayer todo el país estaba pendiente del Consell Nacional, diciendo que se esperaba el aval de los republicanos, y es un aval que no se produjo en ningún lugar, porque en ningún lugar se votó», añade.

Fuentes de la dirección de ERC, defienden que, de las 30 intervenciones que se produjeron en el Consell Nacional, sólo cinco eran contrarias al pacto con los socialistas y admiten que, aunque «alguna gente dijo que el pacto [con el PSC] se tenía que votar, dijimos que nunca se había votado y que la Ejecutiva lo había aprobado». «Se superó el Consell Nacional con creces», alegan.

«Sencillamente, el lunes no se votó porque nunca se ha sometido a votación un acuerdo de este tipo y porque la militancia de Esquerra Republicana vota en los congresos y en las conferencias nacionales que se hacen aproximadamente cada uno de ellos cada cuatro años, es decir, se vota cada dos años», adujo en la misma línea ayer Junqueras.

Cesión del IRPF

Dirigentes que participaron en el cónclave subrayan, también, que fueron varias las voces que insistieron en que «no se entiende» que la dirección del partido haya aceptado retirar la transferencia de la gestión del IRPF de las exigencias para pactar las cuentas con los socialistas. «Se manifestó que no se comprende cómo se ha abandonado esto como línea roja», sostienen dichas voces, mientras recuerdan que fue uno de los puntos más destacados del pacto de investidura con Illa y que la no transferencia de la gestión del tributo fue lo que provocó que se bloquearan las cuentas del Govern en marzo.

ERC suprimió la exigencia del control del IRPF, pero no se olvida de ese objetivo, como evidencia que en el pacto presupuestario con el PSC se haya incluido una partida de 21 millones para la Agencia Tributaria de Cataluña «para afrontar en el futuro la recaudación del IRPF».

Los republicanos creen que en otoño llegará el turno para la tramitación, en el Congreso de los Diputados, de las iniciativas legislativas para que el nuevo modelo de financiación autonómica entre en vigor el próximo año. Y es aquí donde ERC quiere introducir las reformas necesarias para conseguir la cesión a Cataluña de la recaudación del 100% del IRPF generado en la región. Dos son las vías posibles. La primera pasaría por incorporarlo directamente en el redactado de la ley de financiación. En caso de que el PSOE no acceda a ello, el grupo que lidera Gabriel Rufián en la Cámara Baja lo haría a través de las enmiendas que presente.

«No renunciamos a nada», aseguró ayer Junqueras en su rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo presupuestario con Illa. «La coyuntura parlamentaria tiene altibajos», dijo el presidente de los republicanos, «con momentos más relajados o más tensionados». Eso sí, el partido independentista descarta ya hablar de plazos para esa hipotética transferencia, cuya ejecución admiten que necesitaría aproximadamente tres años.

La quita de la deuda de las comunidades con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) también vuelve a la palestra. ERC ve «buena predisposición» en el ministro de Hacienda, Arcadi España, para iniciar «de forma inmediata», previsiblemente a finales de mayo, la tramitación parlamentaria para la condonación acordada hace más de un año por el Gobierno y los republicanos, un compromiso que data del pacto para la investidura de Pedro Sánchez (noviembre de 2023).

El objetivo es que la quita pueda ser de aplicación en el ejercicio 2027. El Ministerio encabezado entonces por María Jesús Montero acordó con ERC el perdón de 83.250 millones de euros «para corregir el sobreendeudamiento al que se vieron abocadas las CCAA durante la crisis financiera», de los cuales 17.100 millones corresponden a Cataluña.

La cantidad acordada inicialmente por socialistas y republicanos fue 15.000 millones, pero, en una negociación posterior a la investidura, elevaron esa cifra hasta llegar al 22% de lo que debe la Generalitat. Cataluña acumula casi 90.000 millones de deuda con el Estado, de los que 75.000 corresponden a mecanismos de liquidez, principalmente el FLA.